Tensiones, querellas y desplazamientos en el socialismo reformista de la transición. La Ciudad Futura y las confluencias difíciles

 

Juan Manuel Nuñez (*)

 

 

Resumen

 

El artículo analiza las dificultades que tuvieron algunos núcleos intelectuales de izquierda exiliados para construir una publicación conjunta en la transición democrática argentina. Con espacios formativos y recorridos políticos diversos, en la apertura apostaron por renovar los lenguajes y prácticas de las izquierdas, al mismo tiempo que visibilizan en el proyecto de Alfonsín la posibilidad de fundar una nueva república. El camino pedregoso que recorrieron para poner en marcha una empresa común y erigir un consejo de redacción que tramite sus disputas, se explica no solo por la participación de personalidades fuertes y ya consagradas. Bastante tiempo después del proyectado, cuando la empresa común se puso en marcha, el impulso participativo y las esperanzas reparatorias que habían llevado al poder a Alfonsín se habían diluido. Los debates en torno de qué grados de cercanía debían tener con ese proyecto, primero, y las querellas en torno de sus “Leyes del Perdón”, después, llevarán a la desarticulación del primer staff editorial de la revista La Ciudad Futura.

 

Palabras clave: Democracia; Intelectuales; Socialismo; Transición; Izquierda.

 

Tension, quarrels and dislocations in the reformist socialism of transition. La Ciudad Futura and the difficult confluences

 

 

Abstract

 

The article analyzes the difficulties that some intellectual nuclei of left exiled had to build a joint publication in the democratic transition in Argentina. With various formative spaces and political paths, in the opening they bet on renewing the languages and practices of the leftists, at the same time as they make visible in Alfonsín’s project the possibility of founding a new republic. The rocky road they took to set up a joint venture and to erect a drafting council to handle their disputes is not only due to the participation of strong, already-established personalities. Long after the project, when the joint venture was launched, the participatory momentum and reparatory hopes that had brought Alfonsín to power had been diluted. The debates about what degrees of closeness they should have with that project, first, and the quarrels about their "Laws of Forgiveness", then, will lead to the disarticulation of the first editorial staff of the magazine La Ciudad Futura.

 

Keywords: Democracy; Intellectuals; Socialism; Transition; Leftist.

Tensiones, querellas y desplazamientos en el socialismo reformista de la transición. La Ciudad Futura y las confluencias difíciles

 

 

 

Introducción

 

En el despertar democrático y participativo de la transición, el Club de Cultura Socialista[1] (CCS) cumplió un rol central en el campo intelectual. La mayoría de sus integrantes habían tenido roles relevantes en la producción cultural de la izquierda setentista. La deriva del exilio desplazó trayectorias: algunos lo purgaron en el extranjero, otros intentaron sobrevivir al terror dictatorial dentro de las fronteras. El período fue de aberturas, autocriticas y replanteos. Las revistas Punto De Vista[2] y Controversia son ejemplos de ello.

La emergencia imprevista y aluvional del proyecto alfonsinista después de la Guerra de Malvinas encarnaba la posibilidad del cierre del ciclo de violencias, pero también la apuesta por construir un orden republicano que cruce la instauración de las reglas institucionales, el respeto a las garantías mínimas y el pluralismo, con un horizonte reparatorio y distributivo. En búsqueda de nuevas referencialidades políticas, estos segmentos intelectuales se cruzaron con un nuevo tipo de liderazgo representado en la figura de Raúl Alfonsín, que abría las compuertas y la escucha del doctrinarismo radical a las reformulaciones de las izquierdas dispersas en el exilio.

Para los intelectuales que formaron el CCS a mediados de los ochentas, se trataba de cortar amarras con las trayectorias dogmáticas, verticalistas y violentas de las izquierdas pretéritas. Si estas debían ser reformadas era en el sentido de inyectar en sus prácticas y marcos interpretativos el reformismo demoliberal con que el alfonsinismo invitaba al resto de los actores de la renacida vida política.

Como veremos, la posibilidad de articular una revista común que integre a los núcleos de exiliados “mexicanos” –referenciados en la experiencia setentista de Pasado y Presente y luego desde Controversia- y aquellos comandados por Sarlo desde PDV , estuvo planteada por lo menos desde mediados de 1982. Ahora bien, la revista prevista –La Ciudad Futura-[3] recién sale al ruedo cuatro años después. El artículo pretende  ir rastreando las dificultades que tuvieron estos actores, más allá de los deseos, para amalgamarse. Desde los primeros esbozos habrá diferencias y matices en torno de cómo conjugar perspectivas parecidas pero no iguales, tramitar diferencias y atemperar roces en personalidades intelectuales con una importante trayectoria. Con la llegada al poder de Alfonsín, los diferendos giraron también sobre los grados de integración y cercanía con ese proyecto. Por último, recorreremos los debates, tensiones y querellas que suscitaron la aprobación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en la revista, que llevaron a que Sarlo y su núcleo dejen de participar orgánicamente en la publicación.

 

Exilios, regresos y confluencias difíciles

 

La historia del exilio intelectual argentino no es lineal ni homogénea. Su complejidad se revela cuando descubrimos los múltiples desplazamientos dentro del universo cultural que produjo el proceso de violenta degradación autoritaria y represiva que acompañó al tercer  peronismo en sus últimos años y la sistemática política criminal de la dictadura, luego. Fractura territorial, metamorfosis de signos, certezas y gramáticas que habían estabilizado cierto sistema compartido de creencias y  que tenía a la revolución como una referencia conceptual estratégica.

El exilio, más que configurar una línea recta hacia la apertura transicional, representó un período  que trazaba diagonales entre la experiencia vivida, las tareas presentes de denuncias y resistencias a la dictadura y los horizontes borrosos deseados.

En ese periplo hay dos experiencias singulares por la potencia aperturista a referencialidades autocríticas en el camino de complejizar y renovar la política de izquierda, la sustracción de la reflexión a determinismos maniqueos y la reformulación de las modalidades de intervención: la de PDV[4], en el exilio interno, y la del grupo que, en el destierro mexicano, había dado vida en los años previos a la experiencia de PyP.[5]

La revista PDV saca su primer número a mediados de 1978, en una Argentina lacerada por el terror dictatorial. Elaborada, editada y difundida de forma semiclandestina, representaba un esfuerzo por abrir nuevas referencialidades y perspectivas críticas desde una mirada desprejuiciada y sin referencias políticas explícitas –obvias, dadas las condiciones imperantes-.[6]

 El comienzo de fin del régimen militar luego de la derrota en Malvinas y la apertura transicional ulterior impulsó la incorporación de un matiz hasta entonces no cristalizado abiertamente en la publicación: el tratamiento de la cuestión democrática, la transición en ciernes y la reconfiguración de la figura y la producción del intelectual ante estas circunstancias. Se trata de un acento que viene, no a reemplazar su programa de renovación original, sino a complementarlo.

En su Nº 15, publicado unos meses después del desastre militar, el grupo editor comienza a poner sus expectativas políticas en una salida democrática para la situación argentina. En la nota editorial escrita por Carlos Altamirano, “Lecciones de una guerra”, se critican las posiciones de quienes, meses atrás, sostenían que la guerra podía enmarcarse en la serie de las luchas antiimperialistas de los pueblos del tercer mundo -posición que redundaría en un apoyo, táctico, pero apoyo al fin, a la iniciativa guerrera de Galtieri-, pues el tema de la soberanía nacional estaba íntimamente relacionado con quién ejerce la soberanía en la nación: “ninguna puede resolverse sin la otra” (Altamirano, 1982: 3). Así, para Altamirano, la cuestión democrática estaba íntimamente ligada con el tema del antimperialismo y la liberación nacional. Era solamente el pueblo, por medio de la democracia, ejerciendo su soberanía, el que podía legítimamente luchar por su liberación y las usurpaciones territoriales largamente sufridas.

