Violencia estructural y juvenicidio.
Una radiografía de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en México

 

 

José de Jesús García Ramírez (*)

   Eduardo Federico Lozano Benítez (**)

 

 

Resumen

 

Partiendo del concepto de violencia estructural y sus elementos principales, se hace un análisis de la situación de vulnerabilidad y exclusión que padecen los jóvenes en México, tratando de hilar con la novedosa noción de juvenicidio, la cual da cuenta de la eliminación sistemática física y/o simbólica de este sector de la población. Se consideran las aportaciones de Galtung (1969, 1982, 2003), así como de Valenzuela (2012a, 2012b, 2014, 2015a, 2015b, 2018) en la búsqueda de una vinculación conceptual entre ambas categorías analíticas que permita, a partir del examen de los datos recientes, aportar al estudio de la relación causal entre la dinámica de las estructuras económica y social que emergen en el sistema capitalista neoliberal bajo la forma de desigualdad, de precariedad y de pobreza, y el fenómeno de la violencia de la que son víctimas los jóvenes en nuestro país.

 

Palabras clave: Violencia Estructural, Jóvenes, Juvenicidio, Vulnerabilidad, Precariedad.

 

 

 

Structural violence and juvenicide. A radiography of the situation of vulnerability of young people in Mexico

 

 

Abstract

 

Starting from the concept of structural violence and its main elements, an analysis of the situation of vulnerability and exclusion suffered by young people in Mexico is made, trying to connect with the novel notion of juvenicide, which accounts for the systematic physical and/or symbolic elimination of this sector of the population. The contributions of Galtung (1969, 1982, 2003), as well as Valenzuela (2012a, 2012b, 2014, 2015a, 2015b, 2018) are considered in the search for a conceptual link between both analytical categories that allows, from the examination of recent data, contribute to the study of the causal relationship between the dynamics of the economic and social structures that emerge in the neoliberal capitalist system in the form of inequality, precariousness and poverty, and the phenomenon of violence of which young people in our country are victims.

 

Key Words: Structural Violence, Youth, Juvenicide, Vulnerability, Precariousness.

 

Violencia estructural y juvenicidio.
Una radiografía de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en México

 

 

 

Introducción

 

Los problemas de la pobreza y la desigualdad se han agudizado en México y en la región con las políticas neoliberales. Una parte importante de la población de México ha visto mermadas sus condiciones de vida merced a las transformaciones en el ámbito del trabajo, el cual ha atravesado un proceso de precarización caracterizado por la flexibilidad del empleo, los bajos salarios y la pérdida de prestaciones sociales, así como por los cambios que ha sufrido el Estado, pasando de ser un ente público medianamente garante de los derechos sociales a uno que permitió y generó las condiciones para que se efectuaran estas mutaciones que afectaron el ámbito laboral.

Uno de los sectores de la población que más ha sido afectado por dicho proceso ha sido el de los jóvenes, a quienes se les ven negados muchos de los derechos que gozaron sus padres o las generaciones anteriores. De igual forma, se les imposibilita su futuro ya que las condiciones existentes no parecen poder cambiar en el corto y mediano plazo. 

Los procesos de exclusión, precariedad y de pobreza por la que atraviesan millones de jóvenes, hombres y mujeres, los exponen a condiciones de vulnerabilidad, es decir, a una realidad actual que se encuentra debajo de una realidad potencial, consumando así un estado de violencia estructural que, al establecerse en contextos donde fenómenos como el narcotráfico y el crimen organizado están presentes, está generando la muerte sistemática de una gran cantidad de jóvenes.

El presente artículo presenta una serie de datos estadísticos referentes a los últimos años, lo que tiene como objetivo principal mostrar y analizar las intersecciones existentes entre problemáticas como el desempleo, el empleo precario, la pobreza y el aumento de la violencia en los jóvenes. Para esto, se parte de la concepción de violencia estructural de Galtung como eje teórico para, finalmente, conjugar el análisis con la violencia directa, retomando el constructo teórico del juvenicidio creado por Valenzuela.

 

Violencia estructural. Una categoría analítica para el estudio de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes

 

Antes de iniciar con el análisis de los datos que permiten dar cuenta de la situación actual de los jóvenes en México, es necesario señalar qué se entiende por violencia estructural para, de esta manera, poder observar las condiciones de este sector poblacional. En este sentido, es preciso mencionar que el concepto de violencia estructural remite a aquellas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales propias de un Estado que condicionan las formas y trayectorias de vida de los sujetos.

Esta ha sido una de las aportaciones teóricas más importantes del sociólogo noruego Johan Galtung quien pretendió, a través de esta idea, romper el cerco de la violencia directa y su drama, y logra desviar la atención hacia la “estructura violenta”. A través de este constructo, se consideran una serie de hechos que, pese a ser silenciosos y estáticos (1969, p. 170), igualmente ocasionan daño a las personas pero que provienen de un autor no identificable o, para decirlo de otra manera, de una estructura que se presenta como esencialmente explotadora, represiva y alienadora (Galtung, 1982, p. 553), y “se muestra como poder desigual y, en consecuencia, como oportunidades de vida desiguales”:

 

los recursos están desigualmente distribuidos, como cuando la distribución de ingresos es muy sesgada, la alfabetización / educación distribuida de manera desigual, los servicios médicos existen en algunos distritos y solo para algunos grupos. Sobre todo, el poder de decidir sobre la distribución de recursos está repartido de manera desigual. La situación se agrava si las personas de bajos ingresos tienen también bajo nivel de educación, bajo nivel de salud, y poco poder, como frecuentemente es el caso porque estas dimensiones tienden a estar fuertemente correlacionadas debido a la forma en que están vinculadas en la estructura social (Galtung , 1969, p. 171).

