Introducción al Dossier: Notas sobre género y política en el ámbito municipal

 

Adriana Valobra (*)

 

 

La historia de las mujeres y género se ha desarrollado de modo singular en las últimas décadas en nuestro medio, pero un examen de su recorrido permite concluir que todavía resta mucho por investigar. En efecto, aunque en años recientes se han incrementado los trabajos académicos que abordan la condición femenina en diferentes momentos históricos, nos enfrentamos con un déficit de análisis en distintas regiones del país y períodos históricos. En particular, existen vacíos importantes o desbalances analíticos notables en lo referido a votar, representar y participar en el nivel municipal.

En los apartados que siguen delinearé algunas claves que, sin pretensión de exhaustividad, recorren ciertos problemas vinculados a la definición del nivel municipal y a la temática de género. Estos aspectos permiten contextualizar los debates en los que se inscriben los artículos que conforman el dossier que serán presentados en el tercer y último apartado.

 

Administración y política en el nivel municipal, género en los márgenes

 

El estudio del nivel nacional ha tenido preponderancia en la historiografía, lo que generó desbalances analíticos. Por un lado, la primacía del nivel nacional valoró más las discusiones e hitos en ese ámbito fuertemente vinculado a la historia de la ciudad de Buenos Aires, que se convirtió en medida de la historia nacional notificándose con ella (Ortiz Bergia, 2014; Leoni, 2013). Con ello, hizo extensiva la caracterización de diversos procesos acaecidos en ese espacio a otras realidades o suponiendo que sólo la historia de las instituciones nacionales tenía relevancia. Al refutar el “centralismo historiográfico”, los estudios más situados desde lo regional ganaban en precisión, pero se perdía la discusión con esa historia nacional o en debates globales y se diluía el carácter histórico-cultural de la región, que se mantenía naturalizada e inmutable o coincidiendo con delimitaciones político administrativas que poco explicaban el rico universo de relaciones que las excedían (Leoni, 2013, p. 47; Ortiz Bergia, 2014, p. 85). 

Desde hace varias décadas, por lo tanto, asistimos a una complejización del juego de escalas que revalorizó la región como constructo sociohistórico espacial y que, como señalan algunos estudios sobre sus producciones inscriptas en este campo, se proponen repensar la interrelación entre lo nacional y lo regional para lograr hacer síntesis, a la vez, de la producción que aborda esa gran variedad (Bandieri y Fernández, 2017, pp. 9 y 10).

Todo este proceso revitalizó también la mirada sobre lo provincial y lo municipal que, en cierto modo, fue a la saga. Andújar y Lichtmajer (2021, p. 4) afirman que se ha pensado la historia regional y local conjuntamente pues comparten “el juego de escalas, la problematización del espacio como categoría de análisis, la reposición de la capacidad de agencia de los sujetos y la reacción contra una historiografía pretendidamente nacional”.

Ello requiere confirmar la decisión metodológica que implica la delimitación espacial y definir el enfoque analítico, lo que supone que las investigaciones que privilegian estos enfoques están proponiendo tanto una ruptura teórica como un enfoque (Ortiz Bergia, 2014; Fernández, 2007; Andújar y Lichtmajer, 2021).

Con estos recaudos, podemos consignar que, conforme avanzaron estos estudios, se renovaron también las miradas sobre el nivel municipal. Se pueden delinear dos grandes líneas de interpretaciones sobre el nivel municipal que, asimismo, son dos grandes interpretaciones de la historia política en el ámbito local.^[1] Por un lado, se distinguen estudios que tendieron a analizar los debates sobre el papel del municipio como instancia exclusivamente administrativa o política y el modo en que fue cambiando las perspectivas a lo largo del siglo XIX y XX. Por otro lado, se registraron enfoques críticos de esa mirada que plantearon al menos dos cuestiones. Una, se refiere a que aquellas lecturas despolitizan lo municipal y confunden la tipología que delinea ese nivel de gobierno como administrativo, con las realidades históricas que evidencian el componente político de esas instancias. La otra cuestión que se señala es la porosidad de lo municipal a las luchas colectivas y a la definición de una ciudadanía permeada por criterios de delimitación más o menos amplios a lo largo del tiempo, es decir, aquello que la politizaba. Ambas vertientes aportaron reflexiones sobre el papel clave que el orden municipal jugó en la vida del gobierno provincial o nacional y la puja de poderes que hubo alrededor de ella. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el gobernador tenía la prerrogativa de designar a la autoridad municipal generando numerosas tensiones y vaivenes que evidenciaron la centralidad política del municipio y, al mismo tiempo, los cambios respecto de quiénes conformaban el electorado pone sobre aviso respecto de lo restrictiva o ampliatoria que podía ser la definición del sujeto político (Macor, 2011). Otros estudios rastrean los debates en distintos ámbitos municipales respecto de la inclusión de extranjeros en el padrón y los recaudos que se generaron sobre esa posibilidad (Cibotti, 2000).