Para los intelectuales exiliados en México, y nucleados por ese entonces en el GDS, se trataba de descentrar las lecturas apriorísticas y deterministas de la tradición marxiana, criticar los vanguardismos e incorporar a la democracia y al pluralismo como puntal de todo proyecto emancipatorio. Empero, cuando se desató el episodio malvinense, sus posiciones públicas parecían redundar en caminos previos: había que deslindar entre los militarismos coloniales –reactivos- y anticoloniales –progresivos-, al mismo tiempo que separar el origen guerrero del acontecimiento –iniciado por una dictadura genocida- de los efectos que podría desencadenar –la movilización de los sectores populares por una causa justa-. Con Malvinas, Galtieri desataría, como un brujo equívoco, activismos democratizadores que no podría controlar. La declaración del GDS ante Malvinas no deja de señalar que fue iniciada por una dictadura genocida y entreguista, pero la apuesta residía en que el proceso desencadene un nuevo ciclo contestatario; por el contrario, la derrota argentina implicaría la desmovilización popular, el fortalecimiento del imperialismo y de sus acólitos internos.[7]

Durante los primeros años de la dictadura el contacto entre los distintos exilios fue muy disperso. Según la reconstrucción realizada por Mercader (2024), el restablecimiento de vínculos entre miembros de la experiencia de PDV y el sector “marxista” de Controversia se produjo en México, en el transcurso del año 1980, cuando María Teresa Gramuglio y su pareja, Juan Pablo Renzi, visitaron a la hermana de Gramuglio en México. Es durante ese viaje que “se reunieron con los miembros de Controversia y les dieron algunos números de Punto de Vista, que los exiliados recibieron con asombro” (Mercader, 2024: 103).

En 1981 Carlos Altamirano primero y éste en compañía de Beatriz Sarlo después, viajarán a México para restablecer contactos y proyectar trabajos en común. De estos intercambios surgió, por ejemplo, la colaboración de Juan Carlos Portantiero en PDV con el ensayo “Nación y democracia en la Argentina del novecientos, del Nº 14, de marzo de 1982. Además de la recomposición de los vínculos y la posibilidad de intercambiar artículos, libros e información, los encuentros y reuniones servían para cruzar miradas sobre la política argentina y la deseada apertura democrática[8]. Esta comunidad de lecturas, aperturas y estrategias, sin embargo, se vio opacado por las distintas miradas que los grupos tenían respecto a la intentona del gobierno militar de recuperar las Islas Malvinas.               

 Todavía sonaban las balas en la isla remota del Atlántico sur, el 2 de junio de 1982, y Beatriz Sarlo, desde Buenos Aires, en una carta con membretes de la revista que dirigía, escribía a Pancho Aricó discutiendo las posiciones del GDS sobre la guerra,

ustedes piensan que es un obstáculo  (epistemológico) para entender el actual conflicto referirse ‘exclusivamente a sus orígenes’. Yo diría que igualmente peligroso es guiarse exclusivamente por los deseos. La otra observación metodológica que preside las reflexiones del documento se dirige contra la ‘difundida pretensión a atribuirles (a los hechos) coherencia a priori’. De acuerdo; pero este acuerdo no me impide afirmar que es igualmente errado atribuirles incoherencia. Igualmente arriesgado es pensar que, por la ausencia de esa coherencia, estos acontecimientos sin origen puedan convertirse en cualquier cosa (cambiar de signo, cambiar de contenido, copar, imponer un programa, e vía discorrendo, según todas las fórmulas que sucesivamente hemos ido utilizando en estos años para describir lo que se demostró, de manera bastante invariable, como una operación arriesgada). [...] solo un principismo abstracto puede ignorar que el operativo Malvinas practicó un corte en la historia de estos años. Pero sólo un optimismo abstracto puede afirmar que necesariamente la dirección que tomen los asuntos de la república será sin más favorable, como se empeñan en convencer y convencerse los teóricos del hecho consumado (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C, subrayado en el original).[9] 

 

Aricó responde el 25 de Junio desde México: este es el primer registro de los aprestos de trabajo conjunto de los dos grupos de exiliados, luego de algunos años de construir lazos, reconocer cercanías y elucubrar proyectos en común. Ante el regreso a la Argentina de uno de los miembros del GDS, el cineasta Rafael Filippelli, le dice que aprovechará ese viaje,

 

para enviarte algunas noticias sobre el proyecto de revista. Rafael, a su vez, podrá referirles más extensamente las ideas que tenemos sobre el primer número, sobre el sitio desde el cual vale la pena trabajar, el clima del exilio, en fin, sobre esas y muchas otras cosas más (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C) . 

 

La respuesta de Aricó muestra de refilón lo que se juega en estos intercambios: dos grupos separados por miles de kilómetros se disponen a publicar una revista “mexicano-argentina”, que intervenga en los contextos de posible apertura.  En ese proceso de confluencia, las diferencias acerca de la guerra no eran menores, en tanto trazaban incógnitas respecto de la posibilidad de adunar los caminos. Sobre este aspecto, la respuesta de Aricó, haciendo uso de su reconocida maestría en apaciguar conflictos, intenta diluir las posibles disidencias: 

creo que tus observaciones son absolutamente justas y fueron hechas aquí en el momento mismo de la discusión que lo aprobó, entre otros por el suscripto, pero el apresuramiento por dar a conocer una posición ‘propia’ y evidentemente la opinión generalizada de quienes lo discutieron y aprobaron, hizo que el material reflejara, como alguien señaló, una suerte de ‘común denominador’ de las opiniones reinantes. Posteriormente, en una nueva reunión del grupo de discusión socialista, volvió a plantearse las limitaciones del documento, en medio de acaloradas (pero fraternales) discusiones. Las objeciones rumbeaban por el costado que enfatiza tu carta (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C).

 

En una carta a Rafael Filippelli, del 28 de Junio, que seguramente recién llegaba a la Argentina, Aricó le comenta el cambio vertiginoso del panorama político que se abre con la implosión del régimen dictatorial: seguramente, de avanzar en la realización de una publicación conjunta “dentro de un tiempo relativamente breve buena parte del consejo redaccional estará por allí” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C).

Ante las circunstancias, el viejo proyecto de realizar una publicación periódica mexicano-argentina “ha caducado” por la posibilidad cierta de que la sección mexicana de la empresa cultural regrese. Así, el proyecto debe reorientar su centro referencial, en tanto se debe entender al “grupo porteño no simplemente como órgano ‘consultor’, o ‘colaborador’, sino también y especialmente como núcleo redactor y de dirección” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C).

Manifiesta también una preocupación que entrevé ante la posibilidad de unificación de dos grupos que vienen de tradiciones, agregaciones y circulaciones existenciales diferentes: mi idea, le advierte Aricó a Filippelli, “es la conjunción de voluntades, de experiencias y de opiniones que no sean filtradas exclusivamente por el acuerdo de las dos direcciones actuales” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Nomina a esa revista compartida La Ciudad Futura, como aquella publicación de la juventud socialista turinesa que Antonio Gramsci había sacado antes de iniciarse el ciclo bolchevique,  pero le reconoce a su amigo cineasta que, dado que PDV ya tiene un extenso recorrido, sus trayectos podrían chocarse. Además, se daría la rareza de que estas revistas estarían “redactadas por dos grupos que tienden a confluir en uno solo” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Ante estos dilemas le propone,

 

tomar el toro por los cuernos y hablar con Carlos y Beatriz[10] a calzón quitado sobre el asunto. No porque no puedan existir dos publicaciones, sino porque deberíamos definir en tal caso las esferas de competencia, los campos de trabajo de cada una, etc. (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C. Subrayado en el original).

 

A mediados de Julio, Altamirano le escribe a Aricó meditando también sobre las nuevas condiciones abiertas con la derrota de Malvinas, con razones parecidas a las planteadas por el socialista cordobés a Filippelli. En primer lugar, le dice, “estaría el hecho de que dentro de no muchos meses algunos de los miembros activos de la redacción ‘mexicana’ (como O.T[11]. y vos, por ejemplo) se radicarían en la Argentina” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Ante esto, “¿no habría que replantear la idea de una revista hecha en México con la colaboración, por activa que esta sea, de los amigos locales?” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Además, si el proceso de apertura democrática se consolida, la dinámica del proceso convertirá “al exilio en un dato anacrónico, aunque haya muchos que no vuelvan o tarden un tiempo en volver”. Ante estas circunstancias, “Mi opinión es que la conexión Buenos Aires hoy ya no basta: proyecto de retorno y proyecto de revista deberían conjugarse” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C).

