Democracia ¿en Cuba? Algunos apuntes para romper el mito

 

Aliuska Brizuela Vega (*)

 

Resumen

 

El gobierno cubano insiste en que su sistema político es democrático. Sin embargo, al analizar las propuestas teóricas del politólogo Leonardo Morlino para comprender la calidad de dicha democracia, no solo encontramos una democracia sin calidad o deficiente que está en una lucha constante para mantenerse; sino que estamos frente a un régimen político en el cual las distancias económicas y sociales en la población aumentan abismalmente, en lugar de disminuir. Y donde el discurso oficial está totalmente divorciado de la realidad de los cubanos. La concentración de las riquezas; un control férreo sobre los medios de comunicación; la represión a la mínima disidencia; la concentración del poder ejecutivo, el judicial y el legislativo bajo la autoridad del Partido Comunista y, por ende, en manos de Fidel Castro/Raúl Casto/Miguel Díaz-Canel, son las principales características de un sistema que se autodenomina democrático pero que, en esencia, es incapaz de satisfacer los rasgos mínimos de una democracia. Está conclusión se basa en la observación de las dimensiones propuestas por Morlino (2009): Respeto a la ley, Rendición de cuentas, Capacidad de los gobernantes de dar respuesta a las demandas de los gobernados, Libertad e Igualdad.

 

Palabras clave: Cuba; Democracia; Gobierno Cubano; Leonardo Morlino.

 

Democracy in Cuba? Some notes to break the myth

Abstract

The Cuban government insists that its political regime is democratic. However, when analyzing the theoretical proposals of political scientist Leonardo Morlino to understand the quality of this democracy, we not only find a democracy lacking quality or deficient, which is in a constant struggle to maintain itself; but we are facing a political system in which the economic and social distances among the population increase dramatically, instead of decreasing. And where the official discourse is completely divorced from the reality of Cubans. The concentration of wealth; the strict control of the media; repression of the slightest dissent; the unification of the legislative power, judicial power, and political power focused on the Communist Party and consequently on Fidel Castro/Raúl Castro/Miguel Díaz-Canel, are the main characteristics we find in this political system that calls itself democratic but in reality, does not meet its basic features. This conclusion is based on the observation of the dimensions proposed by Morlino (2009): Respect for the law, Accountability, The ability of rulers to respond to the demands of the governed, Freedom, and Equality.

 

 

Key Words: Cuba; Democracy; Cuban Government; Leonardo Morlino.

Democracia ¿en Cuba? Algunos apuntes para romper el mito

 

Introducción

 

Históricamente, el gobierno cubano ha afirmado que su sistema político es un sistema democrático (Castro, 1992; Alarcón, 2003; Diaz-Canel, 2024). Partiendo de esta postura oficial, este ensayo tiene como objetivo central valorar la calidad de la democracia en el régimen político cubano actual a partir de cinco dimensiones enunciadas por Leonardo Morlino (2009, p. 187), empleando para ello un enfoque empírico.  Nos apoyamos en el investigador italiano ya que es uno de los politólogos contemporáneos más prolíferos y con sólidos presupuestos teóricos. Sus investigaciones abarcan las democratizaciones, las transiciones a las democracias y la calidad de estas últimas, además de sus relevantes aportes a la tipificación de los diversos sistemas políticos. Esto se debe, en gran medida, a que el contexto de producción de su obra está marcado por la transición del fascismo italiano a la democracia de posguerra, y con ello los cambios derivados en su sistema político.

Consideramos apropiado el marco analítico de Leonardo Morlino ya que este facilita el acercamiento a regímenes político que, aunque se autodenominan democráticos operan bajo lógicas opuestas, como es el caso que nos ocupa. Para el estudio cubano se vuelve aún más pertinente si tenemos en cuenta que estamos frente a un régimen que se ha perpetuado durante más de 65 años bajo las mismas lógicas.

El respeto a la ley, por ejemplo, que analiza Morlino y por consiguiente abordamos más adelante en este texto, nos permite comprender cómo las leyes cubanas están en función de proteger al partido único y criminalizar cualquier disidencia, lo cual tiene su máxima expresión en la Constitución cubana. En el caso de la accountability, el análisis de Morlino permite identificar las rendiciones de cuenta como una herramienta de legitimación del poder político, ya que carecen los canales para exigir responsabilidad y la claridad de los ciudadanos sobre sus necesidades, las dos principales bases que señala este autor. La dimensión responsiveness llega a perder sentido en Cuba, pues como explica Morlino la capacidad de respuesta está directamente ligada a una sociedad civil informada y activamente participativa y que en Cuba es prácticamente nula. Por tanto, teniendo en cuenta las propias palabras del investigador, estamos ante la decadencia de la responsiveness pues el gobierno se limita a controlar y no está obligado a responder demandas que él mismo construye. Con la libertad e igualdad, consideradas como dimensiones sustantivas centrales para comprender la calidad de una democracia, la propuesta de Morlino se convierte en una piedra angular para demostrar aquí si realmente existe esa democracia proclamada por el poder cubano.