Los estudios sobre los territorios nacionales –entidades creadas en 1884 por la Ley Nº 1532, de Organización de los Territorios Nacionales– también presentan dos líneas interpretativas respecto del alcance del municipio. Una, es la que subraya el espíritu de la ley de inspiración saenzpeñista al insistir en que esta no escatimaba la posibilidad de la vida electoral, sino que, más bien, la difería a la espera de que esas poblaciones alcanzaran el número estipulado por la ley. Consideran que, en realidad, quienes habitaban los territorios nacionales no eran excluidos per se, puesto que, si vivieran fuera de esos ámbitos, nada les impedía el ejercicio electoral. Agregan, además –incluso a contrapelo de los abundantes ejemplos que brindan– que no hubo un movimiento sufragista organizado puesto que quienes habitaban los territorios nacionales aceptaban la situación (Gallucci, 2021). Por otro lado, otra vertiente mayoritaria en las interpretaciones existentes, consigna que el modo en que la construcción de la ciudadanía se dio en esas instancias dependientes del gobierno nacional fue la exclusión y la tutela (Ruffini, 2008). Waldo Ansaldi señaló que los territorios nacionales coincidían con una población de mayoría indígena que pasó de la resistencia a la supervivencia en unas pocas décadas a falta de una efectiva política de adaptación-integración. La nacionalidad argentina en esos territorios no garantizaba la ciudadanía y se negaba “la existencia de las naciones toba, mocoví, araucana”, con lo cual, “la exclusión social se acentúa con la exclusión política (…) El Estado central no se plantea, entonces, tomar ciudadanos argentinos -en pleno uso de sus derechos civiles y políticos- a los indígenas” (Ansaldi, 1999, p. 21). Ello se basa en que en la práctica no podían participar en elecciones provinciales o nacionales toda vez que aun cuando alcanzaron el número exigido, vinculado a la posibilidad de provincialización, se postergó el ejercicio de aquella facultad. Esto, además, coincide con otro elemento relevante para pensar el ámbito municipal: si bien en los territorios nacionales existió la posibilidad de una vida electoral en ese ámbito, las delimitaciones del alcance de quienes podían votar fueron constantes y modificaron las reglas una y otra vez, como demuestran varios estudios y tal como recoge en este dossier, Edda Lía Crespo.

Dos, se advierte que “la política municipal fue el único ámbito de participación directa con que contaron los habitantes de los territorios nacionales, por lo que los municipios territorianos fueron considerados ‘escuelas de gobierno propio’. Así, la constitución del ciudadano se produjo en el ámbito municipal, dentro del marco normativo de la ley 1532” (Leoni, 2004, p. 2). Pero la intervención municipal fue una práctica común del gobierno nacional cuando existían posiciones críticas de la gestión oficial.

Estos estudios, entonces, logran poner foco en la diversidad de situaciones no contempladas cuando sólo se mira el nivel nacional y discute algunas interpretaciones existentes que generalizan los alcances de las normativas, o consideran universales la definición de ciudadanía, o unívocos distintos procesos históricos. Sin embargo, en conjunto, han tenido poca atención en la relación entre historia política y género.