Al parecer Filippelli había hablado, tal como había requerido Aricó, “a calzón quitado” con Altamirano y Sarlo sobre el posible choque entre las dos publicaciones. Altamirano le responde:

con respecto a las posibilidades de superposición, competencia, etc., con Punto de Vista confieso que no me preocupa para nada. Y en esto creo que puedo opinar en nombre de todos sus miembros. P. de V. puede seguir, acotar el campo de su temática, fundirse eventualmente con otra publicación o lo que aparezca más adecuado. Creo que las cuestiones políticas e intelectuales en juego son bastante fuertes como para que uno sucumba a la ‘vanidad’ de la revista. Lo importante sería el (re) ajuste del proyecto de la nueva publicación. Para mí sigue siendo válida la idea inicial de una revista de “ideología y cultura”, para retomar la consigna de PyP, prima maniera. Ahora bien, ¿para qué? Yo lo diría así: para ayudar a producir un nuevo clima de ideas en la Argentina: para renovar los instrumentos de la cultura política e intelectual de izquierda, para generar a su alrededor un área socialista, un área, no un movimiento ni, menos aún, un partido (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C).

 

En una carta sin fecha, probablemente de octubre o noviembre de 1982, Sarlo le ruega a Aricó si en el grupo “mexicano” podía abrir el intercambio de “opiniones sobre el nombre de la revista”. En la carta a Filippelli, Aricó había sugerido un consenso implícito sobre el mismo. Pero ahora Sarlo le reprocha inconvenientes de fondo, “y otros que no lo son tanto”

primero, la palabra ciudad nos remite precisamente a todo lo contrario de lo que uno (yo) desea: ciudad es lo real de nuestra enfermedad propiamente capitalista; casi uno podría pensar que la ciudad es el mal, incluso más allá de cualquier sistema: vale decir que no podría haber, por definición, ciudad buena. La ciudad como infierno de hecho. La ciudad como lo negativo del nomadismo, de lo abierto-sin-muros. 

Segundo, la palabra futura presupone una teleología, vale decir, una supra racionalidad de la que nosotros seríamos los representantes; toda ciudad futura es de Dios; sobre llovido, mojado: no solo una ciudad, lo que es horrible, sino también futura; un deber ser, una utopía tan constrictiva y despótica como toda utopía. [...]

Por último; siempre descubrimos nombres que los otros ya han usado hasta el cansancio ¿Por qué no podemos fabricar, descubrir, un nombre? ¿Nos pasa algo? Está bien copiarle a los italianos un nombre a los 20 años, pero seguir copiándoselos a los 50 es un poquito mucho, digamos, abusivo. Propongo que por un tiempo dejemos en suspenso el nombre hasta encontrar alguno en el que todos estemos de acuerdo (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C, subrayado en el original).

 

En la carta, por último, para graficar la ausencia de originalidad que invalida la iniciativa, le adjunta la tapa de una revista recién salida en México: La Ciudad Futura, Revista de Ideología y Cultura Nº 1, salida en el otoño de ese país de 1982.

Años después Sarlo rememora las alternativas que se le presentaba al grupo PDV ante la apertura democrática, “O cerrar la revista y decir ‘esta revista funcionó porque fue una revista contra la dictadura’, como cerró Controversia, o seguirla. Sí, somos todos socialdemócratas, hemos sido todos marxistas. Pero ¿cuál es el proyecto de esta revista?” (García y Mercader, 2013). También recuerda sus dudas sobre la posibilidad de amalgamar trayectorias bajo un prisma común:

ahí había una saturación de personalidades intelectuales que es muy fuerte, que puede ser bárbara para una revista, pero para un consejo de dirección, no tanto. Y, además, yo creo que Pancho Aricó llegó a PDV con la idea de hacer La ciudad futura, o de transformar PDV en La ciudad futura, pero no lo iba a poder hacer, porque yo no tenía esa idea de revista (García y Mercader, 2013).

 

Como se ve, desde un comienzo el proyecto de amalgama proyectiva entre los grupos mostraría fricciones y chisporrotazos. A grandes rasgos, ambos núcleos estaban recorriendo caminos comunes: aperturas conceptuales renovadoras, críticas a los idearios verticalistas de las izquierdas, intentos de vincular los trayectos del socialismo al pluralismo. Pero esa senda compartida diluía las dificultades en amalgamar trayectorias, construir un comité editor que represente a ambos grupos y erigir reglas para desfogar diferencias, etc.

El carácter aluvional del renacimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana con la apertura democrática, la emergencia de la figura de Alfonsín como auriga y portavoz de ese impulso reparatorio y fronterizo, y las expectativas en construir los cimientos de una nueva izquierda que acomode sus gramáticas a este proceso apuraron la amalgama de los dos grupos.[12]

En su Nº 20, editado a comienzos de 1984, PDV incorpora en su comité editorial a Juan Carlos Portantiero y José Aricó, y enfatiza temáticas referidas al proceso de democratización en ciernes. El grueso de estos núcleos intelectuales se inscribió en el proceso de recomposición de la vida académica en la Universidad Nacional de Buenos Aires[13] y también fueron partícipes centrales de los debates intelectuales de la naciente democracia.

En ese contexto se constituyó en 1984 el CCS,  que intentaba participar e impulsar el proceso democratizador y reformar las trayectorias de las izquierdas.[14] Para el CCS el énfasis estará puesto en acentuar la frontera con el pasado que el proyecto de Alfonsín erige: apostará por acompañar los proyectos gubernamentales de construir una nueva institucionalidad y una nueva cultura que ponga fin a las pugnas, faccionalismos y empates continuos de la política argentina. El pasado no es revisitado con la nostalgia de las esperanzas perdidas, sino que representa una zona de balances que fuerzan un viraje estratégico para el presente. Se debía cortar amarras con los imaginarios y fórmulas pretéritas, porque más que canteras donde cavar había que buscar nuevas referencias. El Club se conformó como un lugar de encuentros y debates, con una organización horizontal y plural. Muchos de sus miembros se identificaban abiertamente con las propuestas de Alfonsín, otros acompañaban ante todo el proceso democratizador y participativo; ante estos claroscuros y compromisos diferenciales, la idea no era construir una agrupación que se integre a esa identidad naciente, sino promover un espacio de debates de una izquierda que actualice sus formas, conceptos y programas.

Los actores que animaban las actividades del Club van a  ser parte central de un proceso de reconfiguraciones en el campo intelectual que pretende devenir modélico.[15] El rol central que desempeñarán como organizadores de las nuevas sensibilidades y emplazamientos académicos tendrá que ver no sólo con la profusión de sus textos o circulación en las lecturas referenciales de la época. La participación directa de algunos de sus integrantes en la gestión alfonsinista, ubicaba sus intervenciones en el centro de los debates del momento.[16] 

Los primeros meses del comienzo del ciclo estuvieron signados por el bullicio catártico, la expectativa que generaba una sociedad civil movilizada y el dinamismo de la gestión presidencial. Transcurrido un año, las esperanzas comenzaron a virar hacia una evaluación mucho más compleja de los problemas a encarar. El cambio ministerial en el gabinete de Economía en el gobierno de Alfonsín –a comienzos de 1985-, la reorientación estratégica en clave reformista y estabilizadora del Plan Austral, mostraban los límites de los discursos de campaña y del arrollador ímpetu del comienzo del ciclo. 

La torsión alfonsinista capitaneada por Juan Sourrouille –el flamante Ministro de Economía- apuró tensiones y roces dentro de los intelectuales del Club, pero el menor o mayor acompañamiento a esa deriva no implicaba una relectura crítica de las apuestas desarrolladas desde la transición. La pregunta era si las medidas gubernamentales y enmiendas empujarían el proceso hacia los horizontes democratizadores deseados. 

Arriba vimos, desde un comienzo, el empuje y las dudas que emergieron entre estos actores ante la posibilidad de dar vida a una publicación conjunta. Síntoma de estas ambivalencias es que LCF  saldrá recién en agosto de 1986, cuatro años después de ser elucubrada. Las acechanzas venían de encarrillar trayectorias y espacios formativos diversos, atemperar personalidades fuertes y sortear el difícil equilibrio entre acompañar o mimetizarse[17] con el proyecto alfonsinista.  Lo cierto es que cuando sale al ruedo, ya los años impetuosos de la transición habían concluido.

La dirección de la revista recaerá en José Aricó, Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula,[18] y se presentará como  una publicación ligada al CCS,[19] pero no como su expresión oficial. Entre la dirección, el consejo de redacción y editorial hay puntos nodales compartidos: la nueva época implicaba para las izquierdas la posibilidad de pensar de consuno la construcción de una nueva institucionalidad pluralista y participativa con un horizonte de transformaciones sociales progresistas. Ahora bien, las querellas aparecían en torno de la articulación posible entre la democracia entendida como regla y el declinar de sus contenidos concretos. El significante democracia era el eje articulador de cualquier cambio progresista deseable, pero ese consenso se atenuaba ante una dinámica gubernamental que acentuaba la estabilización del régimen más que la transformación reparatoria y la supervivencia institucional por sobre la participación popular.