 

Como puede advertirse, la idea de desigualdad tiene una importancia particular dentro de la teoría galtungiana de la violencia, no en vano su autor afirmó que por violencia estructural también se puede entender la injusticia social (1969: 171). Es a partir de esta distribución desigual de los recursos que se amplía la distancia entre lo potencial y lo real, lo cual significa que los individuos y/o colectivos son violentados, esto es, que son alejados de su realización:

 

el nivel potencial de realización es aquel posible con un nivel dado de conocimientos y recursos. Si los conocimientos y/o los recursos son monopolizados por un grupo o clase o se utilizan para otros propósitos, entonces el nivel real cae por debajo el nivel potencial, y la violencia está presente en el sistema (Galtung, 1969: 169)

 

Galtung parece remitirse a una desigualdad de poder para explicar la causa de la desigualdad en la distribución de recursos, fundamentalmente de ingresos o bienes y servicios, como son acceso a la educación o a la salud. Esto le hará replantearse las cosas y si en un primer momento observa que la violencia estructural se puede equiparar con la injusticia social, años después afirmará que esta encuentra su origen en la explotación:

 

la estructura violenta típica, en mi opinión, tiene la explotación como pieza central. Esto significa simplemente que algunos, los de arriba, obtienen de la interacción en la estructura mucho más (medido aquí en moneda de necesidades) que otros, los de abajo… Hay intercambio desigual: un eufemismo. Los de abajo pueden estar de hecho en tal desventaja que mueren (de hambre, desgastados por las enfermedades) … O pueden quedar en un estado permanente, no deseado, de miseria, que suele incluir malnutrición y enfermedades (Galtung, 1989: 11).

 

Galtung distinguió formas a través de las cuales se expresa la violencia estructural, mismas que constituyen “afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (1990, p. 9). Estas formas o, para decirlo mejor, dimensiones fueron caracterizadas y desarrolladas a manera de tipología(s) a lo largo de su obra (Lozano y Recéndez, 2022, p. 9).

Basta señalar, por ahora, que entre las dimensiones que se distinguen por Galtung están la pobreza, o privación de las necesidades materiales básicas; la represión, o privación de los derechos humanos; y la alienación, o privación de necesidades “superiores” (1969, p. 183; 1982, p. 553; 2003, p. 10).

En este trabajo se toman únicamente las dimensiones socioeconómicas para realizar así un análisis de la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en México. Para la operacionalización de la violencia estructural en este sector poblacional, se observa el comportamiento de las dimensiones desigualdad en la distribución del ingreso y pobreza multidimensional en dicho grupo etario, a partir de los datos y/o información estadística nacionales publicados por organismos oficiales, y en análisis realizados de forma independiente, los cuales, si bien no dejan ver al agresor directo –el sistema capitalista neoliberal- destacan en el reconocimiento de las víctimas –la inmensa mayoría de la población-. De esta manera queda manifiesta la existencia de la violencia estructural como un fenómeno invisible.

Los datos estadísticos se trabajan sin una previa manipulación de variables y se ha recurrido a la observación de los mencionados fenómenos cuyos resultados muestran que el grueso de la población ha incrementado su vulnerabilidad, particularmente los jóvenes.

Se utiliza el método explicativo para develar la existencia de una relación entre la desigualdad y la pobreza, en tanto fenómenos socioeconómicos, con otras problemáticas sociales. De esta manera se trabaja en resultados estadísticos de su medición (relación concepto-medida), pero no se argumenta sobre la certeza de sus resultados.

 

Violencia Estructural y Jóvenes: principales hallazgos para el caso de México

 

Es necesario precisar que el presente trabajo concibe la juventud como una condición etaria, que se suscribe a lo que delimita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000), esto es que el carácter de joven se les atribuye a aquellos sujetos que están en el rango de edad de los 15 a 29 años. Aunque para el análisis de algunas variables, el rango puede variar debido a la naturaleza de las fuentes estadísticas.

Esta limitación conceptual, estrictamente etaria, se debe a una cuestión metodológica que permite observar las condiciones de este sector poblacional a través de las diferentes dimensiones e indicadores que tienen que ver con la violencia estructural. Se sobreentiende pues, como señalan autores como Álvarez (2016), Margulis (2001), Martin (2000), Paz, Suárez y Campos (2016) que las concepciones referentes a la juventud no se limitan a aspectos biológicos y psicológicos, sino que también se trata de una construcción social que nace en el seno de las sociedades capitalistas, y que sus manifestaciones son dinámicas y cambiantes, y dependen del contexto y las relaciones sociales en las que se presentan.

De acuerdo con Feixa (1998), la categoría de juventud tiene dos vertientes principales: como condición social y como imagen cultural. En el primer caso se trata de los roles y status sociales en la comunidad; mientras que el segundo, se refiere a la representaciones, rituales y valores que se les otorgan a los jóvenes. Por lo que no se desconoce que los jóvenes son un sector homogéneo en el que se agrupan una diversidad de sujetos o individuos con distintas formas de ser y de pensar, que además está imbricado por categorías como clase, sexo, etnia, género, etcétera. Cuando se analizan datos que dan cuenta de la generalidad es a sabiendas de que existen diferencias entre los jóvenes.

