Régimen político y formas de gobierno en Ecuador (1989-2022)

 

 

Gabriela Alexandra Rosero Delgado (*)

 

 

 

Resumen

 

El presente artículo pretende contribuir al debate acerca del régimen político contemporáneo y las interpretaciones sobre la democracia en Ecuador. Para ello, se cotejan las diferentes teorías de subclasificación del régimen político democrático y se propone una particular para el caso ecuatoriano, en una temporalidad histórica entre 1989 hasta el 2022, donde varios presidentes gobernaron y cuyos rasgos de acceso y ejercicio de poder marcarían formas de gobierno particulares. Se trata de clasificar y caracterizar a trece gobiernos del país durante cuarenta años de democracia cuya política gubernamental ha de catalogarse entre lo corporativista, elitista, populista y nacionalista; basada en cuatro aspectos fundamentales: patrones de gobierno, características de los actores políticos, estrategias políticas y gubernamentales, e instituciones públicas. Un aporte de elementos a la política comparada, modelos de democracia y cambios políticos.

 

Palabras clave: Democracia; Forma de gobierno; Régimen; Poder; Ecuador.

 

 

Political regime and forms of government in Ecuador (1989-2022)

 

Abstract

 

This article aims to contribute to the debate about the contemporary political regime and interpretations of democracy in Ecuador. To do this, the different theories of subclassification of the democratic political regime are compared and a particular one is proposed for the Ecuadorian case, in a historical period between 1989 to 2022, where several presidents governed and whose features of access and exercise of power would mark forms of private government. It is about classifying and characterizing thirteen governments in the country during forty years of democracy whose government policy must be classified as corporatist, elitist, populist and nationalist; based on four fundamental aspects: government patterns, characteristics of political actors, political and governmental strategies, and public institutions. A contribution of elements to comparative politics, models of democracy and political changes.

 

Key Words: Democracy; Government form; Regimen; Power; Ecuador.

 

Régimen político y formas de gobierno en Ecuador (1989-2022)

 

 

Introducción

 

La teoría política ha desarrollado ampliamente el significado de régimen político, particularmente y sus niveles, los cuales hacen referencia a las características, los grados, los tipos o las categorías de un régimen. Esta es la perspectiva general de esta investigación que pretende estudiar ciertos aspectos del régimen democrático en el marco de la última ola democratizadora en América Latina y en el Ecuador desde 1989 hasta el 2021, procurando categorizar la historia política del país en su particular régimen y formas de gobierno, con base en una metodología de clasificación de cada uno de ellos y sus políticas como parte de un particular ejercicio democrático.

Este artículo inicia con una revisión del desarrollo teórico de los conceptos de régimen y formas de gobierno, luego se abordan los métodos y elementos para tipificar los gobiernos en el Ecuador, aquí se definen las diferentes categorías y su respectiva justificación conceptual. Seguidamente, se efectúa una evaluación de los referentes para tipificar a los trece mandatarios mencionados, y finalmente, se presenta una explicación contextual de cada gobierno.

 

Régimen político y sub tipos de régimen

Las contribuciones conceptuales de lo que sería un régimen político se han multiplicado en las últimas décadas, normalmente han estado ligadas a los colapsos de los sistemas democráticos o el devenir de procesos autoritarios y guardan relación con la obra de autores como Collier, Dahl, Lijphart, Garretón, O’Donell, Przeworski, Schmitter entre otros (Munck, 1996, p. 240). En el caso latinoamericano se acentuó la controversia luego de los procesos de transición a la democracia en varios países que puso fin a las dictaduras militares, luego de la transición los problemas de las “nuevas” democracias como el manejo del poder, fuerzas policiales, relaciones clientelares, política pública, y sus combinaciones, conllevaron a reorientar el interés conceptual de lo que se definiría como régimen político (Mazzuca, 2002).

En términos generales, el régimen político es la relación entre el Estado y la sociedad caracterizada por la forma de acceso al poder de decisión en un país, dado por cómo se ocupan los cargos ejecutivos y legislativos, por ejemplo; así como, el ejercicio del poder, limitado por condiciones legales procedimentales, y los condicionamientos y negociaciones políticas.