La orientación seguida por la dirección de LCF, desde sus editoriales o artículos centrales girarán en torno de las preocupaciones planteadas por Alfonsín en el Discurso de Parque Norte: a la encrucijada del cambio de régimen político, se adjuntaba el de la larga agonía de un régimen de acumulación mercadointernista. Se debía modernizar y desregular la economía, reformar las instituciones y democratizar a los actores. Más que garantizar disfrutes, la democracia solo podría crear pactos de garantía y transformación que atemperen los pesares para los sectores más postergados, ante los seguros dolores de parto de la nueva argentina. Por el contrario, las colaboraciones de Sarlo y Altamirano  intentaban, oblicuamente, rastrear los necesarios nexos entre la democracia recuperada, la reparación social y las promesas aún incumplidas de la nueva época.[20]

Empero, estas miradas alternativas y diferenciales, que larvadamente iban creando surcos y que aparecen matizadamente en sus primeros números, expresaron todo su peso cuando el primer gobierno de la democracia tuvo que enfrentar la turbulencia en los cuarteles.

 

La Ciudad Futura y las “Leyes del Perdón” alfonsinistas

 

La política que encaró el gobierno de Alfonsín al intentar dar cuenta de la temática militar estuvo marcada desde el comienzo por distintas iniciativas. Se debía disciplinar a la corporación militar para subordinarla a las autoridades civiles. Las medidas intentaron quitar poder decisorio a cada una de las fuerzas: el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, comenzó a controlar directamente Prefectura, Gendarmería, Fábrica de Armas y todo el complejo militar-estatal. También se redujo el presupuesto militar y la pauta de subordinación redundó en el fortalecimiento e injerencia del Ejecutivo, en tanto los pases a retiro y ascensos dentro de cada fuerza dejaron de estar librados al arbitrio de ellas y, como corolario de este horizonte, el Presidente pasará a ser designado como el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (Canelo, 2006).[21]

De la mano del equipo de juristas que lo rodeaban – liderado por Carlos Nino, Genaro Carrió y Jaime Malamud-, Alfonsín construyó una estrategia de diversas valencias que a un tiempo buscaba el castigo selectivo de los uniformados,[22] la investigación y esclarecimiento público respecto de lo ocurrido con la represión estatal en el pasado reciente[23] y la integración de la corporación militar a la vida política democrática.[24]

La negativa del Consejo Supremo de las FFAA a castigar a los perpetradores y cerrar el camino de la autodepuración castrense (septiembre de 1984), el Punto 30 de la sentencia del Juicio a las Juntas que llamaba a ampliar la investigación penal sobre lo ocurrido a las esferas castrenses inferiores, el peso aplastante, fáctico y simbólico,  del informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), y su mostración de las dimensiones  del horror dictatorial, hicieron tambalear la estrategia original oficial.

Alfonsín se reconocía como garante del proceso de enjuiciamiento civil de los crímenes de la dictadura, pero la dinámica del proceso lo hacía correr el albur de ser presa del contragolpe de la corporación militar. Inclusive para 1986 se invertía el efecto en principio buscado: los procesamientos comenzaban a recaer sobre quienes eran identificados en los testimonios de los sobrevivientes, y habían sido el brazo instrumental del plan represivo; los altos mandos podían refugiarse, alternativamente, en la falta de pruebas, en la trajinada doctrina de los excesos y en que los procesados difícilmente se auto inculparían, para adjudicarles la autoría intelectual de lo ocurrido.[25]

La ley de Punto Final (23492) –de diciembre de 1986- representó un intento de salir de ese laberinto y una continuación, por otros medios, de la estrategia originaria: se intentaba limitar los plazos temporales de la apertura de causas a los perpetradores y de esa manera reducir el número de acusados.[26]

Para los intelectuales que participaban en LCF y en el CCS el primer gobierno de la democracia era al mismo tiempo el soporte y el garante de la investigación judicial de lo ocurrido y de su punición. La Ley de Punto Final tuvo el efecto de terminar con lecturas expectantes y cristalizó miradas alternativas  sobre la política gubernamental: la estrategia de justicia limitada de Alfonsín, que contradecía la deriva de un proceso social de esclarecimiento político y jurídico de lo ocurrido, por fin se plasmaba en un plexo legal contundente y contenía la fuerza iluminadora de una revelación, en tanto exponía las consecuencias de esa menguante estrategia.

En esta situación,  la dirección de LCF va a procesar la iniciativa con las mismas ambivalencias que las del conjunto heterogéneo de sensibilidades que acompañaban al nuevo ciclo político. De un lado, Alfonsín era el signo de la nueva era, del otro, la intentona de cerrar a la brevedad la brecha judicial abierta por el Punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal, sumado todo a la alta densidad que tenía esta temática para el marco de experiencias de estos actores,  resultaba  casi en estar parados sobre tachuelas.

En el editorial del Nº  3, contemporánea al tratamiento parlamentario y aprobación de esta ley, se va a hacer uso de la dicotomía weberiana entre la ética de la responsabilidad y de la convicción para anotar la serie de aporías que desatan las decisiones gubernamentales:

¿la verdad de las cosas es la misma cuando se la mira desde el vértice del poder que cuando se lo hace desde el seno de la sociedad? Existen lógicas distintas. Y también responsabilidades disímiles. Percepciones encontradas. Exigencias no siempre aceptables por quienes estamos alejados de las responsabilidades de gobierno. […] La necesidad de fortalecimiento del sistema político haría necesaria tan drástica determinación, pues ninguna sociedad, se afirma, puede sobrevivir sin una integración de sus fuerzas armadas y sin una reconciliación nacional. Inaceptable desde el punto de vista simple, implacable, maniqueo, ‘irresponsable’ si se quiere, de la ética, el proyecto también es objetable desde consideraciones políticas (LCF, 1986: 4).

 

Casi en el borde, cuando el texto parecía, escindiendo las lógicas de la acción gubernamental –que tiende a asumir las consecuencias de su accionar  y que tiene como núcleo el resultado buscado (la integración de las FFAA a la vida política)- y la de quien interviene por la declinación de su conciencia -sin prever las consecuencias de sus actos-, la dirección de LCF pega un giro y rechaza la ley, no solo porque repugnaba la conciencia de sus editores, sino también porque entrevé que no va a conseguir los resultados buscados. Pero en una intervención como ésta, cargada de dobles sentidos, circunloquios y zigzagueos, donde tanto se impugna la salida alfonsinista como inmediatamente se tiende un manto de comprensión sobre las dimensiones del problema que intenta resolver, el elemento que se resalta es que la cuestión militar precisa de una salida perentoria:

el proyecto es en sí mismo cuestionable, pues su implementación no cumpliría con los fines de fortalecer la frágil democracia que transitamos. No obstante, no es fácil obtener un diagnóstico claro y consensual respecto de la necesidad y características de una salida política que establezca bases sólidas para la integración de las fuerzas armadas al orden constitucional y legal del país. […] necesaria discusión profunda y responsable de una cuestión que no admite clausura alguna por la más perfecta de las leyes (LCF, 1986: 4).

 

Pero si la dirección de la revista corcoveaba entre el rechazo  y la comprensión de la iniciativa gubernamental –o por lo menos, daba el marco conceptual para pensar sus lógicas de acción-, para otros intelectuales del CCS las circunstancias eran inaceptables, sin ningún tipo de medianías. Héctor Leis, por ejemplo, miembro del consejo de redacción planteará que:

la medida que aquí discutimos es antidemocrática y anuncia un futuro de incertidumbre para los ciudadanos y ciudadanas de este país. […] para eliminar incertidumbres de algunos cuadros de las fuerzas armadas la civilidad en su conjunto pasará a vivir en la incertidumbre del destino final de una democracia que no sabe medir a todos con la misma vara (Leis, 1986: 4).

 

Las diferencias que dejaba traslucir el tono impugnatorio de Leis en el Nº 3 –que inclusive incurre en el subtítulo leninista ¿Un paso adelante y otro atrás?, para marcar las flaquezas gubernamentales- continuarán en el Nº 4, de comienzos de 1987, cuando la Ley ya se había promulgado y las Cámaras Federales abrieron las compuertas a la citación de cientos de perpetradores y la situación dentro de los cuarteles semejara a una pesadilla para la gestión alfonsinista.