 

Género y política en el municipio, de los márgenes al problema de investigación

 

El déficit investigativo que señalamos en el apartado anterior, no puede atribuirse exclusivamente a una tendencia del campo a construir el relato histórico centrado en el sujeto masculino. Existen abundantes indagaciones sobre las mujeres en la instancia regional o provincial, a veces municipal, en torno de cuestiones sociales y económicas así como también, a su actuación e influencia en la esfera pública y su rol político, entendido este como influencia y accionar por fuera de las instituciones.^[2] El desarrollo de la historia de las mujeres se conectó con esas líneas de investigación suponiendo que se había escrito mucho sobre el sufragio de las mujeres y se ocupó de dinámicas más cercanas a la sociabilidad o a las acciones políticas por fuera de los marcos normativos-institucionales. Es decir, rehuyó de enfocarse en instancias vinculadas a una institucionalidad política. Sin embargo, la historia de las mujeres, si bien en un primer momento desarrolló indagaciones sobre el sufragismo local y se delineó un mapa de quiénes lideraron el movimiento y qué grupos lo reclamaron, relegó otros aspectos del sufragio femenino antes del peronismo.^[3] Como veremos en el siguiente apartado, ello dejó una cantera abierta para comprender el voto femenino provincial en San Juan y, asimismo, el municipal en San Juan y Santa Fe o incluso otros casos menos explorados.

Asimismo, la representación femenina nacional y provincial ha sido mucho menos transitada en las indagaciones históricas y son pocos los aportes sistemáticos sobre el tema sin haber logrado convertirse en un campo temático delimitado como sucede con las investigaciones sobre cupo y paridad. Algunas obras evidencian las diferencias y similitudes en el modo en que se llevaron adelante las experiencias representativas en instancias provinciales y nacionales (Zink, 2001; Peláez y Valobra, 2004); otras, hacen hincapié en las biografías y trayectorias de quienes accedieron a los espacios legislativos (Zink, 2001; Peláez y Valobra, 2004; Tejerina y Quiñones, 2004; Barry, 2009; Valobra, 2010; Novoa de Jover, 2011; Novoa y Valesini, 2014; Valobra, 2013). Finalmente, otros estudios han comenzado a plantear una discusión respecto de qué implicancias tuvo la llegada de las mujeres al ámbito legislativo. Para ello, exploran la lógica especular utilizada muchas veces como argumento para fundamentar la llegada de colectivos femeninos a las legislaturas: las mujeres harán leyes para las mujeres. En ese caso, las indagaciones encuentran que, si bien existen formas generizadas de ejercer la representación (Peláez y Valobra, 2004; Urquiza, 2005), la relación entre quiénes formulan las propuestas de ley y el tipo de ley que proponen no se constata (Urquiza, 2005; Gorza y Valobra, 2018 y 2022, Gorza, 2022).^[4] Estas indagaciones abren todavía vetas promisorias para explorar la acción femenina en la representación tanto en lo vinculado a las candidaturas donde hay algunos aportes sobre Angélica Mendoza (Becerra, 2020) y casos de singular relevancia que aguardan profundización como el de Emar Acosta -primera legisladora electa en Argentina en la provincia de San Juan.

Lo planteado evidencia que se ha generado cierto vacío temático en relación el voto y la representación municipal de las mujeres. Este aspecto ha comenzado a tener relevancia en las indagaciones donde los estudios de historia local o regional no habían considerado, o habían tratado de modo marginal la posibilidad electoral o representacional municipal para las mujeres desconociendo, incluso, cómo fue jalonada. Su abordaje es relevante mencionar esos aportes en los que se inscribe este dossier ya que son referencias respecto del estudio del sufragio y la representación municipal de las mujeres.

Por un lado, siguiendo los aportes de estudios locales, San Juan resulta un espacio neurálgico. Un debate reciente colocó el centro de atención en la reforma constitucional de 1927 que permitió que las mujeres votaran en el nivel provincial a partir de abril de 1928. Ciertas posiciones atribuyen a la reforma una visión organicista; y otras, que sus pilares se apoyaron en ideas feministas y socialistas.^[5] Interpretaciones tan disímiles sugieren la necesidad de un trabajo más sistemático sobre las fuentes y desarrollos argumentales más precisos que pongan en debate los resultados de investigación.