No obstante, el régimen político no es una medida del desarrollo político, si bien es una forma de identificar el grado de libertad e “igualdad política” en el mundo contemporáneo; mucha de la literatura lo cataloga entre “deficiencias de la democratización” o recuperación de la democratización, cuyo análisis se apega a moldes idílicos de funcionamiento político y esto coloca a países en niveles inferiores por una supuesta escala de calidad democrática (Mazzuca, 2002).[1]

Al hablar de régimen político la literatura se concentra, con frecuencia, en la dicotomía democracia y autoritarismo y confunde problemas de burocracia y democracia; esto podría conducir a minimizar las clasificaciones y matices que se pueden dar en los distintos regímenes, así como problemas de origen en su teorización (Mazzuca, 2002). La tipología de régimen político expuesta por Linz (1975, citado por Munck, 2002) es útil para evitar esas dificultades, este autor plantea tres tipos de régimen: democrático (D), autoritario (A) y totalitario (T). Los tres están determinados por tres condiciones específicas: X1 se refiere al número y tipo de actores en el poder, X2 hace referencia a los métodos utilizados para alcanzar el poder, y X3 abarca las reglas para la toma de decisiones en situaciones coyunturales. En este sentido, la relación sería la siguiente:

-         D posee una relación con X1 (presencia de múltiples actores y partidos), X2 (utilización de elecciones competitivas) y X3 (existencia de controles y equilibrios).

-         En cuanto a A, se caracteriza por tener pocos actores, la participación de élites, ciertas decisiones delegadas al poder militar y/o policial, y una limitación en la arbitrariedad.

-         Por otro lado, T se distingue por contar con un único partido en el poder, la toma de decisiones exclusivamente por parte de dicho partido, y una arbitrariedad que también se encuentra limitada en comparación con otros sistemas.

Esta simplificación es muy útil a la hora de esquematizar el régimen y una de las más usadas para tipificar un modelo de política, de igual modo para tratar la cuestión de las transiciones de régimen, del totalitarismo (T) al autoritarismo (A) por ejemplo. Linz busca ilustrar una definición de régimen basada en una tipología más dinámica de democracia, autoritarismo y totalitarismo.

Para Munck (1996) puede haber transiciones entre subtipos del mismo régimen político, tipología aún poco explorada, que permitiría ver los grados de un régimen, así, por ejemplo, los grados de democratización en un régimen democrático; criterio aplicable también a los otros dos tipos de régimen político.

Los subtipos de régimen político pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. El primero tiene que ver con variaciones derivadas de nuevos atributos neutrales, no alteran la esencia del régimen, este criterio resulta de la naturaleza del ascenso al poder por parte del jefe de estado, definiendo así dos subtipos: democrático presidencial y democrático parlamentario (Collier y Levitsky, 1997). El segundo guarda relación con los subtipos híbridos que se forman de una combinación de elementos de otros regímenes, de modo que, se abre un abanico de posibilidades de clasificación:

·        Según el grado de restricciones electorales donde se clasificaría una democracia plena y una democracia restringida (Borrell, Bailey y Mack, 1998) ;

·        Según el peso de mecanismos informales: democracia formal o democracia clientelar (Munck, 1996);

·        Según el grado de extensión de la democracia, así es posible diferenciar una variante de democracia disminuida, que puede confundirse con subtipos de democracia o subtipos de autoritarismo: poliarquías (formalmente institucionalizadas e informalmente institucionalizadas) y no poliarquías, (O’Donnell 1995, citado por Saguir, 2011); democracia delegativa (O’Donnell 1994 citado por Barrios, 2017) y autoritarismo competitivo (Levistky y Way, 2010, citado por Barrios, 2017).

·        Según su aproximación al tipo ideal de democracia ampliada: “democracia consociativa”, “democracia federal mayoritaria”, “democracia unitaria consensual” y “democracia de mayoría” (Lijphart, 1993 citado por Saguir, 2011)

·        Según número de partidos políticos: democracia bipartidista, democracia multipartidista (Sardón, 2009).