En ese contexto, Julio Godio, miembro del consejo editorial, quien no sólo participa de continuo en la revista, sino que entre los colaboradores es quién más cercano se encuentra de las posiciones progubernamentales de la dirección, tomará el guante del debate resaltando el accionar de la gestión radical que,

fue más lejos que lo previsto y produjo un hecho positivo de incalculables consecuencias para la sociedad argentina: sometió a los militares a la justicia civil; hizo conocer al pueblo el funcionamiento de la maquinaria asesina y condenó a sus principales culpables (Godio, 1987a: 3).

 

Por eso considera inaceptable –y ofensiva- la participación de los organismos de derechos humanos en un acto convocado por la CGT, acusando a Alfonsín de traidor y acompañando cánticos hirientes como ‘¡gorilón, gorilón es la casa de Perón!’. La estrategia polémica de Godio pasa por enlazar la resolución del tema militar al destino del gobierno de Alfonsín, y atar la deriva de este último al proceso de apertura democrática. Así, quienes

en este tema de los derechos humanos ponen en el centro de su crítica a la UCR y a Alfonsín, ¿no deberían preguntarse hasta dónde son tal vez parte de una operación de erosión de un sistema democrático aun no instituido cabalmente? (Godio, 1987a: 3).

 

La ecuación desplaza de las prioridades a la expansión de la marea justiciera contra los represores[27] y la permuta por la estabilización del régimen, que tiene como condición necesaria la integración de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento del proyecto de Alfonsín;  con la ley sancionada “se cierra un estilo de sancionar a los militares y se abre otro donde no importa tanto cuantos militares más se agregarán a los ya encarcelados, como un sostenido esfuerzo por instalar a las fuerzas armadas en la vida democrática” (Godio, 1987a: 4). Y la nueva etapa, que hace carne las necesidades de consolidación institucional,  busca mirar hacia el futuro, en tanto propone ocuparse de lo que ocurre en el “‘interior del ejército”, para democratizar sus prácticas y que nunca más ocurran los crímenes pretéritos: se desplazan así las gramáticas puramente denuncialistas porque  “aquellos que dentro de los que defienden los derechos humanos usan epítetos anacrónicos y excluyentes, y actúan en consecuencia, no hacen sino aislarse de este proceso de reflexión política y cultural insoslayable” (Godio, 1987a: 4). Así, rompiendo las ambivalencias que se albergaban en la editorial del número anterior, y asumiendo una pragmática que redunda en la consolidación de una democracia “todo lo imperfecta que se quiera pero democracia al fin” (Godio, 1987a: 4), es que aparecen las primeras líneas de aquiescencia hacia las leyes del perdón en la revista.

La posición incómoda de quienes se encuentran directamente comprometidos con el gobierno alfonisinista se muestra en la incursión polémica de  Emilio de Ípola, en el mismo número. El desdén irónico con que teje su intervención, inclusive reprochando faltas sintácticas[28] a quienes dirige sus pullas,  es una buena muestra de cómo el tema marca líneas divisorias e instancias polémicas de difícil resolución para intelectuales que comparten, en líneas generales, una misma cosmovisión.

Como en la editorial del Nº 3, el texto de De Ípola rechaza abiertamente una ley que, dice:

otorga injustificables privilegios jurídicos a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos quienes delinquieron en el marco del terrorismo de Estado y de la guerrilla durante el pasado régimen, lesiona la independencia del Poder Judicial, lleva a la conclusión de que el gobierno democrático ha infringido principios que él mismo se había empeñado en revalorizar y que, además, lo ha hecho en términos tales que resulta difícil no pensar en una pura y simple ‘agachada’ frente a las presiones del poder militar”, [por ende] ,“quienes nos identificamos con una perspectiva democrática y socialista no podemos sino manifestarnos claramente en contra de esa ley (De Ípola, 1987: 4).

 

Empero, critica la intervención de Leis en el número anterior y el texto de la solicitada mencionado porque hacen abstracción de las condiciones políticas en las cuales se propició la iniciativa legal del gobierno; encuentra en ambas tentativas críticas el reconocimiento simple de una “agachada”, en lugar de evaluar comprensivamente  la complejidad de la situación: por fuera de las declaraciones altisonantes e impugnaciones a la decisión gubernamental, “hay un problema a encarar y si es posible a superar” que tiene su eje en cómo “resolver el problema de las Fuerzas Armadas (de su formación, su organización, su ideología, su papel en la sociedad, sus derechos y sobre todo, sus deberes; en suma, su cultura política” ” (De Ípola, 1987: 4), problema del que ninguno de sus contendientes se hace cargo sino que se dedican solo a denunciar a un gobierno que, supuestamente, “de la noche a la mañana […] hizo suya la óptica de los militares” (De Ípola, 1987: 4).

La publicación de la solicitada de rechazo a la promulgación de la Ley,[29] intitulada “Sobre el ‘Punto final’” evidencia los resquebrajamientos que el asunto producía. Cómo decía De Ípola en su crítica, seleccionando algunos discursos contemporáneos donde Alfonsín da rienda suelta a su afán reformador, los firmantes intentan demostrar el hiato abierto entre las palabras gubernamentales y los hechos: plantean en el cierre que, “porque consideramos que el proyecto del Poder Ejecutivo agudiza las tensiones entre gobierno y sociedad, amenazando incrementar hasta un nivel insoportable la fragilidad de un sistema democrático que debemos defender sin reservas. Rechazamos el proyecto de ley de ‘Punto Final’” (“Solicitada Sobre el Punto Final”, 1987: 5). Lo que sorprende de la lista de adherentes, como cuando se averigua la composición de toda lista, no son tanto las presencias como las ausencias: entre los primeros estampan su firma Carlos Altamirano, José Aricó –único entre los directores de LCF-, Jorge Dotti, Ricardo Forster, Héctor Leis, José Nun, Juan Pablo Renzi, Hugo Vezzetti, Hilda Sábato y Ricardo Nudelman; no aparecen los nombres de los otros directores, Jorge Tula y Juan Carlos Portantiero, tampoco el de Emilio de Ípola, ni extrañamente el de Beatriz Sarlo (dejando entrever, dadas la contundencia de las intervenciones ulteriores de la directora de PDV sobre este tema, la severa dificultad e incomodidad que el asunto presentaba).

La rebelión militar, en la Semana Santa de 1987,[30] el quiebre del mando en las jerarquías castrenses y la evaluación de que la democracia naciente no podía permitirse por mucho tiempo más este factor crónico de inestabilidad, llevaron a la promulgación de la Ley de Obediencia Debida (23521) en Junio de 1987.[31]

La resolución de este entuerto tuvo consecuencias sísmicas al interior del campo intelectual de la transición. Por un lado, ante los acontecimientos de Semana Santa y bajo el título “Por una Argentina con futuro, contra una Argentina oscura”, un conjunto de publicaciones que animaban el debate intelectual, político y literario del momento, sacaron una solicitada conjunta denunciando la ofensiva militar y defendiendo genéricamente la democracia y las libertades conquistadas: Unidos, PDV, LCF, el Diario de Poesía, la Gaceta Psicológica, Revista Argentina de Psicología, y Psché plantearon que,

el terrorismo de estado, norma de hierro de los años del proceso, es reivindicado ahora por grupos autoritarios pero poseedores de medios para obtener sus fines. Para esos sectores del autoritarismo civil y militar, la democracia no es un valor. Quienes creemos, en cambio, que la democracia es un bien irrenunciable no deseamos que el ejército patrulle otra vez nuestra ciudad, ni que sus socios civiles manejen la economía vaciando el país ¿Desea usted que le digan qué puede leer y qué no, qué películas puede ver y cuáles no? ¿Desea vivir una vez más la triste incertidumbre sobre la suerte de sus hijos perseguidos o desterrados, la tragedia humillante de la tortura, la desaparición y la guerra? ¿Quiere volver a vivir en un país sin sindicatos que defiendan sus derechos laborales, sin partidos políticos ni jueces que respalden su soberanía? Recordemos entonces que la democracia es un bien común. Que depende de todos nosotros y que todos nosotros debemos defenderla (PDV Nº 30: “Por una Argentina con futuro, contra una Argentina oscura”: 2).[32]

Pero la genericidad y amplitud de la proclama, más que difuminar, señala -en lo no dicho respecto  a la resolución presidencial de la ofensiva autoritaria- las potencialidades cismáticas que abren los posicionamientos ante este tema.