Aclarado este punto, se puede resumir que durante las últimas dos décadas este sector en México ha representado una proporción importante de la población, ya que ha aglutinado a cerca de una cuarta parte de la misma. Al tomar como referencia al Censo Nacional de Población y Vivienda (INEGI, 2020) se presentó el dato de que en el país habitaban más de 31.2 millones de mujeres y hombres jóvenes, cifra que representaba el 24.8% del total de la población en el país.

En la tabla 1, referente a la distribución por sexo de este sector de la población, se advierte que sigue la tendencia de la dinámica poblacional en general, en la que se muestra un ligero porcentaje mayor de mujeres que de hombres.

 

Tabla 1 Distribución de la población joven por sexo
		Mujeres		Hombres		Total
		Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos
Total		15.732.348	50.4%	15.489.438	49.6%	31.221.786	100.0%
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020).

 

Con respecto al lugar de procedencia de los jóvenes, de acuerdo con este censo (INEGI, 2020), la mayor parte de los jóvenes en México (78%) vive dentro de un contexto urbano, lo cual tiene particulares implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales en la forma de vivir la ciudadanía, debido a que es un espacio donde se presenta una mayor dinámica en dichos ámbitos. Por otro lado, la presencia de jóvenes en el ámbito rural representa una menor proporción (22%), lo que implica que hay una gran diversidad de experiencias de vivir su ciudadanía y también las formas en que la violencia estructural repercute en el día a día.

En lo que refiere al desglose de actividades económicas en que se insertan los jóvenes, se puede decir que del universo total de jóvenes, poco más de 15 millones (50.6%), forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que otros 15 millones (49.4%) no están activos. El sector de la economía donde mayormente suelen insertarse es el sector terciario (62.3%), al que le siguen las actividades de tipo secundarias (el 21.8%), quedando una pequeña proporción (el 9.2%) dentro del sector primario (INEGI, 2021).

El acceso a un trabajo es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo vital de las personas, sin embargo, para el caso de los jóvenes en México esto se convierte en una situación que revela la existencia de una problemática y, sobre todo, una condición estructural de desigualdad.

De acuerdo con Cortés (2010, p.62), la desigualdad propiamente económica, se puede observar a través de la distribución del ingreso generado en una sociedad; y lo más indicado es partir de los datos disponibles sobre la renta nacional o producto interno bruto (PIB), así como la participación de la población de dicha renta.

Sin embargo, para abordar el caso de los jóvenes en particular, es necesario profundizar en el ámbito de los derechos sociales y, en especial, abordar las condiciones relacionadas al ámbito laboral. Así, la desocupación y el desempleo, las bajas remuneraciones, las nulas prestaciones laborales y la falta acceso a la seguridad social, entre otras, se vuelven fundamentales para visibilizar tal condición de desigualdad.

En este sentido, la Figura 1 muestra que, durante los últimos diez años, este sector de la población ha tenido niveles superiores de desocupación con respecto a la población de 30 años o más, lo que resulta relevante para entender las dificultades que se presentan en la juventud de México, pues el porcentaje de desocupados jóvenes ha oscilado entre el 6% y el 8.5%, contra el 3% del grupo etario que le sigue.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

 

Asimismo, más de la mitad de las personas desocupadas son jóvenes, como puede observarse en la Figura 2, que muestra que, para el año 2021, los desocupados juveniles representaban el 56% con respecto al total de la PEA, mientras que los porcentajes de jóvenes dentro de la población económicamente activa, durante este periodo, nunca fueron mayores a los 33 puntos porcentuales. Esto permite afirmar que el desempleo en México golpea más fuerte a los jóvenes.

Para los jóvenes, las consecuencias de una situación de desempleo no solo involucran un estado de marginación del sistema económico, sino una exclusión social, que es más compleja ya que repercute en las relaciones sociales y en su desarrollo vital (De la Hoz, Quejada y Yañez, 2012). Asimismo, la expulsión temprana y prolongada del mercado laboral, afecta también en lo subjetivo, ya que los sujetos pueden tomar la decisión de mantenerse al margen de forma indefinida del campo laboral lo cual, a su vez, genera una mayor precarización de sus vidas y retardando la independencia económica.

 

Fuente: elaboración Propia con datos del INEGI.

 

Además del desempleo, la calidad del trabajo es otro de los factores que repercuten en la calidad de vida de los sujetos jóvenes (y de la población en general); sin duda, el elemento más importante en un empleo son las remuneraciones. En este rubro, también es posible ver que, en los últimos diez años, los jóvenes tienden a obtener menores remuneraciones por su trabajo, mientras que una gran cantidad de ellos trabaja sin obtener una remuneración: durante la última década, de entre los trabajadores que no reciben un pago por su trabajo, los jóvenes han tenido valores cercanos al 40%.