De entre los estudios realizados en el Ecuador, conviene mencionar el trabajo de Pachano y García (2013) que hace un análisis comparativo regional sobre la calidad de la democracia, toma en cuenta dos períodos (1997-2007 y 2007-2012), y realiza un estudio generalizado del sub tipo de régimen político ecuatoriano de carácter diacrónico. Estos autores califican al Ecuador como una democracia híbrida que presenta una forma disminuida de democracia en la medida en que se han asociado algunos rasgos de autoritarismo. Pachano y García retoman los fundamentos del concepto de poliarquía de Dahl (2009) y de democracia disminuida de Sartori (1992), aspectos tales como: estado de derecho, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas institucional, participación política, competencia política, capacidad de respuesta, respeto a derechos y libertades e igualdad económico-social; añaden elementos procedimentales y legales, elementos de control constitucional y de control ciudadano (Pachano y García, 2013). Ahora bien, hay algunos aspectos dentro de este análisis que están considerados como una deficiencia de la democracia, por no haber eliminado el clientelismo, o la corrupción, o por el excesivo manejo de la fuerza; sin embargo, según Mazzuca (2022) la calidad democrática al verse disminuida no necesariamente da cuenta de un régimen no democrático o poco democrático (Mazzuca, 2002).

Otros enfoques se aproximan a los regímenes latinoamericanos desde la perspectiva del régimen político capitalista y la democracia burguesa (Quijano, Gutierrez, Lopez y Wallerstein, 1980). Aquí también se evidencia un debate en torno a la social democracia. También se define como régimen político oligárquico que muchas veces está asociado con manifestaciones populistas (Freidenberg, 2015).

Bobbio & García (2001) sostienen que no es recomendable separar al Estado como aparato social capitalista, ya que las formas de la reproducción del ente estatal están ligados al modo de producción imperante, es decir, la relación dialéctica de este -un proceso histórico con interacción social- no puede interpretarse desde la dicotomía democracia-dictadura pues implica alinearse a la ideología burguesa.

En términos marxistas hay una clara distinción entre régimen autocrático y uno democrático, de igual manera entre hegemonía burguesa, de hegemonía del proletariado, así como entre democracia desde arriba y democracia gubernativa. La oposición marxista es directa y franca a la democracia en su versión burguesa (Quiñonez 2019), esta no tenía más que un fin provisional que consistía en abolir el pasado feudal y absolutista, y con ello el proletariado levantar su propia batalla (Rubel 2013, citado por Quiñonez, 2019).

Quiñonez señala que el régimen democrático representativo, y su conformación en partidocracia tiene un carácter oligopólico que se basa en la desideologización de los partidos enfocados en ganar elecciones y defender intereses concretos; su tendencia a la “cartelización”[2] en relación al aumento del financiamiento público como “agentes estatales para infiltrar la sociedad civil” (Quiñonez, 201. p.310), es el uso más frecuente del estado de excepción y gobernanza como base de mecanismo ideológico de dominación.  

Dieter Nohlen (1984) por su parte, se adentra en la complejidad del fenómeno, intenta vincular aspectos macrosociales (variables estructurales de desarrollo – O’Donnell) con micropolíticas (estrategias y decisiones coyunturales políticas – Stepan, Collier) para que el análisis del régimen sea más integral con base en situaciones históricas, previniendo enfoques deterministas. Bendix (1964, citado por Nohlen, 1984) advierte del determinismo retrospectivo, mediante una integración de variables estructurales y variables de conducta.

Además, se encuentran las doctrinas o corrientes políticas que influyen en las formas de gobierno y que se alinean con las clásicas categorizaciones de regímenes políticos híbridos. Esta subclasificación de regímenes abarca aspectos vinculados al ámbito político e ideológico del gobierno, donde las orientaciones ideológicas definen su dirección política. Esto, a su vez, está conectado con los intereses de grupos y clases sociales que se materializan en la gestión política a través del líder o representante político (Ríos, 1990); en algunos casos estos intereses si responden al electorado y en otros a intereses particulares. Es a partir de esta consideración que se evaluará las formas de gobierno en el Ecuador como una subclasificación de su régimen político en la siguiente sección.