Obviamente, estas cuestiones  y disrupciones amenazantes no inundarán las agregaciones de las izquierdas tradicionales o del peronismo democrático de centroizquierda (como Unidos): ellas atraviesan  directamente a los actores nucleados dentro del CCS. Con diferentes grados de cercanías, algunos comprometidos directamente con la gestión gubernamental, otros compañeros de ruta, pero todos adunando los destinos de la transición al éxito de la gestión gubernamental, las derivas ulteriores a la rebelión carapintada atacaba de lleno sensibilidades que hasta ese momento se creían compartidas.

En Julio de 1987, en su primer número, la revista cultural Fin de Siglo realizó una encuesta entre diversos intelectuales sobre la  ley recién aprobada. Beatriz Sarlo será convocada y ante la pregunta ¿cuál es la viabilidad ética de una amnistía?, responderá de forma contundente:

La ley que se acaba de aprobar no sólo disuelve casi todos los lazos de responsabilidad, sino que también comete el escándalo jurídico y moral de excluir a la tortura y el asesinato como delitos punibles. El Ejército argentino no ha aceptado jamás ser enjuiciado ni enjuiciarse. Es el arma que ha hecho de la impunidad un factor central de sus solidaridades internas. Desdichadamente, las bandas de juramentados que reclamaron una amnistía en abril obtuvieron casi todo lo que pedían. El tiempo dirá si la democracia está en condiciones de tolerarlo, no sólo por razones éticas, sino en defensa de su estabilidad y continuidad (Sarlo, 1987a: 14).

 

Como vimos arriba, la revista PDV participa de aquellos sectores intelectuales imantados por la gramática alfonsinista; ahora bien, el proyecto editorial, los objetos tratados, su política de traducción y de promoción temática, no apunta a una dinámica política coyuntural, sino a conformar un espacio cultural de centroizquierda y democrático renovado. En contadas ocasiones la revista “habla” sobre el “contorno” de forma directa:[33] lo hace sólo cuando visibilice acontecimientos que signan sentidos estratégicos.

El Nº 30, inmediatamente ulterior a la ley de Obediencia Debida, no será la excepción. En contundentes intervenciones, Sarlo y Vezzetti- núcleo duro del proyecto de PDV, y al mismo tiempo miembros también del CCS y del comité editorial de LCF-  impugnarán sin mediaciones la política gubernamental.

Bajo el título “La democracia posible”, Vezzetti planteará que lo que se encuentra en peligro es el ciclo ascendente de la reparación ética que constituía la argamasa del camino iniciado a partir de 1983. Si esa senda tenía como eje la instauración de

una nueva cultura y una nueva moral pública que enterrara el pasado, no puede desconocerse que la claudicación presente –en la cuestión de los juicios y en el resurgimiento del ‘partido militar’- afecta el futuro de la conciencia democrática en una dimensión sin precedentes (Vezzetti, 1987: 3).

 

El autor también pone sobre el tapete la supuesta imposibilidad gubernamental de seguir un camino alternativo y el chantaje de intercambiar el perdón por la estabilidad futura:

que nadie se engañe o quiera engañarnos con una pura apelación al futuro: ningún voluntarismo construirá un futuro diferente negando la eficacia de la historia y la necesidad de ajustar cuentas con un pasado vivencialmente presente en la memoria de los argentinos (Vezzetti, 1987: 3).

 

Beatriz Sarlo, por su parte, recorriendo los sucesos de Pascuas y sus efectos -bajo el titulo “No retroceder”-,  marcará la distancia entre la acumulación de fuerzas democráticas encarnadas en la ciudadanía movilizada, el “el pacto que se firma (y que) incluye a la mayoría de las fuerzas sociales y políticas”,  un gobierno que “parecía tener en sus manos todos los instrumentos civiles para derrotar ejemplificadoramente a los sublevados” (Sarlo, 1987b: 4) y la actuación posterior del Ejecutivo que “en las semanas siguientes […] actúa como si fuera necesario retroceder frente a nuevos peligros por parte de los militares” (Sarlo, 1987b: 4). El líder de la democracia, para Sarlo, parece olvidar los signos inaugurales de  1983; por el contrario, cobran presencia cada vez más relevantes los discursos de legitimación que

fundamenta el de los militares: preservar la cadena de mandos, lo cual en términos que hacen a las cuestiones de derechos humanos y violación significa cortar esa cadena lo más arriba posible, dejando como responsables de los crímenes cometidos a quienes tuvieron su cargo la planificación general de las acciones represivas (Sarlo, 1987b: 4).

 

La resultante oprobiosa de este proceso es comprometer para el futuro

principios básicos, el derecho a la vida, a la integridad del cuerpo, a la defensa en juicio, sobre los cuales no puede prevalecer ni la razón de estado ni la razón militar (Sarlo, 1987b: 4).

 

En este contexto dilemático, por fin en la página final del Nº 5 de LCF, luego de casi un año de salida al ruedo, se publica un texto del pensador al que le debe su nombre, en el primer número luego del levantamiento carapintada. “Indiferentes” es un texto de Gramsci, escrito en Febrero de 1917, para avivar las conciencias juveniles y obreras ante los efectos desastrosos de la guerra, pero que sirve aquí para llamar a la participación ciudadana en pos de la defensa de la democracia. Así presenta el texto LCF, en la bajada del escrito del militante comunista sardo:

setenta años después de este antecedente ilustre, nuestra revista lo exhuma como reconocimiento de una filiación que admitimos crítica y abierta, aunque animada no obstante de la misma voluntad de lucha por un nuevo ordenamiento social, por una ‘ciudad futura’ que es preciso conquistar o, tal vez mejor, construir (LCF, 1987a: 36).

 

El Nº 5 de LCF sale en junio, cuando la ley está por ser ratificada por el Senado. La dirección dedicará al tema no uno, sino dos entradas editoriales. La primera, intitulada “La democracia amenazada por la revancha”, donde intentará introducir el espinoso tema y configurar un mapa orientativo para delimitar el debate. El tratamiento del mismo abría las compuertas para posibles querellas internas y potenciales escisiones; intentará entonces  intervenir, como cuando enfrentó a la Ley de Punto Final, navegando en medianías: por un lado, se retomarán las críticas a las posiciones de la izquierda tradicional que, se dice, llamaba a Alfonsín, en los días de Pascuas, a “‘morir de pie, como le enseñó Salvado Allende’ […] ignorando –ingenuamente, creemos-, la catastrófica consecuencia de ese consejo” (LCF: 1987b, 2), del otro, también se impugnará a “la derecha, obstinada, [que] reclamaba una amnistía total que consagraría la impunidad y fracturaría la esencia misma de la democracia para culminar, tarde o temprano, en un golpe de estado” (LCF: 1987b, 2). La inscripción central del debate para una izquierda democrática gira en torno del interrogante “¿Dónde está el límite de lo negociable?”: así, la propuesta debía  dejar de lado esquematismos que proponen morir de pie o rendir pleitesía a los asesinos  “y hallar mediante la reflexión algunas respuestas que tiendan a vigorizar una democracia amenazada por la revancha” (LCF: 1987b: 2).

La segunda editorial, más larga, intentaba hacer un balance de la coyuntura crítica y del corto proceso de transición. Si los “sucesos de Semana Santa quebraron la inocencia de la transición” (LCF, 1987c: 3), en tanto revelaron en toda su profundidad que la república democrática no tenía Ejército y que la reforma de los actores y de la cultura autoritaria era mucho más complicada de lo previsto, también advirtieron “que el nudo principal de nuestros problemas no está en el conflicto entre gobierno y oposición acerca de temas puntuales, sino en la vulnerabilidad peligrosa del sistema democrático frente a una agresión de la derecha militar” (LCF, 1987c: 3). La editorial reivindicaba la clara

 actitud firme de la dirigencia renovadora, el vigor de su compromiso democrático, [que] permitió un alineamiento correcto de las fuerzas, impulsando de paso al partido de gobierno a elegir mejor sus verdaderos aliados dentro del peronismo para la defensa del sistema, aun cuando sean sus competidores electorales más peligrosos[34] (LCF, 1987c: 3).