Esos debates sobre San Juan y el voto femenino provincial apenas si mencionan lo que bien podría considerarse un antecedente como es el voto femenino en el nivel municipal. En este sentido, existe un debate larvado que se ha puesto recientemente en evidencia respecto de en qué contexto lograron las mujeres votar. Los estudios que se recuperan para dar forma a la polémica son textos que hicieron contribuciones de corte político institucional significativas. Se debate si el sufragio municipal fue concedido a las mujeres con la Constitución de 1856, la de 1878, la de 1911/12 o que fue Domingo Faustino Sarmiento quien lo impulsó; y se polemiza sobre los alcances de los términos ciudadano, contribuyente y habitante (Videla, 1956 y 1981; Ramella, 1981; Ramella de Jeffereis, 1982 y 1986; Gómez y Miranda, 2006; Solar, 2016; Goldwaser Yankelvich, 2020; Valobra, 2020 y 2023). Sin embargo, faltan estudios que permitan constatar con documentos las distintas interpretaciones que, hasta el momento, no resultan concluyentes (Valobra, 2020). Hasta el momento, en consecuencia, sigue consignándose a Julieta Lanteri como la primera mujer en votar en el nivel municipal (Bellota, 2001), aunque no es claro si lo fue en América Latina (Barrancos, 2002) y, como dijimos antes, no es claro en qué momento votaron en San Juan. El desconocimiento sobre el sufragio femenino municipal es tal que suele considerarse que fue suspendido en San Juan luego del golpe de Estado de 1930, cuando, en realidad las elecciones habían sido interrumpidas por la intervención federal ordenada por Hipólito Yrigoyen, pero luego se restituyó (Valobra, 2010, pp. 88 y 89; Salcedo, 1948). Tampoco la historia regional en el cruce con la de género ha aportado mayor información sobre Eva Araya Pocous de Collado quien, en 1928, se convirtió en la primera mujer al frente de un municipio en Calingasta, posiblemente, la primera en Argentina; tal vez, en América Latina.

El otro caso que no puede soslayarse es el de Santa Fe puesto que allí se consagró el voto femenino en el nivel municipal en 1927. Previamente, había sido discutido el voto municipal y provincial para las mujeres y se había considerado otorgar sólo el municipal en la Constitución de 1921, pero esta fue vetada (Blanco y Delfonte, 2014; Videla, O., 2019; Giordano, 2019; Valobra, 2021). Esta práctica de sufragio la realizaron de manera continua e, incluso, fueron electas mujeres para la representación municipal como Julieta Levaggi de Ginocchio, docente de 42 años y madre de dos hijas, electa para el Concejo de la comuna de Soldini por un partido independiente.

De lo expuesto, se deduce que aún tenemos un desafío para determinar con exactitud los hechos históricos que jalonaron una historia del voto municipal con perspectiva de género, incluso cuestionando algunas afirmaciones que aún no han sido contrastadas con documentación probatoria. Esto, a su vez, exige pensar problemas de investigación que no sólo complejicen los procesos históricos bajo estudio, sino que, además, logren impulsar nuevas interpretaciones a la luz de las nuevas investigaciones.

 

Visibilización y reinterpretación, abrir la agenda de investigación

 

Del recorrido previo se desprende que el dossier propuesto procura visibilizar y problematizar otros casos, algunos contemporáneos a estos, y dar relieve no sólo a los debates sobre el voto femenino sino también a algunas mujeres que alcanzaron un lugar en la representación de los concejos deliberantes.

En ese sentido, dos de los artículos de este dossier -el de María Marta Segura y el de Edda Lía Crespo- se proponen abordar, en las primeras décadas del siglo XX, un proceso de definición de sujetos políticos singulares en el que surge el reclamo por la consideración de las mujeres en particular, en relación con el voto.