 

Métodos y elementos para tipificar el régimen político ecuatoriano y sus formas de gobierno

 

Los cuarenta años de gobierno democrático en Ecuador pueden ser analizados desde una perspectiva temporal para identificar qué administraciones podrían corresponder a los distintos subtipos de régimen. No obstante, es pertinente realizar una aclaración conceptual en este análisis: si bien el sistema político del país es democrático, este tiene particularidades propias de la tercera ola de democratización, ligada a la modernización de los Estados y al modelo de desarrollo, por un lado, y a la dimensión burguesa de la democracia propia del sistema global, por el otro. La democracia en Ecuador no es idéntica a la de sus homólogos en la región, por lo que se le puede caracterizar como democracia presidencial representativa en términos de la ley electoral y del ideario conceptual, pero no en términos de partidocracia. Asimismo, es híbrida, con un nivel de hibridación que se corresponde con las clasificaciones de los subtipos previamente detalladas, no siendo una democracia liberal, ni parlamentaria, ni un régimen autoritario.

Dado que la clasificación del régimen político democrático de Ecuador, según su tendencia política o doctrina, determina su forma de organización como un subtipo de régimen político, es necesario conceptualizar estas subcategorías como: populista, corporativista, oligárquico, nacionalista, popular y policial. Sin embargo, antes de abordar sus distintas definiciones, se presentará la metodología de clasificación

Ahora bien, la metodología utilizada para la clasificación de formas de gobierno de acuerdo al régimen político en país se basa en las dos dimensiones que sugiere Mazzuca (2002): acceso al poder del Estado y ejercicio del poder; y Munck (1996): nivel procedimental y nivel conductual (subjetiva). Estos criterios sirven para el análisis de los presidentes del período investigado.

 

 

 

 

 

Tabla 1

Criterios para evaluar las formas de gobierno en función al régimen político

 

ACCESO AL PODER	Constitución, reformas o Decretos	Negociaciones políticas con otros actores, pactos y acuerdos
EJERCICIO DEL PODER	Decisiones públicas coyunturales	Dimensiones públicas informales no necesariamente explícitas
	PROCEDIMENTAL	CONDUCTUAL

Fuente: Mazzuca (2002) y Munck (1996)

Elaboración: propia

 

A continuación, se exponen los elementos utilizados para aplicar la metodología que se detalla de modo general en la tabla uno y que se justificarán a continuación:

-         En el criterio acceso al poder y nivel procedimental, se analizará si los gobiernos de turno cambiaron, modificaron o acataron la Constitución vigente al momento de gobernar o si impulsaron algún cambio legal.

-         En el criterio acceso al poder y nivel conductual, se examinará si hubo negociaciones o pactos políticos que le permitieron al mandante acceder al poder

-         En el criterio ejercicio del poder y nivel procedimental, se considerará algún actuar público como respuesta institucional del gobierno ante la contingencia.

-         En el criterio ejercicio del poder y nivel conductual, se evaluará si hubo dimensiones públicas informales no explícitas del gobierno de turno

 

 Formas de gobierno en el Ecuador

 

Con los criterios antes expuestos se elabora la siguiente tipología:

-         Sub tipo 1: corporativista elitista (oligárquico) o autoritario (policial)

-         Sub tipo 2: populista elitista (oligárquico)

-         Sub tipo 3: nacionalista popular

Algunas aclaraciones conceptuales son necesarias, los términos “corporativista” y “populista” para muchos autores no da cuenta de un régimen por sí solos, si bien es una forma de ejercer la democracia (Pachano, 2007) es una forma de distanciarse del ideario democrático, o una cuestión de cultura política ligada a subjetividades, significados y prácticas, pero que no deja de tener vigencia y peso en la política ecuatoriana (Benavides, 2020). En este análisis estos términos y cada uno de los que componen las tipologías sí son rasgos de una sub clasificación del régimen político ¿por qué?, porque se manifiestan de forma objetiva y subjetiva en la política gubernamental o forma de gobierno de un mandante, cuyo ejercicio democrático tiene implicaciones directas en el Estado y particularmente en la ciudadanía.