De aquellos jóvenes que sí reciben una remuneración por sus labores, una gran cantidad solo obtuvo menos de dos salarios mínimos, esto es menos de $283 pesos mexicanos (menos de 14 dólares americanos), llegando a ganar incluso el mínimo diario, ^[1] por lo que se dificulta vivir de forma digna. La Figura 3 muestra que estos niveles por sí solos colocan a este sector en una condición de desigualdad ya que, en comparación con los trabajadores mayores de 29 años, se aprecia que los juveniles están en peores condiciones y, sobre todo, que cada año que pasa se acentúa esta desigualdad. Para el año 2021, momento en que se presenta el máximo nivel, el 73.4% de los jóvenes estaba por debajo de los dos salarios mínimos, mientras que el porcentaje de los de mayor edad era de un 60.7%.

 

      Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

 

En relación con la desigualdad económica -generada entre otros factores por el desempleo y el empleo precario- se encuentra la pobreza, categoría fundamental que permite revelar la existencia de un contexto de violencia estructural. Distintos autores coinciden en que la desigualdad tiene efectos en la vida de la población, particularmente en lo que se refiere al acceso de ciertos bienes y servicios básicos. Al respecto, Fernando Cortés ha señalado que:

 

la incidencia de la pobreza depende del tamaño del pastel (PIB) y de la manera como se reparte (desigualdad). La evolución de la pobreza depende de la resultante de las variaciones en el producto (aumentos o reducciones) y de los cambios (a favor o en contra de los pobres) en la distribución del ingreso (Fernando Cortés, 2010, p. 81).

 

Por su parte, Ramón Lozano afirma que

 

el lento crecimiento de la economía total y de las actividades generadoras de riqueza en lo particular, y por lo tanto la débil e insuficiente generación de empleos que también han limitado el incremento de la masa salarial, ha acumulado una serie de rezagos en la satisfacción de las necesidades sociales, incluso más elementales, configurando un cuadro de pobreza y de miseria a lo largo y ancho del país, como colofón de un estilo o patrón de crecimiento económico (Ramón Lozano, 2020, p. 17).

 

Aquí se toma como referencia la pobreza multidimensional ya que parece más adecuada para medir el grado de pobreza existente entre la población, ya que agrupa a la pobreza alimentaria, la pobreza de patrimonio y la pobreza de capacidades (Cortés, 2010, p. 77) y a los siguientes indicadores: Ingreso, Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación, Grado de cohesión social (CONEVAL, 2018).

Con el fin de complementar estos datos, de acuerdo con la medición y catalogación de estratos sociales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el 2021, había poco más de 6 millones de jóvenes vivían en el nivel bajo, mientras que el nivel medio-bajo estaba conformado por más de 16 millones, cantidad que aglutinaba a más de la mitad del total de este sector poblacional: unos 22 millones de jóvenes se ubicaban en los estratos socioeconómicos más pauperizados (71%). Por su parte, los estratos socioeconómicos medio-alto y alto estaban integrados por 6 y 2.8 millones, respectivamente. Estos números se encontraban también en correspondencia con la situación general del país.

En lo que respecta a la pobreza multidimensional, CONEVAL realizó una serie de mediciones de la pobreza del año 2012 al 2020.^[2] En la Figura 4 se indica que el valor más bajo fue de 42.9% en situación de pobreza, en el 2018, y el más alto de 47.1%, para el año del 2014; mientras que para el último año de la medición, 2020, los valores rondaron el 46%. En todos los casos, sin embargo, han significado más de 16 millones de jóvenes pobres, de los cuales cerca de 3 millones en situación de pobreza extrema.

 

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL (2020)

 

El hecho de que cerca de la mitad de la población joven viva en condiciones de pobreza representa, por sí solo, un problema grave. Ahora, si bien no hay grandes diferencias con el resto de la población, los jóvenes tienden a presentar niveles más altos de pobreza, lo que indica la situación de vulnerabilidad para este sector en México, y la situación de desigualdad y de exclusión en la que viven.

Con el fin de ahondar en el tema de la pobreza, la Figura 5 muestra los porcentajes de jóvenes en relación con las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos, contenida dentro de la multidimensional, en la cual se puede apreciar que el rango de jóvenes que presentan remuneraciones paupérrimas en este periodo se ha mantenido por encima del 62%, alcanzando el 71.1% en 2020, lo que significa que alrededor de dos terceras partes de la población joven padece de pobreza por ingresos. Más aún, sobresale el hecho de que alrededor de una quinta parte de los jóvenes se sitúan dentro de la pobreza extrema por ingresos.^[3]

 

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL (2020).

 

Otros datos que resultan relevantes y que dan cuenta de la situación de los jóvenes tienen que ver con las carencias sociales, ya que la presencia de estas implica dificultades para acceder a derechos básicos, lo que los sitúa por debajo de su realidad potencial o, en otras palabras, para llevar una vida plena. De acuerdo con la Tabla 2, si bien en algunos indicadores se presenta un proceso de mejoramiento en el acceso a determinados bienes y servicios y, por tanto, de las condiciones de vida de los jóvenes, aún hay grandes porcentajes de la población joven que tiene carencias.