Para este análisis partimos de la hipótesis central que el discurso del gobierno cubano se ha cimentado en la construcción de una historia ilusoria —la versión de los ganadores—; en la manipulación de la información reproducida por los medios de comunicación masiva y en la represión a todo aquel que cuestione los “logros” de la revolución o represente una oposición a su gobierno. Y que un artículo como este solo pueda publicarse fuera de Cuba, es la primera prueba de ello.

Es preciso señalar que, debido a la complejidad del régimen político cubano, en nuestro estudio resulta imposible establecer un razonamiento estrictamente temporal y/o factorial.  No porque sea metodológicamente imposible, sino porque los cambios ocurridos en Cuba no representan una ruptura con el poder político. En toda instancia, cada ley, proceso y acción marcada en el tiempo se ha realizado para apuntalar y legitimar el régimen político. Por lo mismo, para llevar a cabo nuestro análisis es preciso una comprensión holística y multidimensional del fenómeno de estudio. No obstante, la mayoría de los sucesos citados ocurren entre 2019 y 2024.  Y precisamente debido a esa complejidad es improductivo cualquier intento de comparación del régimen cubano con algún otro sistema político.

 

Democracia: un acercamiento conceptual

 

La traducción más cercana de “democracia” sería “poder del pueblo”. Aunque esta traslación vocablo a vocablo queda en lo simple, pues no comprende la multiplicidad tras el término. Por ello, son varios los autores que han intentado conceptualizarla, desde los clásicos Platón y Aristóteles hasta investigadores más actuales que evidencia su evolución y complejidad; entre ellos Giovani Sartori (1957); Robert Dahl (1970) y más reciente Larry Diamond (2004). Sin embargo, es Leonardo Morlino quien, además de conceptualizar la democracia, propone cinco dimensiones para el análisis de su calidad, desde un enfoque empírico. La primera y segunda dimensiones son procedimentales, pues aluden directamente a reglas:  1) el rule of law tiene que ver con el respeto a la ley; y 2) la accountability, es responsabilidad, o sea, rendición de cuentas. Otra dimensión tiene que ver con: 3) la responsiveness, o reciprocidad. En otras palabras, aquí se refiere a la capacidad de respuesta del sistema y a la satisfacción de la ciudadanía y de la sociedad civil hablando en términos generales. En cambio, las dimensiones restantes son de carácter sustantivo: 4) el pleno respeto de los derechos que se pueden ampliar en la consecución de las diversas libertades; y 5) la progresiva ampliación de una mayor igualdad política, social y económica (Morlino, 2009, p. 187).

Además de la articulación de estas dimensiones, Morlino afirma que se debe tener en cuenta el contexto ante cualquier análisis de una calidad democrática. Así que partiendo de ese mandato analizaremos estas dimensiones en el caso cubano específicamente.

 

1.                  Respeto a la Ley

The rule of law o el respeto a la ley, como primera dimensión que señala Morlino, sobrepasa el respeto en sí mismo a las leyes existentes en un país pues también hace referencia a una administración eficiente, a la necesidad de un poder judicial independiente entendido como un sistema funcional de resolución de conflictos privados y públicos; además de incluir la ausencia de corrupción y criminalidad extendida, y la existencia de un sistema amplio y plural de información (2009, p. 12).

Según Morlino, el respeto a la ley puede estar presente en diferentes grados y formas. Pero una buena democracia debe cumplir con varias características: debe aplicar un sistema de reglas que refrende la igualdad de los ciudadanos y sus derechos, proscribir la existencia y acción de cualquier tipo de organización criminal, y eliminar la corrupción de los aparatos políticos, judiciales y administrativos. Entre otras condiciones definidas por Morlino se encuentran, además, la existencia de una burocracia civil, local y central, eficiente, competente y universalista en la salvaguarda de las leyes que, al mismo tiempo, se haga responsable en caso de error. Es indispensable disponer de una fuerza policial eficaz y respetuosa de las libertades y derechos. Y que, asimismo, se garantice el acceso igual y fácil de los ciudadanos a la justicia; una duración razonable del proceso penal y del contencioso civil o administrativo; e independencia plena del juez o del tribunal ante cualquier influencia de cualquier otro poder (Morlino, 2009, p. 191).