María Marta Segura –en su artículo Alquimia y arcos voltaicos. El vecino alfabeto y la invención de las vecinas en el municipio de Tucumán (1915-1920)- nos ubica en el nivel municipal de la provincia de Tucumán. Allí, una importante tradición académica abonó a los estudios locales con énfasis, primero, en las cuestiones socioeconómicas y, luego, políticas, en la que los estudios de género fueron ganando lugar con aportes relevantes en relación a cuestiones étnicas, económicas, culturales y políticas (Entre otros, Cfr. Bravo, 2008; Bravo y Campi, 1995; Gutiérrez, 2016; Vignoli, 2019 y 2020; Crusco, 2020; Vignoli y Reyes de Deu, 2018). En conjunto, esos estudios consignan las tensiones de una sociedad traccionada por grandes emporios azucareros e industrias asociadas, con elites políticas estrechamente vinculadas con los grupos económicos, pero que conjugaban proyectos modernizadores que se tensaban con argumentos tradicionalistas respecto de los roles de género. Esas consideraciones se modulaban de distinto modo según clase, etnia y otras variables que se convertían en marcas de la subjetividad. Sin embargo, contra las imposiciones de género, clase y raza que buscaron ceñir a ciertos modelos las actuaciones femeninas, existían transformaciones que animaban a las mujeres a prácticas distintas de aquellas prescripciones. Así, su actividad como docentes, por caso, no sólo las ubicó en lugares de reconocimiento social y cultural, sino que también brindó oportunidades de organización e intervención política a través del Círculo del Magisterio (Cardozo y Pelli, 2018; Vignoli, 2020).

En ese devenir se inscribe el trabajo de Segura. La autora relaciona dos procesos. Por un lado, evidencia la delimitación más excluyente que significó la definición del votante municipal masculino en función de la educación y no de la contribución como había sido hasta entonces. Si la contribución excluía, la educación reducía aún más el universo de votantes. En efecto, en una provincia con un alto porcentaje de personas analfabetas, se incorporó un criterio excluyente como la alfabetización contra el criterio de contribuyente que, incluso, podía ser más amplio.

En ese sentido, la discusión sobre el voto municipal de las mujeres aparece en un contexto que acota el voto de los varones. Esa demanda no era nueva en la provincia. De hecho, en la prensa tucumana del siglo XIX se expresaron abiertamente en el periódico La Mariposa (Johansson, 2018) y, en el contexto bajo estudio, otros aportes rescataron la demanda desde la prensa socialista (González Alvo, 2017). Ello tenía que ver con cómo, desde distintos ámbitos asociativos, iba ganando lugar la problemática de las mujeres y la participación en la cosa pública en sentido amplio (Vignoli, 2019). Por otro lado, la discusión sobre el sufragio municipal para las mujeres tensó aún más los alcances en tanto a las propuestas que buscaban ampliar se contrapusieron otras que reforzaban los criterios de exclusión y, asimismo, los de género. Así, según la autora, el debate debe comprenderse en el marco de un proceso en el que la elite cerró los márgenes de la participación electoral en un contexto que, en el nivel nacional, buscaba definirse en un sentido más amplio. Recordemos, en efecto, que nos encontramos en ese marco bajo el imperio de la ley Sáenz Peña (1912), una normativa que implementó en Argentina el voto masculino universal, secreto y obligatorio en las elecciones nacionales.

El siguiente artículo, por su parte, nos ubica en los territorios nacionales. En De cómo las sufragistas se volvieron damas: una historia del voto municipal en Comodoro Rivadavia, Edda Crespo evidencia una sucesión de exclusiones que nos habla de la heterogeneidad del espacio nacional, variable en el tiempo, y cómo se relaciona con el proceso de construcción del Estado nacional. Como demuestra Crespo, hay exclusiones geolocalizadas que coinciden con un variado arco étnico, de nacionalidades, de actividades productivas, etc., lo que amplía las exclusiones que oportunamente se habían consignado en otros momentos (Cfr. Ansaldi, 1999) y evidencia los mecanismos de tal exclusión. En efecto, la autora especifica el modo en que se demarcaban los alcances del ejido pues, con ellos, se delimitaba quién se consideraba vecino y, por lo tanto, quién podía tomar decisiones a través de su actuación en la vida electoral. De hecho, la autora consigna cómo se fue recortando de manera sustantiva ese alcance excluyendo un importante segmento poblacional vinculado al trabajo en las comunidades mineras de capital estatal (YPF) como privado. Ahora bien, es importante subrayar que, a ese universo acotado de votantes, se le superponían otros criterios aún más restrictivos si se tiene en cuenta que los habitantes masculinos de los territorios nacionales no podían votar ni en el nivel estadual ni federal como lo hacían sus pares en las provincias.