Tabla 2 Porcentajes de población joven por tipo de carencia social
	2012	2014	2016	2018	2020
Rezago educativo	15.3%	13.8%	16.3%	18.4%	20.0%
Carencia por acceso a los servicios de salud	25.6%	22.5%	19.0%	19.6%	32.1%
Carencia por acceso a la seguridad social	68.4%	67.3%	59.3%	58.6%	59.3%
Carencia por calidad y espacios de la vivienda	14.7%	13.8%	13.1%	12.0%	10.5%
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	21.5%	22.2%	19.8%	19.7%	18.4%
Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	24.1%	24.6%	22.4%	22.6%	23.3%

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL (2018)

 

Entre las carencias sociales registradas por CONEVAL destacan el rezago educativo, que mide el porcentaje de la población de 15 años o más que no concluyeron su educación básica obligatoria (primaria, secundaria y media-superior) y que, para el año 2020, estaba presente en una quinta parte de los jóvenes. En este sentido, resulta ilustrativo que el 14.2% de los jóvenes tienen la educación primaria como máximo nivel de estudios; el 41.9% tiene la secundaria terminada, mientras que el resto (solo 4 de cada 10) tienen estudios de educación media-superior y superior, lo que da cuenta del rezago educativo. Esto va de la mano con las cifras del INEGI, que señalan que en el 2021 solo el 61.6% de los jóvenes (19.2 millones) asistía a la escuela. De estos, aquellos de 15 a 24 años -rango que comprendería hasta los estudios superiores-, el 48.5% no está matriculado.

Si bien es cierto que, en términos de promedio de años de estudio, los jóvenes de ahora tienen un mayor tiempo de formación que en el pasado,^[4] esto no necesariamente se traduce en el mejoramiento de sus condiciones de vida: quienes tienen mayores estudios, por ejemplo, también suelen enfrentarse a una realidad de difícil acceso a un trabajo acorde a su profesión y a sus expectativas de remuneración. Así lo evidencian los datos de desocupación de INEGI (2021), según los cuales, del universo total de desocupados en 2021, el 50% pertenecen al grupo con estudios de educación media superior y superior concluidos, el 33% a quienes concluyeron su educación secundaria, mientras que sólo un 11% a quienes terminaron la educación primaria.

Siguiendo con las carencias sociales, la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, ambos relacionados con el acceso al empleo formal, ya sea propio o de la familia, afectaba a un 59.3% y un 32.1% de la población joven, respectivamente. En el mismo sentido, de acuerdo con INEGI (2021), la tasa de informalidad de jóvenes -hasta los 24 años- alcanzaba un 67.4%, mientras que la de los mayores de 25 años era de 53.0%.

Con respecto al acceso a los servicios de salud, para el 2021 (INEGI) casi una tercera parte de los jóvenes carecían de este derecho fundamental para llevar a cabo el desarrollo vital. Por su parte, la seguridad social es uno de los derechos que más ha ido menguando con los años, pues casi dos terceras partes de los jóvenes no tienen acceso a la seguridad social, lo que significa que no solo durante la juventud se sufra de este problema, sino que pone en riesgo el futuro, situación que parece condenar a generaciones enteras de jóvenes.

El acceso a una vivienda digna es otro de los derechos sociales relacionados al ámbito de la economía formal; sin embargo, ante una realidad de exclusión, en donde la pobreza y los empleos precarios están presentes, se ha vuelto una condición muy difícil de alcanzar para una gran cantidad de personas en México ya que cerca de 14 millones de hogares -esto es el 45% del total- no gozan del derecho a la vivienda digna (INEGI, 2020).

De acuerdo con CONEVAL (2018) el 13.2% de los jóvenes presentaban carencia por calidad y espacios de la vivienda, y el 19.9%, de acceso a los servicios básicos en la vivienda. Así, hasta hace cinco años, para los más de 9.3 millones jóvenes que ya formaban una familia propia, ya sea porque vivían con su pareja y/o tenían hijos, el obtener una casa nueva resultaba casi imposible pues, al ser necesarios más de cinco salarios mínimos de entonces o un ingreso mensual mínimo por hogar de $10.950 pesos -unos 575 dólares, al tipo de cambio de entonces equivalente a 19 pesos por 1 dólar americano-, para el acceso a créditos hipotecarios, solo el 2.6% podía adquirir una vivienda nueva (CONEVAL, 2018a).

En lo que se refiere a la renta de una vivienda, esta también resultaba difícil ya que su costo oscilaba entre el 40% y el 50% de la remuneración mensual considerando el ingreso promedio de la mayoría de los hogares jóvenes, es decir entre $863 y $1.331 pesos mensuales -esto es entre 45 y 70 dólares americanos, al tipo de cambio de entonces-, sin contar el gasto en servicios (CONEVAL, 2018a).

 

Juvenicidio: la imbricación de la violencia estructural y la violencia directa

 

Una de las manifestaciones más dramáticas -si no es que la mayor- de lo que se ha venido señalando es la del juvenicidio, que consiste en la muerte sistemática de jóvenes, en un ejercicio cotidiano y constante de eliminación y desaparición de quienes conforman este sector de la población.

Autores como Valenzuela (2015) y Reguillo (2015), que en los últimos años han estudiado la violencia juvenil en México, y en cuyos análisis opera una perspectiva que refuerza una concepción sobre los jóvenes como víctimas, señalan que este fenómeno se encuentra en relación directa con la pobreza, el desempleo, la marginación y la corrupción, ya que inicia con la precarización estructural de la vida de los jóvenes.

Valenzuela (2015) señala que la violencia que viven los jóvenes tiene relación con la existencia de lo que él denomina la banalización del mal, la cual se materializa a través de políticas de hambre y represión que mantienen los gobernantes en contra de los pueblos: los ciudadanos sufren una violencia constante desplegada por empresarios, militares, policías y el narcotráfico. En este sentido, Reguillo (2015) menciona que gran parte de la juventud mexicana ha sido víctima del llamado necropoder, es decir, la capacidad de determinar si alguien muere o no; para ella, consiste en un dominio existencial en el que el poder se asienta y la muerte se materializa en sus actos más cotidianos.