Hasta ahora se desconoce en Cuba la existencia de organizaciones criminales activas de grandes dimensiones. En cambio, no se cumple ninguna de las otras características: los derechos son solo privilegios de los ciudadanos a favor del gobierno; aunque no existen estadísticas oficiales sobre la corrupción, no encontramos información clara sobre los salarios, gastos ni intereses de los dirigentes; tampoco se realizan auditorías a los funcionarios públicos ni declaraciones juradas de patrimonio. Estos mecanismos, empleados en casi todos los países democráticos del mundo, no eliminan la corrupción, pero sí ofrecen datos transparentes y útiles para la ciudadanía.

La sociedad civil es reducida pues sufre represión; la policía responde a las órdenes del régimen; y similar sucede con los jueces y tribunales; las libertades son solo las permitidas por el régimen: no hay libertad de expresión, de manifestación ni de oposición. Ejercerlas conlleva pena de cárcel. En este sentido pueden señalarse las protestas del 11 de julio de 2021, tras las cuales resultaron detenidos más de 1.400 cubanos, bajo las acusaciones de atentar “contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista” (Fiscalía General de la República de Cuba, 2022). Esta misma institución informó en un primer comunicado que de ellos 20 personas fueran sancionados entre 5 y 10 años; y otros 10, entre 10 y 18 años.

La base de la ley del Estado monopolítico cubano es su constitución, la cual en primera instancia le da estatus legal al sistema socialista. La reforma constitucional de 2019 reafirmó el sistema unipartidista que de facto ya existía y establece en su artículo 3 que “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado” (ANPP, 2019). ¿Qué es pueblo?, nos preguntaría Ernesto Laclau (2025).

Esta reforma constitucional confirmó de jure al Partido Comunista de Cuba como partido único, martiano, marxista, leninista y fidelista; es la máxima autoridad política en la sociedad y del Estado (ANPP, Art., 5, 2019).  Por supuesto, pluralidad de partidos no es sinónimo de democracia. Pero la cantidad de partidos sí importa porque indica si el poder político está fragmentado o no fragmentado; disperso o concentrado; además de las posibles corrientes de interacción que ocurren entre diferentes fuerzas contenciosas (Sartori, 2005).

Por otra parte, sigue sin reconocer el derecho a huelgas ni manifestaciones públicas. En cambio, sí establece en su artículo 4 que: “Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución” (ANPP, 2019). Se legaliza así la violencia que de facto ya existía contra la oposición y que se volvió más brutal tras los sucesos del 11 de julio de 2021, cuando cientos de manifestantes se volcaron a las calles en varios puntos del país, como una reacción a la crisis económica, sanitaria y la ausencia de garantías individuales.

Aunque es cierto que esta reforma constitucional introdujo nuevas formas de propiedad, no reconocidas hasta el momento por el Estado cubano, solo significó un reajuste impulsado por Raúl Castro para garantizar el poder totalitario y marcar las pautas de decretos y leyes que vinieron posteriormente para legalizar todo tipo de represión; entre ellas la reciente ley de comunicación social, citada más adelante.

El coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, Raudiel Peña Barrios, concluye que:

De tal forma, la concepción de Cuba como un Estado socialista de derecho no permite la expansión del pluralismo político, no potencia la participación y no evita la repetición de la lógica totalitaria que afectó a los regímenes comunistas del pasado siglo. En el marco de los límites materiales establecidos por la realidad del sistema político cubano, no es posible que la categoría Estado de derecho desarrolle a plenitud los valores, los principios, las instituciones y las normas contenidos en ella. No lo permiten la concepción del «poder popular» y la posición hegemónica del PCC (Peña, 2024).

 

Por solo citar un ejemplo, la reciente ley de comunicación social establece como uno de sus principales objetivos fortalecer la democracia. Sin embargo, aclara en el artículo 13. 3 que los contenidos compartidos en el ciberespacio no pueden en ningún caso usarse con el propósito de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista. Tampoco es permitido que dichas publicaciones apoyen la agresión comunicacional contra el país; difamar, calumniar o “injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país” (ANPP, 2023). A simple vista estos principios parecen justos, incluso inocentes; sin embargo, la cuestión cardinal radica en lo que el gobierno cubano traduce bajo estos términos. 

Esta ley de comunicación es la primera de su tipo en Cuba. Su objetivo único es reglamentar la opinión pública y los contenidos que se consumen y producen en el país, pero se toma tantas atribuciones que no cumple ninguno de los requisitos que plantea Giovani Sartori en su Teoría de la democracia (1988): no es plural, no es autónoma, no es libre ni informada. Por ejemplo, regula los contenidos de los medios de comunicación masiva y del ciberespacio, al mismo tiempo que desconoce la existencia y derechos de los medios de prensa independientes, así como cualquier derecho de la ciudadanía a expresar su inconformidad respecto al gobierno y el Estado.