El corporativismo se define como un “[m]ecanismo de representación de los intereses económicos de grupos sociales organizados” que debilita “a los partidos políticos, convirtiéndolos en entidades corporativas” (Quintero y Sylva, 2010, p. 71, citado por Benavides, 2020). Se funda en la supremacía de intereses privados por sobre los públicos, la expansión de las conquistas de sus grupos de interés y el predominio de la representación de gremios y corporaciones por sobre los partidos. La representación política que se expresa en procesos de apertura, de intereses particulares y de formas corporativas (Pachano 2007). Todo esto da lugar a la corporativización de las demandas sociales y segmentos del aparato estatal a los que se incorporan estos intereses particulares (Verdesoto, 1984)

En cuanto a la noción oligárquica/elitista, se debe advertir que lo oligárquico alude  a la “colusión entre el sector pudiente y el sector político” (León, 2004, p.107). La democracia en el Ecuador según León ha tenido una tendencia oligárquica que se traduce en una disputa social en que un sector pone trabas a su contrincante en el ejercicio del poder. El régimen democrático para Duverger (1972, citado por Prud'Homme, 1997) tiene siempre una doble disputa, una es su cara oligárquica, y la otra es el acceso a la mayoría de los derechos políticos; según Freidenberg (2007) el régimen oligárquico ha impedido la participación de los sectores pobres y medios de la sociedad favoreciendo a la rotación de las élites en el poder. Otros autores como Moncayo (2010) hablan de “democracia de élite”, planteando que, en América Latina en la tercera ola de democratización, especialmente en la década de los ochenta, el Estado estaba marcado por el denominado “elitismo democrático” (Avritzer, 2002, citado por Moncayo, 2010), porque los nuevos pactos civiles pusieron límites a la organización popular.

Por su parte, la cuestión del populismo se debe decir que en mucha de la literatura especializada los populismos están asociados a los procesos de transición, al intervalo entre un régimen político y otro, donde las reglas de juego están en disputa, cambian o se reconfiguran (O’Donnell y Schmitter, 1986, citado por Munck, 1996). También el populismo es visto como un subtipo de régimen (Karl 1991, citado por Munck, 1996), este enfoque contribuye a pensarlo como un cambio entre una política de élite a una política de masas o viceversa, de identidad (ideología) en una construcción gráfica horizontal y de estrategia de cambio de compromiso a fuerza (policial y convulsión social) o viceversa en una relación vertical. De modo que:

 

Los populismos son revolucionarios, ya que producen un repentino y drástico recambio de las elites políticas. Pero si parecen revolucionarios en relación a los regímenes que los precedieron, o sea a sus ‘enemigos’, no se puede decir que los populismos lo son igualmente en el momento en el cual delinean un nuevo orden social, construido sobre las ruinas del viejo.  (Zanatta, 2008, p. 37, citado por Moncayo, 2010, p. 132).

 

En este sentido, el populismo es un régimen que rompe lo funcional de una política de élites hacia una política de masas, de ahí que ciertos autores relacionen el concepto con los procesos de cambio o paradigmas. Por ejemplo, Quintero y Silva (2013) y Cueva (2008) lo ubican en el tránsito de una sociedad tradicional a una urbanizada y moderna con muchos sectores subalternos (subproletarios) que emergen sobre la alteración de la composición social de las urbes que determinó la emergencia de una nueva política. A su vez otros relacionan el régimen populista con el paradigma neoliberal, planteando que la sustentabilidad política de la apertura de los mercados en América Latina está asociada a nuevos personalismos y líderes plebiscitarios que han adaptado un discurso de masas a parámetros neoliberales (Roberts, 1995; Weyland, 1996, 1999; citado por Weyland, 2003).