Autores como Trecker, Ballesté y Feixa (2018) señalan que, junto con la muerte sistemática de jóvenes, se pueden suscitar otros tres tipos de juvenicidio: el económico, el simbólico y el moral. El primero consiste “en una situación de precariedad material y de expulsión del mercado de trabajo de las personas jóvenes” (p. 453); el segundo se refiere a un “proceso de estigmatización de la juventud, la cual deja de ser una prioridad para la sociedad y pasa a ser una categoría prescindible” (p. 453); y el tercero resulta de la fusión de las dos anteriores, y genera tanto subjetividades individuales precarizadas y vulneradas como el cuestionamiento de las conciencias de generaciones completas.

Sobre la esfera simbólica, que consiste en la estigmatización o discriminación, hay muy pocas fuentes que ofrezcan datos medibles sobre las diferentes aristas de este fenómeno en México. El análisis de esta variable (discriminación) requiere de una combinación de instrumentos y metodologías que ahonden en los grados, formas y efectos sobre los jóvenes. Sin embargo, de forma sumaria, es posible mencionar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación del INEGI, el 41.7% de los jóvenes percibe que no se respetan sus derechos, el 31.9% refieren haber sido discriminadas en alguna ocasión por lo menos durante los últimos cinco años, mientras que el 60.3% de los mexicanos consideran que los jóvenes no son responsables (Conapred, 2018).

En este sentido, Valenzuela (2015) agrega que el juvenicidio se ve acompañado y potenciado por la generación de identidades estigmatizadas o desacreditadas, ya que estos fenómenos se vuelven elementos que participan en la construcción y la aceptación social de la muerte sistemática de jóvenes, y afirma que dicho término obedece a ordenamientos de clase, no sólo como condición económica sino como categoría socio histórica, y los procesos de estructuración social se han configurado desde simbolizaciones clasistas, étnicas y racistas.

En relación con esto, Castro y Moreno (2020) llaman “desciudadanización” al resultado de las condiciones estructurales en aquellos contextos en los cuales se producen discursos e imaginarios donde los sujetos, que cumplen con ciertas características, son culpables de la violencia y la delincuencia y, por tanto, se vuelven sujetos descartables.

Ante estas afirmaciones es posible afirmar que el juvenicidio, dentro de los contextos latinoamericanos, resulta una imbricación de la violencia estructural y la violencia directa, en términos “galtungianos”: la muerte sistemática de jóvenes representa la máxima limitación de las potencialidades de los sujetos. Además, se deben considerar los fenómenos que acompañan al juvenicidio, los cuales diversifican y potencializan las dificultades para los jóvenes de llevar una vida plena: discriminación, falta de derechos y contextos violentos y de criminalidad.

En lo que respecta al fenómeno de la muerte violenta y sistemática de los jóvenes, es preciso mencionar que, de los más de 273.531 homicidios registrados en el país en el periodo correspondiente del año 2012 al año 2021, el 36.7% (87.499 casos) de las víctimas correspondía a personas jóvenes. La Figura 6, muestra como 2012 presentó el porcentaje más alto de muertes de jóvenes por homicidio con un 38.8% de los casos, contabilizando más de 10 mil víctimas; sin embargo, 2018 fue el año que más víctimas presentó en términos absolutos, con 13.607, representando un 37.2% del total de ese año (INEGI, 2019).

En cuanto a las agresiones mortales, las correspondientes a este grupo etario son mayores que en los restantes grupos, situación que pone de manifiesto que el contexto de violencia e inseguridad que existe en el país produce enormes estragos en este grupo poblacional.

De igual forma, si se analiza la composición de las estadísticas juveniles con base en el sexo, durante este periodo (2012-2021), se observa una sobrerrepresentación del sexo masculino, ya que el 89.1% de los asesinatos tuvieron como víctimas a hombres; mientras que solo el 10.9% correspondió a mujeres asesinadas. En ambos casos, ha ido en ascenso el número de víctimas de estos crímenes en los últimos años, siendo el sexo femenino el que más ha aumentado en términos porcentuales (INEGI, 2019).

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2019)

 

Por otro lado, en el aspecto de la criminalidad, que sirve como referente de las situaciones de violencia que viven los jóvenes, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (INEGI, 2019), sobre los delitos en los que se identificó la edad de los inculpados o imputados el 38.4% de los casos se trató de jóvenes que contaban con edades en el rango de 18 a 29 años. Estos datos se complementan con los referentes a la justicia para adolescentes que, de acuerdo con el mismo censo, muestra que más de 21 mil adolescentes de entre 15 y 18 años fueron imputados por algún crimen.

No se puede dejar pasar el hecho de que una buena parte de las agresiones ocasionadas por la violencia contra las mujeres, se concentraron en víctimas de entre 15 y 29 años: para el año 2018, el 37.8% de los casos de feminicidios fueron mujeres jóvenes; el número de víctimas de delitos de tipo sexual (abuso sexual, violación simple, violación equiparada u otro tipo de violación) representaron el 44.5%, mientras que en los casos de violencia de género, este sector contabilizó el 80.6 % del total (INEGI, 2019). Ante estos datos, es posible mencionar que las mujeres jóvenes conviven con la posibilidad de ser violentadas más que otros grupos etarios de su sexo.