Dicha ley de comunicación es un ejemplo más de que el régimen político cubano monopoliza todo el poder sin dar lugar a la mínima oposición y sin permitir competencia ni competitividad, dos elementos básicos que señala Sartori (1988) y retoma Morlino (2009) como componentes básicos de un sistema político democrático.

Por otra parte, aunque es la primera ley de comunicación en el país, su contenido no es novedoso. En las muy conocidas Palabras a los intelectuales, Fidel Castro (1961) dejó claro que “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho”.  Y en este sentido, el intelectual cubano Alberto Roteta Dorado afirma que dicha frase es una evocación a la principal figura del fascismo italiano, Benito Mussolini, cuando dijo: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”; aplicada a la esfera cultural cubana (2015).

Esta máxima se impuso a toda disidencia y sobrevivió al propio Fidel Castro. Más recientemente lo ha recordado el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al manifestar que las calles, las universidades y Cuba son “para los revolucionarios” (2009).

Lo anterior se opone a los postulados de Robert Dahl (2009) y Leonardo Morlino (2009) cuando ellos afirman que un gobierno democrático tiene entre sus características fundamentales responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. En cambio, en Cuba se cumple lo que Morlino (2009) señala como la tendencia de recurrir a la ley para hacer valer los intereses de individuos o grupos económicos.

 

2.                  Rendición de cuentas

The accountability, o rendición de cuentas, se refiere en lo esencial a las instituciones y los mecanismos representativos que favorecen un control efectivo de las instituciones políticas por parte del ciudadano, o de la sociedad civil en sentido más amplio; y tiene dos exigencias como base. La primera es que los ciudadanos deben tener, ante todo, claridad de sus necesidades para hacer valer la responsabilidad de los gobernantes en relación con dichas necesidades. La segunda exigencia dicta que nadie fuera del propio ciudadano puede decidir cuáles son sus necesidades (Morlino, 2009, pp. 188-189).

En Cuba, la rendición de cuentas está reglamentada en el artículo 68 de la constitución. Este afirma que la actividad de los órganos estatales y de los funcionarios públicos son controladas por las masas populares. También que los elegidos deben rendir cuentas periódicamente y pueden ser revocados de su puesto por el mandato de los electores; así como que los órganos estatales se subordinan a los de mayor rango y les rinden cuentas a estos de su gestión (ANPP, 2019). Luego en los artículos 74; 75; 85; 99; 105; 106; 114; 115; 125 y 130 estipulan, respectivamente, la subordinación de las rendiciones de cuenta de los diversos órganos. También se establece en la ley que todas las sesiones son de carácter público, con excepción de aquellas se consideren de interés de Estado o que seas referidas al decoro de las personas (ANPP, 2019, Art. 80 y 107).

A pesar de ello, lo que realmente sucede es que tales reuniones de rendición de cuenta se convierten en espacios para legitimar y fortalecer al gobierno cubano. Aquí no hay lugar para el disenso ni los ciudadanos pueden cuestionar a los representantes del gobierno, algo que trae como posible consecuencia la represión en la comunidad, en el trabajo e incluso puede ser causa de cárcel. De hecho, cada vez es más visible el desinterés del pueblo en participar en las rendiciones de los delegados; mientras que en las de mayor jerarquía las intervenciones son programadas con anterioridad. Por solo citar un ejemplo, en la Asamblea de Rendición de Cuentas de los delegados del Poder Popular en 2024, específicamente en la circunscripción 80, perteneciente al Casino Deportivo de La Habana, los Observadores de Derecho Electoral en Cuba[1] encontraron solo 32 participantes de un total de 271 electores (2024).

Además de ser un acto institucional reducido a espacio formal “También se niega u obstaculiza de alguna forma la participación de las personas que se oponen abiertamente al régimen político, como son los casos de opositores, periodistas independientes y activistas y defensores de derechos humanos” (Peña, 2024).

Aunque en Cuba no existe la competencia política, la rendición de cuenta ocurre de manera vertical, caracterizada por su formalidad, periodicidad y por la relación de entidades desiguales políticamente, como son en este caso el gobernante y el gobernado (Morlino, 2009, pp. 194-195). Además, no existe la responsabilidad horizontal; no existe magistratura independiente ni otras instituciones públicas independientes, capaces de ejercer efectivamente los controles previstos por las leyes para que se desarrolle una rendición de cuenta efectiva. Por otro lado, la sociedad civil en Cuba es escasa, ya sea si la analizamos a partir de asociaciones, de la esfera pública o del contrato social. Y la poca que existe es obstaculizada o tiene prohibido participar en los procesos políticos. Asimismo, la participación de los ciudadanos no es autónoma ni basada en información plural, pues la narrativa de los medios oficialistas es unilateral. Lo anterior fue demostrado en un reciente análisis sobre el programa Con Filo, de la televisión cubana, el cual surgió como respuesta directa al activismo contencioso realizado en los espacios digitales. Aquí los autores dan cuenta de una narrativa unilateral, con apoyo de fuentes solo en consonancia con el discurso oficial, y que fundamentan la represión a los opositores cubanos (Pérez y Juárez, 2025).