 

Por último, llamaba a conformar y construir grandes consensos para problematizar el lugar de los militares en la naciente democracia –de cuya ausencia  sacó provecho el poder autoritario en las últimas semanas, y  las dificultades en promulgar una nueva Ley de Defensa era todo un signo; ni cierre, ni clausura esta era “una historia que recién comienza, pero ella es más seria y menos épica, más preocupada que inocente” (LCF, 1987c: 4). Al mismo tiempo se rechazaba sin matices y con contundencia, como se había hecho con el Punto Final, la pertinencia de la Ley de Obediencia Debida:

¿Qué autoridad moral podría tener una democracia que nace sobre el perdón a quienes asesinaron fríamente, a quienes desagotaron su sadismo en las torturas, a quienes violaron niñas delante de sus padres, a quienes consintieron y realizaron la práctica del botín de guerra? No puede haber obediencia que premie las vilezas (LCF, 1987c: 4).

 

En el mismo número y en el mismo sentido, la intervención de Sarlo “Y ellos avanzan”, intentará a un tiempo impugnar las opciones binarias y violentas de los militares –chantajeando al poder  democrático con desestabilizarlo- y las dificultades del bloque democrático para contrarrestar esa ofensiva: los principales puntos críticos se los lleva la orientación gubernamental que, dice

lanzó una propuesta porque considera que el poder militar no puede ser vencido con la movilización de las energías sociales que apoyaron la democracia en los sucesos de abril. De todos modos, ni siquiera una amnistía asegura que la voracidad militar quede satisfecha. ¿Qué exigirán mañana los caciques de la guerra? (Sarlo, 1987c: 6).

 

Con ánimo de recuento y balance de la realizado por la democracia desde el 1983 en adelante, y haciendo propio los razonamientos gubernamentales, Godio en el Nº 6 se lamenta que la problemática de la evaluación y el enjuiciamiento del pasado no  hubiese sido realizada por un sistema político con amplios vasos comunicantes y con capacidad de tejer acuerdos de largo plazo. Esta limitación fue producto de que el partido de gobierno no tenía con quien pactar y acordar, ante la reconstrucción del peronismo -y su lenta recomposición renovadora- y la propensión de los demás actores al cortoplacismo faccioso. Ante estas circunstancias atenuantes -y de lenta reversión, la obediencia debida representó “la única alternativa de menor costo” (Godio, 1987b, 10): pero constituye una solución solo coyuntural y no de fondo, en tanto ésta solo se podrá sustentar en la configuración de ese sistema político virtuoso que está aún por construirse.  Apuntando sobre todo a la estabilización del régimen democrático, como arco organizador de su intervención, ante las pullas que visibilizan una relación directa entre la ley votada, el retroceso del gobierno civil y el peligro de un golpe de Estado, el autor responderá que

la relación es justamente inversa. El golpe de estado requiere de condiciones que posibilitan o lo tornan necesario: la agudización de la crisis económica, la posibilidad de aparición de estallidos sociales, la brecha cada vez mayor entre sociedad política y sociedad civil, un aroma de desobediencia civil y social en la sociedad, etc.” [en tal sentido] “el peligro del golpe de un golpe de estado no deriva simplemente (con una relación causa efecto) del retroceso del poder civil frente al militar, sino de la emergencia de fenómenos incontrolados de orden social y político que conduzcan a ver tal retroceso como un elemento más de la imposibilidad del control estatal (Godio, 1987b, 10).

 

 La apuesta del autor será, entonces, por el largo plazo y por

 un enfoque que privilegia la razón por sobre la pasión. Pasiones sobran en este país, lo que falta es aceptar más plenamente la paciencia y el rigor con que deben encararse los problemas que plantea la instalación de una nueva racionalidad histórica (Godio, 1987b: 10).

 

La dinámica zigzagueante de las posiciones de la dirección de la revista respecto de este tema tendrá un nuevo capítulo en el Nº 10, el primero luego de la segunda rebelión carapintada –de enero de 1988, en cuartel de Monte Caseros-. En la misma no se rompió la cadena de mandos y el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, José Caridi, pudo rápidamente detener a los amotinados –nuevamente liderados por Aldo Rico-. El editorial se pregunta qué cambió desde esas Pascuas hasta este presente para que la rebelión haya sido sofocada rápidamente: “¿Será, quizás, que la aplicación de la Ley de Obediencia Debida aislaba a Rico reduciéndolo a la escala de un jefe faccional?”, el editorial parece responder afirmativamente, dado que consiguió que los comandos se quedasen mucho más solos (LCF, 1988: 2).

Nuevamente es la opción por una retórica realista y los ecos de ese weberismo ya transitado, los que asisten a complejizar los dilemas en principio disjuntos “entre el confort de la ética y la incomodidad del pragmatismo”, como elucubran. La respuesta, tímida, balbuceante, es que no atravesar esa tensión entre convicción y responsabilidad puede derivar en reproducir las lógicas de la izquierda clásica: “que conocemos muy bien, heredera del suave paraíso escrito de los dogmas”; para concluir que,

en medida de la delicada guerra de posiciones que el poder civil libra frente a los militares, la reciente crisis avaló de hecho –no de derecho ni moralmente- la necesidad de que hubiera un instrumento como la discutible Ley de Obediencia Debida (LCF, 1988: 2).

 

Si hacía unos meses la dirección se había preguntado, en los momentos en que el Parlamento en nombre de la juridicidad recuperada votaban por la amnistía para los perpetradores, cuál era el precio de lo negociable, la dirección de LCF lo parece encontrar en la necesidad de calmar los cuarteles, como condición necesaria para la continuación de la democracia.

El Nº 10 de la revista estaba siendo objeto de las usuales correcciones, a punto de salir a la venta, cuando el 17 de marzo de 1988 la dirección resuelve “modificar la estructura de la redacción” y realizar una ronda de consultas a sus miembros para articular una nueva forma de funcionamiento, adaptada, dice la circular que envía a los miembros del Comité Editorial, a la “nueva etapa de la revista que queremos iniciar con su número 11, de mayo de 1988” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). La nota interna, que trasmite decisiones unilaterales, está dirigida a los miembros del Comité Editorial y lleva como título: “A los compañeros del Comité Editorial de La Ciudad Futura”. Para que quede un registro de la requisitoria, pide que cada miembro del Comité presente por escrito su decisión de participar o no en esa nueva etapa, dada la redefinición en el funcionamiento y en la reorganización editorial que se quiere llevar adelante.

La propuesta propone diferenciar con nitidez tres instancias en la construcción de la publicación y que en su primer año y medio se encontraron mezcladas por la propia dinámica que tiene toda nueva empresa. La nueva estructura define “Una primera instancia referida al ente editor” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Representado por la dirección de la revista y que está realizando gestiones, dicen, para agilizar y expandir la tirada –pasar de 3 mil a 6 mil, y promover distintas instancias de discusión y difusión de sus contenidos-.

El segundo anillo estaría compuesto por un núcleo de redacción que acompañe la labor de la dirección. Se propone “adecuar el Consejo de Redacción a la situación presente, una vez producidas las modificaciones de hecho que dieron como resultado un núcleo redaccional efectivo,[35] que se reúne semanalmente y cumple las tareas de tal” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.).

La tercera instancia que la Dirección plantea reorganizar es la del “Comité Editorial”: advierte que en principio fue pensada como un núcleo de referencia de la revista, al que no se le pudo otorgar una finalidad concreta y una forma clara de funcionamiento. Ante esta circunstancia propone sustituir 

este organismo por otro nuevo, tal vez más reducido, que cumpliría las funciones de un “Comité Asesor”[36] (es el título que pensamos darle), que se reuniría mensualmente o bimestralmente, y cuya finalidad sería la de comentar contenidos, nuevas temáticas, evaluación del número publicado (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.).

 

La circular aclara que todas las entidades reorganizadas serían consultivas, dado que las decisiones editoriales “estarían reservadas exclusivamente para los directores” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C) de la revista.

Nuestro aporte empobrecería las dimensiones de los dilemas que atraviesa aquí LCF si solo anotáramos la dimensión organizativa del golpe de timón que la dirección quiere dar a la publicación. En rigor,  con la recomposición de la redacción en el Nº7 ingresaron al staff de la revista actores con recorridos y cosmovisiones empáticas y cada vez más cercanas con el proyecto y hasta la gestión cultural alfonsinista; el paso de Leis, que impugnaba sin matices las leyes del perdón, de la redacción al comité editorial, expresa un signo de esa dinámica. Por otro lado, no es casual que el intento re organizativo girara en torno del cuerpo donde se encontraban las disidencias más grandes con las políticas oficialistas y de la dirección: la minuta bajada por la dirección decide aquí, sin consultas previas y poniendo a sus interlocutores ante hechos consumados, cristalizar el proceso de homogeneización de la publicación.