Lo expuesto hasta aquí muestra que los jóvenes son el sector etario más vulnerable ante la violencia, en sus formas más extremas, ya sea como víctimas o victimarios, y la tendencia es que estos fenómenos continuarán por un tiempo prolongado.

 

Conclusiones

 

Violencia estructural y juvenicidio son dos categorías analíticas que permiten aprehender y comprender esa parte de la realidad de nuestro país: a saber, la situación de vulnerabilidad de los jóvenes en México, que se inserta en las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que emergen en el sistema capitalista neoliberal, y han generado un estado de violencia cotidiana como un componente estructural.

En la actualidad, millones de jóvenes están condenados a vivir en situación de vulnerabilidad y exclusión, caracterizada por la precariedad y la pobreza. Este grupo etario, durante los últimos años ha presentado los niveles más altos en indicadores socioeconómicos tales como desocupación, presencia en la economía informal, y por tanto en el trabajo precario -con bajos salarios, sin prestaciones laborales ni seguridad social-, malas condiciones en su vivienda y la falta de acceso a servicios y bienes básicos.

Aspectos como la estabilidad laboral, remuneraciones dignas o la seguridad social se han convertido en una especie de sueños inalcanzables o añoranzas del pasado, mientras que una serie de actividades o estrategias de supervivencia, lejanas al empleo seguro y digno, se despliegan en su horizonte y les permiten ir sorteando su día a día.

Del por qué en este sector de la población se acentúan problemáticas como la pobreza y la violencia, Figueroa (2014) menciona que, debido a la baja capacidad de acumulación capitalista en el país, existe poca oferta de empleo que pueda absorber la fuerza de trabajo, por lo que se crea una población absoluta que excede a las necesidades del capital en funcionamiento y para la expansión de la producción, generando mayores niveles de desempleo, de empleo informal y emigración hacia el polo desarrollado.

Estos elementos que obedecen a la lógica de la estructura social del país se han entrelazado, desde los albores del presente siglo, con el exponencial crecimiento de las actividades económicas ilícitas que históricamente han existido en México como lo son el narcotráfico y el crimen organizado. Ante una realidad de desigualdad, amplios sectores de la población se encuentran en la búsqueda de actividades alternativas para subsistir, en ocasiones por fuera de la legalidad, lo que ha desembocado en la presencia de una gran cantidad de jóvenes en las filas de la delincuencia organizada^[5] y son, a su vez, quienes desgraciadamente engrosan las cifras de muertes que se vinculan a estas actividades (INEGI, 2019).

En el caso concreto de los jóvenes mexicanos, los niveles de violencia estructural y de violencia directa son tan altos que resultó imperativo realizar una conceptualización que permitiera entender, de mejor manera, las problemáticas que vive este sector poblacional. La categoría de juvenicidio permite observar esa realidad de violencia que padece buena parte de la juventud mexicana.

Se debe aclarar que las condiciones estructurales no son determinantes de la irrupción de la violencia directa, es decir, no la generan de manera mecánica, sino que es un fenómeno que puede o no acompañar la violencia estructural. Valenzuela menciona que el juvenicidio se potencializa en aquellos contextos que incluyen entre otras cosas: empleos precarios, informalidad, pobreza, desigualdad social, falta de vivienda de calidad, nula movilidad social, entre otras limitaciones y restricciones, corrupción, impunidad, migración forzada, entre otras situaciones (Valenzuela, 2018, p. 58).

Se trata de contextos en donde los jóvenes viven una ciudadanía precaria (Durand Ponte, 2010; De la Fuente, 2014) que refleja la imposibilidad de ejercer los derechos inherentes a la calidad del ciudadano, y que formalmente se tienen (sociales, políticos y civiles), situación que se debe principalmente a las desigualdades materiales. La materialización de la violencia que viven los jóvenes forma parte de los procesos de exclusión que viven los ciudadanos, pues mediante la negación y eliminación de derechos se instaura lo que Balibar (2012) llama exclusiones al interior, consistentes en el no ejercicio de los derechos, y que en los casos más extremos derivan en la supresión de la vida.

Así, las dinámicas estructurales convierten a los jóvenes en sujetos descartables, ya que están expuestos permanentemente a su eliminación de una forma u otra, es decir, crímenes perpetrados por los ciudadanos mismos, o por parte de los aparatos represivos -policías, militares, paramilitares, etcétera- (Balibar, 2012). Ya que la violencia no se limita a aquella de tipo indirecta (estructural), sino que se entrelaza con una de tipo directo, instrumentalizada en beneficio de intereses políticos y económicos, a través de todos los mecanismos institucionales -policiales, jurídicos e ideológicos- a su alcance.

Ante una estructura económica que históricamente no ha podido garantizar el bienestar económico y social de la población, y frente al crecimiento exponencial de la violencia y el narcotráfico en México, la situación de los jóvenes viene a ser un problema que urge la implementación de políticas que aminoren las problemáticas expuestas en este trabajo. 

Si bien el actual gobierno de México, emanado de un movimiento de izquierdas, ha implementado una serie de acciones enfocadas en los jóvenes -particularmente para los llamados de manera despectiva “ninis” (no estudian y no trabajan)-, tendientes a revertir tal situación de vulnerabilidad, no obstante, no se han logrado disminuir de manera considerable los índices de desigualdad, de pobreza y de violencia que padece este sector poblacional, como se puede advertir en lo expuesto hasta aquí.