Por tanto, se pierde así todo valor como instrumento garante para combatir la corrupción y el abuso del poder. A pesar de ello, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado en el período 2019-2025, aseguró durante el ejercicio de su cargo que este proceso de rendición de cuentas es uno de los fundamentos del sistema democrático cubano y una de las formas más eficaces de participación del pueblo en la gestión gubernamental (PL, 2024; Granma, 2024; Cubadebate, 2024).

 

3.                  Responsiveness

La tercera dimensión señalada por Leonardo Morlino para analizar la calidad de una democracia es the responsiveness, o capacidad de los gobernantes para responder o satisfacer las demandas de la ciudadanía; la cual tiene una estrecha conexión con la accountability (Morlino, 2009, p. 187).

Morlino indica dos formas en las que se puede medir empíricamente la responsiveness: conocer el nivel de satisfacción de los gobernados y una segunda que opera de manera más indirecta es midiendo la brecha política entre los gobernantes y los ciudadanos en determinadas policies; en ambas opciones destaca la importancia de la legitimidad que se le confiere a dicha democracia. En este sentido, cobra mayor relevancia la difusión del apoyo a las instituciones democráticas, garantes de la igualdad y la libertad. La amplificación de este apoyo mostraría también la satisfacción de la sociedad civil y su percepción de la responsiveness; lo cual debería conllevar a distintas formas de participación política (Morlino, 2009, pp. 198-198).

Sin embargo, las instituciones cubanas son todas de carácter gubernamental, abiertamente favorables al gobierno. Los medios con poder de difusión también son gubernamentales, y las pocas encuestas que se lleven a cabo de cualquier tipo son realizadas por personal del gobierno.

Aunque con el auge de internet en Cuba han surgido varios medios y sitios on line independentes, el acceso a la mayoría de ellos está prohibido dentro del país. Además, muchos operan desde el anonimato para evitar la represión del gobierno; tal es el caso de El Toque, CiberCuba y OnCuba, por solo citar los más populares.

Según Morlino (2009), el desinterés y la falta de capacidad de los gobernantes para responder a las necesidades y deseos de los ciudadanos es también decadencia de la responsiveness. En este aspecto, también podrían ser indicadores elocuentes la desconfianza en las instituciones públicas, en el sistema legal y la policía y las fuerzas armadas, pues todas ellas responden en primera, segunda y última instancia al gobierno cubano.

Asimismo, la corrupción, la parcialidad de la ley, la discriminación y represión de ciudadanos opositores al gobierno cubano son resultados directo de una mala responsiveness y a la vez conectan con la falta de garantía de the rule of law, lo cual refuerza la postura anterior de que la garantía de la ley antecede a otras necesidades y deseos (Morlino, 2009).

El éxito en la dimensión responsiveness proviene de una sociedad civil organizada (que cuenta con estructuras intermedias fuertes y activas), que sea independiente del gobierno, que se mantenga informada y que participe en los procesos de rendición de cuentas. Son las mismas que Morlino señalaba para la accountability (2009, p. 200); es decir, estructuras e instituciones que no existen en Cuba.

En resumen, para analizar a profundidad la calidad de una democracia es preciso evaluar cada una de estas dimensiones y el escenario resultante de su interrelación. En palabras de Morlino:

El rule of law en sus diversos aspectos permite concretamente el ejercicio de la accountability; mientras que una efectiva accountability permite mejorar el sistema legal y su respeto: el rule of law es una premisa y esta, unidas a su vez, es un presupuesto importante para alcanzar un juicio de accountability. Finalmente, una reflexión sobre las condiciones centrales enunciadas muestra que para llevar el peso de la realización de esas dimensiones hace falta una sociedad civil democrática, participativa y dotada de los recursos culturales y económicos son indispensables para la realización de las dimensiones analizadas (2009, pp. 200-201).

 

Es importante señalar que en el último examen periódico universal de derechos humanos, los miembros de la ONU recomendaron al gobierno cubano poner fin a su sistema unipartidista, garantizar el derecho a la asociación pacíficas y a la libertad de reunión, también se aconsejó respetar la libertad de opinión y expresión, liberar a todas las personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica (Salvia, en CubaNet, 8 de julio de 2024). Todas estas indicaciones, más una treintena de índole similar, fueron ignoradas por el Estado cubano.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha mostrado preocupación sobre la participación política de las mujeres cubanas, la falta de perspectiva de género en las políticas y programas gubernamentales y las barreras que obstaculizan el acceso adecuado a la justicia, entre otros aspectos que impiden una vida libre de violencia (Cubalex, 1 de noviembre de 2024); en un país donde ni siquiera está tipificado el feminicidio, a pesar de su aumento.