La producción que está trabajando sobre los territorios nacionales tiene algunas áreas menos exploradas, en particular, presenta una mirada mayoritariamente centrada en las capitales territorianas. Comodoro Rivadavia, sin ser una capital territoriana, es sede de una parte del estado central en su versión petrolera lo que perfila un escenario político singular en el que se mueven las sufragistas que aborda Crespo en su artículo. Su dinámica está atravesada por una sociabilidad de asociacionismo y etnicidad.

El planteo de voto femenino -realizado por el Comité de Cultura Femenino de Comodoro Rivadavia integrado por un grupo de mujeres bien asentadas social y económicamente y con vínculos con espacios de la sociedad civil sobre los que Crespo ya había dado cuenta con precisión en sus estudios precedentes- no se limita a lo municipal; de hecho, avanza y solicita el denominado sufragio político. Esto es interesante en tanto se trata de un contexto en el que ni los varones gozaban de ese derecho en el territorio nacional.

La osadía del grupo de damas que lo reclaman -integrantes de distintos espacios sociales y familias vinculadas a la dinámica económica y política de Comodoro Rivadavia- vino estimulada por la presencia de la Condesa Giussepina Pagani Pacci. Las mujeres bajo estudio cuentan, además, con una vinculación con figuras políticas o de administradores de empresas. La llegada de la Condesa Pacci enhebra Comodoro con otras ciudades -no sólo argentinas, como Río Cuarto, sino también de América-. Ello deja entrever la influencia e importancia de este colectivo inmigrante para la Argentina como señalara la líder sufragista Carrie Chapman Catt para enfatizar su rol en la campaña sufragista, lo que retoma Crespo en su artículo.

Lo paradójico es que la figura de Pacci invocaba como antecedente legitimante las propuestas forjadas en 1923 en Roma con anuencia de Benito Mussolini quien, no obstante, nunca acordó aquellas facultades. El caso de la vía propuesta por Pagani Pacci y sus efectos en el grupo de damas locales nos propone una trayectoria muy distinta de la que se consigna respecto de las demandas sufragistas de otros grupos en otras geografías más vinculados con el ideario de los derechos políticos heredero del iluminismo liberal socialista. Si bien algunas autoras ya han delineado los impulsos de distintos grupos de derecha y conservadores respecto del sufragio femenino (McGee Deutsch, 1993), Crespo nos trae un caso ciertamente significativo por la influencia de las giras de sufragistas europeas en el territorio americano, y también, porque consigna que ese impacto se produjo porque era un grupo ya activado en diversas acciones. La autora propone que, finalmente, a falta de obtener aquellos derechos exigidos, las mujeres se enfocaron en las acciones sociales que venían desarrollando en distintos espacios institucionales.

El abordaje de Marina Spinetta, por un lado, y Alexia Massholder y Adriana Valobra, por otro, nos ubica en relación con uno de los aspectos menos estudiados en el nivel municipal como es la representación, en particular, la femenina. Estos trabajos se inscriben en una línea de investigación que se ha concentrado en la lucha por el sufragio a comienzos del siglo XX y durante el peronismo, en particular, con la sanción de la ley 13010 de Derechos Políticos de la Mujer en 1947.^[6] Pero en esa línea, existen aún vacíos, incluso, lagunas importantes de información y muchas preguntas aguardan respuesta. Por ejemplo, la escasa información que todavía hay sobre la actuación en los partidos políticos en clave histórica y regional. El Partido Peronista Femenino (1949) sigue teniendo predominio en la producción existente y ha ido corriéndose del nivel nacional al local. Lentamente, se vienen incorporando abordajes específicos sobre otros partidos.^[7] Más recientemente, en relación con el peronismo en ciertos municipios, se ha comenzado a evidenciar de qué modo los vaivenes y conflictos, realineamientos y alianzas en el nivel municipal evidencian otras dinámicas muy distintas a aquella unificación, incluso cuando quisieran hacer honor a las directivas del poder central tanto partidario como estatal nacional.^[8] Esas relecturas rompen con las periodizaciones que consignan 1949 como el momento de unificación y verticalidad que tuvieron las élites políticas del peronismo.