La primera respuesta será la de Sarlo, el 22 de marzo de 1988: “mi decisión, dice, es dejar de pertenecer al comité asesor de LCF” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Admite una autocrítica en este año y medio por su “escasa participación en la elaboración de ideas para la revista, a la que sólo aporté, cada vez que se me pidió, artículos y comentarios” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C). Realizando un balance de la publicación en general, reconoce las políticas de traducción, actualización y de divulgación de ideas renovadoras en las izquierdas que se producen fuera del país; Sarlo dice, “me gusta el perfil de LCF, sobre todo en lo que hace a la difusión de materiales novedosos para la Argentina. Creo que es una excelente fuente de insumos en este sentido” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.), pero en cuanto a sus posiciones respecto a la política nacional, “LCF me gusta algo menos. Creo que hay temas críticos de la coyuntura política que no han sido abordados con el mordiente y el perfil de izquierda que una revista de cultura socialista debería proponer a sus lectores” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.). Igualmente, y llegando al meollo del asunto, le responde a la dirección que su renuncia a seguir participando en la publicación no se debe solo a cuestiones de tiempo y que comprende la propuesta, en tanto que,  

se entiende que si uno figura en tal organismo es para debatir inflexiones políticas que no son de detalle. Pero al mismo tiempo justo es reconocer que un consejo asesor no puede, en mi opinión, alterar significativamente las líneas trazadas por la dirección. Un consejo asesor aporta y discute ideas pero no puede convertirse en arena de discusión permanente (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.).

 

La respuesta de Altamirano tiene fecha del 31 de Marzo 1988. Aclara a la dirección que participó en el comité editorial desde el comienzo de la publicación porque consideraba que precisaba de amplios apoyos para dar sus primeros pasos y su firma ayudaba a brindar “la imagen de una solidaridad intelectual amplia con la iniciativa” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.). Pero estas circunstancias cambiaron porque hoy LCF,

cuenta con un reconocimiento que hace innecesario mantener esa forma exterior de apoyo. Por otra parte, no es una novedad para Uds., que desde hace un tiempo soy partidario de un sinceramiento en la composición del elenco de quienes figuran como integrantes en las diferentes instancias de la revista. Es decir, soy partidario se componga con los que trabajan regularmente por la aparición periódica (Fondo Biblioteca Aricó, UNC).

 

Unos días después, el 8 el abril,  Hugo Vezzetti responde que se tomó unos días en pensar su posición ante las nuevas circunstancias, pero que ha “resuelto comunicarles mi decisión de no participar en la redefinición proyectada” (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.). Reseña que en estos años,

mi participación efectiva en la tarea de hacer la revista ha sido la de un colaborador ocasional; y no veo que en el futuro próximo mi relación pueda ser otra. Siendo así, el sentido que pudo tener la inclusión de mi nombre en la etapa de lanzamiento (con apoyo al desafío de crear un órgano intelectual-político nuevo, crítico y abierto a las políticas transformadoras de la cultura y en lo político) desaparece en esta nueva etapa de crecimiento y consolidación que requiere de participantes más permanentes y comprometidos con el trabajo de la Dirección y la Redacción (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.).

 

Más escueto, y con una misiva escrita en cursiva del 28 de abril de 1988, José Nun dirá que no puede seguir participando activamente de la revista por,

mi situación personal, en este momento no estoy francamente en condiciones de asumir compromisos como los que esa restructuración con toda lógica plantea. Prefiero, por eso, dar un paso al costado, sin perjuicio de cualquier colaboración que pueda prestarles” […] pd: la circular pide una constancia escrita de cada respuesta y por eso me resigno a la inevitable formalidad de esta nota (Fondo Documental Biblioteca Aricó, U.N.C.).

 

Las diferencias en torno de cómo posicionar a la publicación respecto de las derivas oficialistas, las disidencias respecto a las leyes del perdón y las tonalidades miméticas de la línea editorial con las propuestas alfonsinistas muestran sus costos en este episodio revelador respecto de las dificultades que tuvo la publicación en amalgamar direccionalidades conjuntas de aquellos grupos que, allá por las postrimerías del régimen militar y desde los diversos exilios, elucubraran con segura esperanza la posibilidad del trabajo conjunto.

 

A modo de conclusión

 

El Nº 11 de LCF  no sale en Mayo, como preveía la dirección en su misiva, sino en junio. Allí se consagra la primera escisión de la familia “alfonsinista” que, agregados en torno del CCS, habían dado vida a la revista.  Todo el grupo nucleado en torno de la dirección de PDV (Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo y Hugo Vezzetti) dejan de pertenecer orgánicamente a la publicación y sus intervenciones se espaciarán cada vez más. Con vocación gregaria, compartieron desde la apertura transicional el horizonte fundacional representado por Alfonsín y entrevieron la posibilidad de forjar una publicación que acompañe la emergencia de la nueva Argentina, haciendo carne el pluralismo interpretativo que reclamaban para la izquierda democrática que pretendían. Empero, los itinerarios habían mostrado límites no dilucidados al comienzo del período y, a  dos años de iniciarse la publicación, la reorganización del staff buscaba homogeneizar los trazo en disputa dentro de los diversos círculos concéntricos que la animaban. Para quienes se desentendieron de su trayectoria, la amnistía, encubierta por los discursos de la razón de Estado, era el derrotero de una sumatoria de diferencias relevantes y constituía un más allá, un límite insalvable, detrás del cual no se encontraría la estabilización del proyecto fundacional de 1983, sino el trasluz sombrío de su ocaso.

 

 Bibliografía

 

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García, D. y Mercader, S. (2013) “Entrevista a Beatriz Sarlo”, Artepolítica, disponible en artepolítca.com

Godio, J. (1987a) “Lo que termina y lo que empieza” LCF Nº 4, marzo de 1987.

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La Ciudad Futura (1988) “Los militares ante la sociedad” LCF Nº 10, abril de 1988.

Leis, H. (1986) “Sobre el Punto Final” en LCF Nº3, diciembre de 1986.

Mercader, S. (2024) Punto de Vista. Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina, Siglo XXI.

Mocca, E. (2012) Juan Carlos Portantiero. Un itinerario político-intelectual (entrevista), Biblioteca Nacional.

Pucciarelli, A. (2006) “La República no tiene Ejército” en Pucciarelli, A. (comp.) Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Siglo XXI.

Sarlo, B. (1986) “Perfiles de un presidente”, LCF Nº 1, agosto de 1986.

Sarlo, B. (1987a) “Visiones de la cultura” Fin de Siglo Nº1, julio de 1987.

Sarlo, B. (1987b) “No retroceder” PDV Nº 30, julio-octubre de 1987.

Sarlo, B. (1987c) “Y ellos avanzan” LCF Nº 5, junio de 1987.

Solicitada “Sobre el Punto Final” en LCF Nº 4, marzo de 1987.

Solicitada “Por una argentina con futuro, contra una argentina oscura” en PDV Nº 30, julio-octubre de 1987.

Vezzetti, H. (1987) “La democracia posible” PDV Nº 30, julio-octubre de 1987.

 

Fondo Documental Biblioteca Aricó (U.N.C.)

 

Carta de Beatriz Sarlo a José Aricó, 2 de junio de 1982.

Carta de José Aricó a Beatriz Sarlo, 25 de junio de 1982.

Carta de José Aricó a Rafael Filippelli, 28 de junio de 1982.

Carta de Carlos Altamirano a José Aricó, 17 de julio de 1982).

Carta de Beatriz Sarlo a José Aricó, sin fecha (posiblemente mediados de noviembre de 1982).

Carta de la Dirección “A los compañeros del Comité Editorial de “La Ciudad Futura”, 17 de marzo de 1988.

Respuesta de Beatriz Sarlo a la Circular, 22 de marzo de 1988.

Respuesta de Carlos Altamirano 31 de marzo de 1988.

Respuesta de Hugo Vezzetti, 8 de abril de 1988.

Respuesta de José Nun, 28 de abril de 1988.

 

 

 

 

 

Recepción: 27/02/2026

Evaluado: 13/05/2026

Versión Final: 28/05/2026