 

4.                  Libertad e igualdad

Ambas son las dimensiones básicas, según Morlino (2009), para estudiar la calidad de una democracia. Desde finales del siglo XVIII, igualdad y libertad son símbolos de los ideales democráticos y, por lo tanto, no sólo representan el núcleo de una definición, sino que deben ser analizados en profundidad. En este sentido, el investigador retoma de otros autores los derechos fundamentales que deben promoverse en una democracia. En primer lugar, destaca los derechos políticos, como la potestad de elegir y ser elegidos para cargos públicos (Morlino, 2009, p. 202). Aquí es preciso recalcar que desde 1959 en Cuba no existe competencia política. Desde entonces el gobierno cubano ha negado u obstaculizado los derechos políticos a los ciudadanos que se oponen su sistema. Las citaciones policiales sin motivos, el corte de internet y el sitio de las viviendas de los opositores son algunos de los más denunciados en las redes sociales online y en los medios de prensa independientes.

En segundo lugar, Morlino retoma derechos los civiles esenciales:

Son derechos civiles esenciales los relativos a la libertad personal, la defensa, la privacidad, la libertad de domicilio, la libertad de circulación y de residencia, la libertad de emigración, la libertad y el secreto de la correspondencia, la libertad de manifestación del pensamiento y de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad de prensa e información y, además, la libertad de reunión, de asociación y organización, también política, y sindical (Morlino, 2009, pp. 202-203).

 

En tercer lugar, Morlino (2009, p. 203) recupera de Giddens (1973) los derechos civiles económicos. Entre ellos, los derechos de propiedad, de iniciativa económica, los derechos relativos al puesto de trabajo, a una retribución justa, al descanso y a la libertad de negociación sindical.

En Cuba todos los medios de prensas pertenecen al gobierno y responden al PCC; no existe libertad de expresión ni asociación; la enseñanza toda es gubernamental y solo en favor del gobierno (Díaz-Canel, 2009). De igual modo, aunque en sus estatutos se autodefine como una organización democrática, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) funciona como una extensión del partido único, pues lo reconoce “como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase trabajadora”. Los sindicatos de trabajadores tienen entre sus objetivos centrales “salvaguardar la independencia, la Revolución y el socialismo…, “guiados por la ideología marxista–leninista, martiana y fidelista”. Igualmente, reglamentan la participación activa en “los programas de la Revolución, en todos los planes y acciones que de ellos se deriven”, y “Fomenta entre los trabajadores el amor a la patria socialista y la participación en la defensa de la soberanía e identidad nacional” (CTC, 2019).

Los cubanos atraviesan hoy la crisis económica más dura de su historia, lo que llevó a Alejandro Gil Fernández, titular de Economía y Planificación, a declarar el país como “un escenario de economía de guerra” (Mesa Redonda, 27 de diciembre de 2023). En medio de apagones, inflación y carencias de alimentos y medicinas los ciudadanos tienen una diferenciación de estatus económico cada vez más notable. Este fenómeno es más visible en las zonas rurales, en primer lugar por tener menos opciones laborales, por la migración a las ciudades y por poseer menos industrias (ONEI, 2024), lo que deja en tela de juicio los principios del sistema socialista implementado en el archipiélago caribeño.

Aunque el gobierno señale como causas principales de esta crisis económica el “bloqueo”[2] de Estados Unidos a Cuba, la falta de divisas y de combustibles; lo cierto es que dicha crisis es el resultado de la forma en que se ha manejado durante años la economía nacional y local; de la dependencia histórica de otros países —primero la antigua URSS, luego de Venezuela y también en gran parte de China y actualmente de Rusia—; y de la escasa transparencia en la gestión económica.

Sumémosle a ello la alta dependencia de las remesas provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Según Havana Consulting Group, en el 2023 Cuba recibió $1,972.56 millones de dólares proveniente del país con el cual sostiene un diferendo político que se ha traducido periódicas crisis diplomáticas y acusaciones entre ambos. No obstante, se debe resaltar que los casi dos mil millones de dólares mencionados por Havana Consulting Group solo consideran las remesas familiares, es decir, la cifra deja fuera otras formas de pagos desde el exterior como alimentos, gas, electricidad… y tampoco contabiliza el dinero enviado de manera informal.