Tanto el artículo de Spinetta, como el de Massholder y Valobra, se ubican en el cruce entre la trayectoria política de dos mujeres singulares, los debates de su tiempo y la particular situación de ser voces opositoras en contextos políticos hostiles.

El aporte de Spinetta está en sintonía con los estudios sobre el radicalismo en Córdoba y las líneas internas -en particular, unionismo e intransigencia- con sus realineamientos contingentes como fundamentales (Tcach, 1991). Respecto de las radicales, sus aportes se inscriben en un debate previo que ha evidenciado la extensa tradición sufragista (Gallo, 2001; Valobra, 2008; Vignoli, 2023). Se ha señalado que, ya en los años 30, para las dirigentes radicales de La Plata, ese sufragismo quebraba la jerarquía en el ámbito público abogando por una igualdad de derechos políticos, sin cuestionar el binarismo y complementariedad de género existente (Valobra, 2011). En los años 40, la dirigente Clotilde Sabattini reconocía amplios antecedentes entre las francesas y británicas, aunque terminaban filiándose en el feminismo sufragista estadounidense que consideraban más aceptable (Valobra, 2010). Se han problematizado los límites de la práctica de la Unión Cívica Radical en materia de género. Si algunas de sus figuras más relevantes reclamaron un lugar dentro del partido en distintos momentos históricos, los resultados fueron magros (Gallo, 2001; Urquiza, 2005; Valobra, 2010 y 2011; Spinetta, 2022). La organización interna del partido favoreció poco a las mujeres en sus reclamos a partir de una estrategia de “legalismo erudito y retardatario” (Valobra, 2010, p. 110; Spinetta, 2020).

En el artículo que integra el dossier –titulado Solange Gorostiaga de Barrera, primera concejala de Río Cuarto: apuntes iniciales sobre una voz opositora radical en un gobierno municipal peronista (Córdoba, 1951-1955)— Spinetta muestra que Gorostiaga era una activa militante que había sido presidenta de la Comisión Provisoria Femenina del Movimiento de Unidad Radical. La autora evidencia que las líneas internas dentro del radicalismo fueron dispares en la consecución de la promoción de las mujeres y que, contra ciertas expectativas, no fue la intransigencia sino el unionismo el que llevó a una mujer al Concejo Deliberante. Subraya, además que, en ese momento, el unionismo era la minoría radical. Esto debe revalorizarse a la luz de un contexto en el que la UCR no llevó mujeres en las listas de la provincia, pero tampoco el oficialismo peronista impulsó sus candidaturas en las listas municipales donde fueron canceladas por una decisión del Partido Peronista Femenino. Esto permite matizar para la autora que la historiografía ha tendido a presentar al peronismo como la única fuerza que se preocupó porque las mujeres accedieran a puestos legislativos. Asimismo, no podría haberse evidenciado esta situación si no se enfoca la lupa en el análisis de un espacio municipal. Finalmente, en Alcira de la Peña, una concejala de golilla roja. Apuntes sobre su trayectoria militante hasta su llegada al Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires– de Massholder y Valobra, estamos ante una militante de enorme proyección en el partido comunista del que, en 1951, fue candidata a la vicepresidencia: Alcira de la Peña. Su trayectoria había sido tan relevante como la persecución de la que había sido víctima por distintos grupos policíacos. Su llegada al Concejo nos ubica en el escenario de la ciudad de Buenos Aires, en un período poco estudiado respecto del nivel municipal como es el que corre entre 1958 y 1962. La ciudad contaba con un sistema censitario para las elecciones que incluía a nativos, naturalizados y extranjeros, mayores de edad. El ejecutivo era designado de manera directa por el Presidente de la Nación y su Concejo Deliberante por voto; aunque ya desde los tiempos de Roca su funcionamiento no fue continuo (de Privitellio, 2006). Sobre ese lapso, algunos estudios han sugerido una periodización. Landau (2014) diferencia tres épocas para comprender el desarrollo de la vida municipal de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del siglo XX. El primero es el que define como de elite, caracterizado por la participación en el Concejo Deliberante de vecinos notables que se representaban a sí mismos.^[9] Así, recuperar los debates en lugar de sólo considerar algunas posiciones y, al mismo tiempo, enfocar no sólo en los argumentos sino en las prácticas resulta un ejercicio relevante para evidenciar el complejo entramado que se estudia. El segundo momento es el que corre entre 1916 y 1941 y la figura del concejal se vincula a cuadros partidarios barriales donde el lazo entre sectores representados y representantes se hace más estrecho. Finalmente, luego de la supresión del Consejo en 1941, se reimplanta el mismo y se procede a elecciones en 1958. Según Landau (2014), quienes se postulan e integran el Concejo son cuadros políticos profesionales que viven de la política; pero comienza con ello un alejamiento de los colectivos a los que representan y un vínculo más estrecho con los partidos. Esta tipología resulta interesante y provee ciertas herramientas para enfocar un trabajo más minucioso sobre los derroteros de quienes ocuparon esos cargos. En ese sentido, la figura de Alcira de la Peña que presenta el último artículo del dossier discute esa caracterización porque la dirigente, si bien era un cuadro político profesional, mostró un despliegue de relaciones territoriales profundas que fueron base de su gestión como concejera. Es decir, no tuvo un alejamiento de aquellos grupos a los que representaba.