El populismo está vinculado también a las teorías psicoanalíticas y posestructuralistas, como en el caso de Laclau, por ser una práctica de la política donde el lenguaje populista, su retórica y la pasión que desprenden sus símbolos, son objetos de análisis del poder político que históricamente emergen con identidad colectiva de pueblo (Cuevas, 2006).

De la Torre (2008) concibe al populismo como forma de representación política conjugada con discursos maniqueos y tradiciones culturales particularistas, con parentescos hacia el clientelismo y el corporativismo; el discurso populista se asienta en la diferenciación antagónica entre el líder que encarna la virtud popular y los enemigos de la patria. Plantea que hay que evaluar los patrones de la modernidad populista en American Latina[3].

En esta investigación se concibe al populismo como un tipo de régimen democrático.  Bonilla y Páez (2003) hacen una distinción entre las diferencias del populismo anterior y posterior a los sesenta; el primero ligado a los procesos de industrialización y modelos desarrollistas de sustitución de importaciones; y los segundos ligados a procesos de automatización de los procesos económicos, rupturas de tejido social, concentración de la riqueza de los noventa y cambios tecnológicos. Estos segundos, los populismos contemporáneos, son una suerte de “esquizofrenia del discurso electoral” ya que por un lado las alianzas electorales van de la mano con sectores gremiales de centro izquierda o de izquierda; pero en el ejercicio del poder los discursos se descomponen y adoptan políticas antes cuestionadas.

 

Políticamente, los populismos buscan su continuidad temporal mediante transformaciones institucionales que pueden pasar por un golpe de estado (…) o búsqueda plebiscitaria del cambio de reglas de juego (…). La gestión de gobierno de los populismos contemporáneos se caracteriza por ser el otro lado de la medalla de lo propuesto por el populismo clásico (Bonilla y Páez, 2003, p. 24).

 

El término autoritario en tanto sub tipo de régimen o forma de gobierno, en la mayoría de la literatura está asociado a decisiones en el mando del poder que se toman con la policía o la milicia, o al uso de la fuerza para reprimir manifestaciones democráticas. No se debe confundir con un régimen autoritario que por naturaleza no es democrático (autoritarismo tradicional, autoritarismo cerrado o dictaduras nacidas a golpe de estado militar) (Montufar, 2015); tampoco con el concepto de “autoritarismo electoral” de Schedler (2013) que formalmente instala los mecanismos e instituciones democráticas, pero que las somete a subversiones y manipulaciones. 

Tickner y Mejía (1991) plantean el resurgimiento de las formas autoritarias de Estado, estas manifestaciones autoritarias por lo general devienen de democracias reducidas, o democracias de élites, generalmente comprometidas con el paradigma neoliberal. El autor plantea que hay un concepto erróneo de ne-populismo ya que es en realidad un tipo de autoritarismo y teoriza sobre el régimen constitucional autoritario -basado en Schmitt- donde la neutralidad del derecho entra en contradicción poniendo a la sociedad en un carácter antagónico ante la amenaza de un conflicto social y ante la inestable posibilidad de pactos sociales, donde entran en juego los enfrentamientos armados y  el quiebre de la organización social a través de la violencia; momento en que se dispone a neutralizarlos y hacer uso de la fuerza. En cambio, bajo el concepto de estados de excepción de Agamben (2024), se esquematiza como política actual autoritaria a aquellas nociones de normalidad y anormalidad, que, en términos jurídicos, fungen como estado de derecho y estado de excepción respectivamente. Este último es el instrumento original para poder someter al Estado a su propia excepción, y se vuelve un paradigma imperante de la política contemporánea.

Bajo estos parámetros es que se define al régimen autoritario, así, por ejemplo, en enero 2011 se publicó un informe sobre la libertad del mundo denominado “desafío autoritario a la democracia” por parte de Freedom House que sustenta la pérdida de las libertades civiles y políticas en los países democráticos de América Latina. Si bien muchos países tenían avances de elecciones libres y transparentes, la ciudadanía política no se había ejercido a cabalidad (Borón 2012).  En el país hay los informes de la Verdad para también identificar esta tendencia que presenta la democracia.