El desmantelamiento de los centrales azucareros fue otra de las decisiones cuestionables tomadas por el gobierno cubano. Según un análisis del sitio especializado Tecnicaña (2024), “Entre 2002 y 2004, Cuba redujo sus centrales azucareros de 156 a 61 (actualmente quedan 56), eliminando más de 100.000 puestos de trabajo y disminuyendo la superficie de cultivo de caña de azúcar”.

El efecto de esta medida impulsada por Fidel Castro fue casi inmediato. Cuba pasó de ser uno de los mayores exportadores de azúcar a importarla. Como consecuencia, en el mercado negro hoy medio kilogramo de azúcar cuesta aproximadamente 300 pesos, cuando “el salario medio del país ascendió en el primer semestre de 2024 a 5750 CUP mensual y en el sistema empresarial el promedio mensual fue de 5 955 CUP” (Pérez, en IPS, 8 de agosto de 2024).

Pero la consecuencia no solo radica en el área económica. La pérdida de los centrales rompió con dinámicas socioculturales de comunidades enteras, las cuales tenían el central como núcleo de su entorno; llevando a algunas a convertirse en pueblos prácticamente fantasmas; tales como Hershey en Santa Cruz del Norte; Los palos, en Nueva Paz o Diez de Octubre en Ranchuelo.

Por otro lado, la existencia de un mercado negro paralelo que comercializa todo tipo de productos por inimaginables que parezcan, a un precio descabellado e inestable, siempre en alza; la concentración del poder económico; el deterioro de los principales parámetros de calidad de vida como la alimentación, la salud y la vivienda; la diferenciación entre el salario nominal y el salario real son algunos de los factores que determinan la actual crisis económica en Cuba. Pero sin lugar a duda el rejuego de monedas en el país siempre tiene en jaque mate a la población.

Mientras los cubanos perciben su salario en pesos cubanos, la mayoría de los productos solo pueden ser adquiridos en las tiendas MLC; última denominación del gobierno para sustituir el CUC[3], que solo opera de manera virtual y es válida únicamente en tiendas e instituciones estatales. El MLC tiene una correlación aproximada con el USD de 1 por 1, aunque los dólares físicos no son recibidos en dichas instituciones; y tampoco puede extraerlos en efectivo una vez sean depositado en una cuenta MLC (Cubadebate, 13 de abril de 2023).

Además de ello, el Estado cubano no garantiza una oferta estable de productos de primera necesidad: alimentos, aseo, ni siquiera los medicamentos. Simultáneamente, mientras el embargo/bloqueo es tomado como una justificación, resulta bastante común encontrar productos norteamericanos en las tiendas estatales y a la inversa, encontrar productos cubanos en comercios norteamericanos:

El repunte de 15927 % en la compra de huevos de EE. UU entre enero y octubre de este año en comparación con el mismo periodo de 2023 evidencia la aguda escasez de este producto en Cuba. El incremento de 3956 % en la importación de carnes de res y ternera, 271 % de puerco y 132 % de azúcar también desmontan el relato del régimen sobre el supuesto bloqueo de Washington a la isla (Martínez, en PanamPost, 7 de diciembre de 2024).

 

Varios medios de comunicación confirman la exportación/importación de diversos productos entre Cuba y Estados Unidos; entre ellos CubitaNow, Martí Noticias, Diario de Cuba; El Nuevo Herald, entre otros. 

En septiembre 2024 Estados Unidos exportó $44,8M e importó $35,4k desde Cuba, resultando en un balance comercial positivo de $44,8M. Entre septiembre 2023 y septiembre 2024 las exportaciones de Estados Unidos sufrieron un incremento por $17,7M (65,4%) desde $27,1M hacia $44,8M, mientras que las importaciones sufrieron un decrecimiento por $-640k (-94,8%) desde $675k hacia $35,4k (OEC, 2024).

 

Muchos de estos productos son comercializados en los pequeños negocios privados, lo que nos invita a preguntarnos quién en Cuba tiene el poder y el dinero para importar y comercializar a gran escala.  Interrogantes similares también recaen sobre la salud y la educación públicas, dos áreas de las cuales la revolución cubana se ha jactado históricamente. En ambas salta a simple vista la depauperación de las instituciones, la renuncia de profesionales y las carencias de materiales e insumos. Todo esto a pesar de que ambos sectores ingresan mensualmente millones de dólares por concepto de la contratación internacional e investigación.

Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagó un total de 23 millones 241 156 de euros a la corporación privada Comercializadora de Servicios Cubanos por la contratación de un grupo de doctores cubanos que arrivaron a México para atender a derechohabientes y no derechohabientes del servicio de salud pública (Salgado, en El Universal, 21 de septiembre de 2024).

Si, según el ministerio de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas, México es solo uno de los 56 países donde Cuba comenzó con misiones en médicas en el 2023, resulta válido preguntarse dónde y para qué se utilizan estos millones.