Ambos trabajos sobre las concejalas evidencian que, lejos de las expectativas sociales de la época respecto de que las mujeres actuarían impulsando un cierto tipo de leyes, normas o resoluciones de llegar a recintos representativos, estas estuvieron imbuidas en debates políticos e ideológicos en los que primaron sus perspectivas político-partidarias, incluso, profesionales, antes que las de género -al menos, según lo que esas expectativas planteaban como propiamente femenino-.

 

Consideraciones finales

 

Sin duda, enfocar en el tema de sufragio y la representación de las mujeres en el nivel municipal es un tema que recién está comenzando a delinearse. Dos grandes líneas abonan los debates sobre la historia política con enfoque regional, local, provincial o municipal. Una que subraya el debate político - intelectual, ciertas tipologías sobre la función municipal y el componente formal normativo de los fenómenos jurídicos –siguiendo la propuesta de Alda Facio Montejo (1992)- lo que lleva, en cierto modo, a sobredimensionar el espíritu de la ley, la letra escrita y las elites que las definen. La otra vertiente se centra más en el componente estructural –vale decir, la forma en que los tribunales aplican e interpretan la ley– y el componente político-cultural -específicamente, el contenido que va adoptando en el uso, prácticas y costumbres de la sociedad civil; lo que coloca el debate político en el centro de las confrontaciones y delinea grupos colectivos más allá de las elites que pujan por imponer su propia visión.

Esas visiones permean sobre el modo en que se ve el ámbito municipal -en particular, aunque no sólo, su carácter administrativo o político- y que, en conjunto, estuvieran en provincias o en territorios nacionales, esos municipios utilizaron las normativas para delimitar una y otra vez quiénes se definirían como sus sujetos políticos. En conjunto, esto permite señalar que -salvo algunas excepciones- se ha abordado mucho más el estudio de las propuestas de sufragio y menos el ejercicio del sufragio o los resultados y ello es especialmente cierto para el análisis del voto y la representación femenina, exponencial en el caso del nivel municipal donde apenas existen unos pocos estudios que abordan el tema como veremos a continuación.

Aunque se cree que el tema de los derechos políticos femeninos ha saturado su potencial de investigación, el sufragio y la representación de las mujeres en el nivel municipal requiere del desarrollo de nuevas preguntas y un arqueo y sistematización documental.

Este dossier, por tanto, se propone contribuir al estudio de la relación entre el ámbito municipal y los derechos políticos de las mujeres para comprender de qué modo se alcanzaron algunos hitos en ese ámbito, su llegada a los concejos municipales, así como la relación con la participación política en el marco comunal.

 

Agradecimientos

 

A María Pía Martin, María Teresa Terzaghi, Anabella Gorza y Rosario Gómez Molla por sus aportes y comentarios a una versión inicial de este texto.

 

Bibliografía

 

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