Finalmente, es importante señalar que los jóvenes no son un grupo homogéneo, sino que hay una imbricación de clase, sexo, género, etnia, contextos geográficos y muchas características más, que diferencian las formas de vida. Sin embargo, por cuestiones prácticas, en el presente trabajo se analizó en su generalidad, tomando como referencia la edad, para hacer notar que cuando se es joven hay mayores posibilidades de sufrir pobreza, empleos precarios, vivir en la informalidad y, sobre todo, estar inmerso en cuestiones de violencia.

 

Bibliografía

 

Álvarez, L. (2016). “Jóvenes y ciudadanía en la ciudad de México” en Carrión, F. y Erazo, Jaime. El derecho a la ciudad en América Latina: Visiones desde la Política. (281 −314). México. Universidad Nacional Autónoma de México.

Balibar, E. (2012) Ciudadanía. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Castro, M. y Moreno, H. (2020). “Jóvenes mexicanos: violencias estructurales y criminalización” en Revista de Estudios Sociales, (73), 44-57. https://doi.org/10.7440/res73.2020.04

CONEVAL, (2018), 10 años de medición de pobreza en México. México.

CONEVAL, (2018a) Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, México.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [Conapred], (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017: Prontuario de resultados.

Cortés, F. (2010). “Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento económico, 1992-2006” en Los grandes problemas de México, vol. 5 (Desigualdad social). México: Colmex.

De la Fuente, H. (2013). Los confines del capitalismo democrático. Subdesarrollo, excedentes de población y ciudadanía precaria en el México del siglo XXI. México: Taberna Libraría Editores.

De La Hoz, F. J.; Quejada, R.; Yánez, M. (2012) “El desempleo juvenil: problema de efectos perpetuos” en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), enero-junio, pp. 427-439. Colombia revisado en https://www.redalyc.org/pdf/773/77323982026.pdf

Durand V. M. (2010) Desigualdad social y ciudadanía precaria: ¿Estado de excepción permanente? México: Siglo XXI: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.

Feixa, C. (1998). De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona: Ariel.

Figueroa, V. (2014). “Colonialismo industrial en América Latina. La tercera etapa” en Itaca.

Galtung, J. (1969). 2Violence, Peace and Peace Research” en Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.

Galtung, J. (1982). “Tipologías de la violencia (contribución específica de la Irenología al estudio de las causas de la violencia)” en Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (1), 531-569.

Galtung, J.  (1990). “Cultural Violence” en Journal of Peace Research, 27(3), 291-305.

Galtung, J. (2003). Violencia cultural. España: Gerkina Gogoratuz.

INEGI (2000). Los jóvenes en México, México.

INEGI (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). México https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

INEGI (2019). Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, México.

INEGI (2020). Censo de Población y de Vivienda 2020, México.

INEGI (2021) Encuesta Nacional de Ocupación y Empelo. INEGI, México.

INEGI  (2021a) COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 398/21, México.

Lozano, E. y Recéndez C. (2022). “Un análisis de la violencia estructural en México desde la tipología galtungiana” en El Cotidiano, XXXVII (231), México: UAM.

Lozano, R. (2017). Economía, desempleo y pobreza. México 2005-2017. Zacatecas: UAZ.

Margulis, M. (2001). “Juventud: una aproximación conceptual” en S. Donas (Ed.), Adolescencia y juventud en América Latina (pp. 41–56). Libro Universitario Regional.

Martín, M. (2003). Construcciones conceptuales en torno a la juventud. Buenos Aires: Ethos (Ed.).

Paz, Y., Suárez, M., & Campos, G (2016). “El papel del trabajo en la construcción del sujeto joven” en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14(2), pp.1303-1311.

Reguillo, R. (2015). “La turbulencia en el paisaje: de jóvenes necropolítica y 43 esperanzas” en M. Valenzuela, (Coord.), Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España (Ciudad de México: NED Ediciones/ITESO/El Colef, 2015), 59 −77.

Strecker, T., Ballesteé, E. y Feixa, C. (2018). “El juvenicidio moral en España: antecedentes del concepto, causas y efectos” en: Cabasés, M. A.; Pardell, A. y Feixa, C. (eds.). Jóvenes, trabajo y futuro. Valencia: Tirant lo Blanch.

Valenzuela, J. M. (2012a). Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social. México: El Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Nuevo León.

Valenzuela, J. M. (2012b). Tijuanas invisibles: de sueños, miedos y deseos. México: El Colegio de la Frontera Norte.

Valenzuela, J. M. (2014). Tropeles juveniles. Culturas e identidades (trans)fronterizas. México: El Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Nuevo León.

Valenzuela, J. M. (2015a). El sistema es antinosotros, movimientos y resistencias juveniles. México: El Colegio de la Frontera Norte-Gedisa-UAM.

Valenzuela, J. M. (2015b). Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. México: Ned Ediciones-El Colegio de la Frontera Norte-I.

Valenzuela, J. M. (2018) Trazos de sangre y fuego: bionecropolítica y juvenicidio en América Latina, Universidad de Guadalajara, CALAS, México.

 

 

 

 

Recepción: 15/03/2022

Evaluado: 14/05/2023

Versión Final: 22/06/2023