Regresando a Morlino, retomamos el último grupo señalado por este investigador, el cual abarca a los derechos sociales:

…el derecho a la salud o a la integridad psicofísica, el derecho a la asistencia y la seguridad social, el derecho a un trabajo, el derecho a niveles dignos de vida, el derecho de huelga, el derecho al estudio, el derecho a un medio ambiente saludable y, más en general, el derecho al ambiente, y a la consiguiente tutela ambiental, el derecho a la vivienda (2009, p.  203).

 

Es mediante los derechos sociales que se atenúan las desigualdades. Pues una buena democracia debe traspasar la igualdad formal para llegar a una igualdad sustancial. Sin embargo, aunque la igualdad formal “tiene que ver tanto con la igualdad frente a la ley como con la prohibición de discriminaciones por razones de sexo, raza, lengua, religión, opinión y por condiciones sociales y personales” (Morlino, 2009, p. 204); como hemos intentado demostrar en este texto, esta igualdad no existe para aquellas personas en desacuerdo con el gobierno.

La igualdad sustancial se refiere a la supresión de las barreras que limitan la igualdad social y económica y, por lo tanto, el pleno desarrollo de las personas y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país (Morlino, 2009, p. 204).

El costo de estos derechos es alto. Pero más allá de ello, en Cuba es comprobable que no se eliminan estos obstáculos; también que se han creado mecanismos y leyes para garantizar que aquellas personas que no estén de acuerdo con el gobierno no gocen de esta igualdad. Por solo citar un ejemplo más, en el 2009 Miguel Díaz-Canel, entonces ministro de Educación Superior, patentizó que las universidades son solo para los revolucionarios[4]. Tampoco es posible acceder a determinados empleos, aunque se cumpla con todos los requisitos, si no eres ideológicamente idóneo o políticamente correcto, los dos términos que se utilizan en Cuba; ni desempeñar cargos públicos. Incluso se obstaculiza el voto -el derecho político por excelencia- a los disidentes sitiándolos en casa o apresándolo durante ese día para que no puedan ir a votar, como han informados varios medios independientes como El Toque, 14 y Medio, OnCuba, por solo citar algunos.

Todos estos derechos están recogidos en la constitución (ANPP, 2019) y en diversas leyes y normativas cubanas. Pero como bien afirma Morlino el problema no radica en entender e identificar esos valores. El problema es su realización (2009, p. 205).

En síntesis, esta contradicción entre lo que estipula la ley y lo que se aplica en la práctica, demuestra un problema de legitimidad del gobierno cubano porque, en primer lugar, cuestiona su responsabilidad política y, en segundo, demuestra la discriminación y represión constante a ciudadanos que no están de acuerdo con el establishment. Además, es notable cómo se manifiesta el vínculo de la libertad y la igualdad con la responsabilidad y a la responsiveness. Y cómo las dos primeras requieren el respeto a la ley y la eficiencia y eficacia de políticas gubernamentales.

 

Conclusiones

 

En este artículo intentamos analizar la calidad de la democracia en el sistema político cubano, partiendo de la postura gubernamental de que Cuba sí es un país democrático. Para realizar dicho análisis empleamos las cinco dimensiones ofrecidas por Leonardo Morlino (2009).

El resultado es que no solo encontramos una democracia sin calidad, o deficiente, que está en una lucha constante para mantenerse; sino que estamos frente a un régimen político en el cual las distancias económicas y sociales en la población aumentan abismalmente, en lugar de disminuir. Y donde el discurso oficial está totalmente divorciado de la realidad de los cubanos. La concentración de las riquezas; el férreo control de los medios de comunicación; la represión a la mínima disidencia; la unificación del  poder político, legislativo y judicial bajo la única autoridad Partido Comunista y, en consecuencia, dependiente del mandato unipersonal de Fidel Castro/Raúl Castro/Miguel Díaz-Canel, son las principales características que encontramos en este régimen político que se autodenomina democrático.

En conclusión, el análisis —tanto empírico como teórico— de la calidad democrática en Cuba resultó que tal democracia vociferada por el gobierno incumple con los requisitos mínimos para ser considerada como tal, develando un mito construido desde el poder. El análisis reveló además un sistema político de partido único, con un férreo control sobre los medios de comunicación; sin división de poderes ni equilibrio, y con una fuerte represión sobre la disidencia que ha quedado ya justificada en ley.

Por lo mismo, se abren otras líneas de investigación: ¿Cómo podemos tipificar al régimen político cubano? ¿Cuál es el alcance de su sociedad civil? Son algunas de las interrogantes apremiantes que darán lugar a nuevos análisis. 

 

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Recepción: 04/10/2025

Evaluado: 22/11/2026

Versión Final: 14/03/2026