Entre tanto, a partir de la conceptualización de Breulilly, el nacionalismo concibe a la nación como grupo humano diferenciado y su expresión política se encarna en el Estado, así se construye sobre la base de la independencia que está bien diferenciada en la Constitución como Estado delimitado territorialmente y definido con atributos legales, éticos e ideológicos. Para el autor el nacionalismo se entiende como un movimiento político que a través del Estado se funda la idea de nación y su construcción tiene una diferencia colectiva, dotada de una significación política que no tuvo en el pasado.[4]

 

Desde este punto de vista (Breuilly), desarrolla una división entre Estados […] a partir de la idea de que ‘una oposición nacionalista mantiene tres clases de relaciones con el Estado existente. O bien intenta separarse del Estado, o trata de acceder al poder del mismo para reformarlo, o busca unirse con otros estados. A estos objetivos los denomino -dice- separación, reforma y unificación’. En definitiva, Breuilly, elabora un enfoque político del nacionalismo que tiene como puntos fundamentales la relación de dicha forma política con el Estado, y sobre todo con el Estado moderno que no sólo configura -según él-la política nacionalista, sino que proporciona a la misma su principal objetivo: la posesión del Estado (García, 1999, p. 237).

 

El nacionalismo según Breuilly tiene una versión liberal y también reaccionaria, en la primera tiene un carácter más universal y consolida a la sociedad en un conjunto de individuos libres, y no implica elementos diferenciales y la nacionalidad esta expresada en el ejercicio de la soberanía, mientras la segunda parte de una definición cultural de la nación como ya se lo mencionó. Sin embargo, esta segunda si bien es antiliberal y antiindividualista puede permear en régimenes democráticos, totalitarios y autoritarios, o, en su defecto mezclan incoherentemente aspectos antidemocráticos con democráticos. 

En América Latina, el debate del nacionalismo también tiene un corte histórico y depende de los procesos de industrialización; por ejemplo, hubo un nacionalismo reformista, pensado en un sentido desarrollista, y un nacionalismo revolucionario, sustentado en las teorías de la dependencia y el socialismo (Cueva, 2018).

Blanca Muratorio (1994) define al nacionalismo como una práctica de identidad que se construye con el fin de legitimar interna y externamente la nación-Estado. En ella se manifiestan símbolos, santuarios y la integración del otro “mayoritario”. Los consensos iconográficos van cambiando también de conformidad con los procesos de cambio social y reivindicaciones.

Se define al nacionalismo en términos de subtipo de régimen político o forma de gobierno porque la identidad construida también se edifica por la normatividad, la política pública, la acción en el ejercicio del poder ligado al concepto de bienes públicos y en el sentido de la praxis pública.

Lo popular es un concepto muy próximo al de nacionalismo, sería popular nacionalista en este sentido, ya que se desea diferenciarlo con el populismo que se describió previamente, pero que sin duda tendría los rasgos de las corrientes de izquierda. Ahora bien, lo popular tiene los rasgos de la soberanía popular, que mediante la praxis pública del poder comunicativo y el discurso político que se deriva, tiene presente el sentido de la vida política. (Welliner, citado por Habermas, 1989)

 

La soberanía diluida en lo comunicativo se hace presente en el poder de los discursos públicos que surge de las vidas públicas autónomas, pero que debe adoptar una figura en las resoluciones de las instituciones constituidas democráticamente porque la responsabilidad por resoluciones de consecuencias prácticas exige una adjudicación institucional clara. El poder comunicativo se ejerce en la modalidad del asedio. Afecta a las premisas de los procesos en los que el sistema político elige y decide, pero sin intención de conquista, sino con el objeto de hacer presentes sus imperativos en el único lenguaje que se entiende en la ciudadela asediada. (…) Es comprensible que una “soberanía popular” sublimada de tal manera como procedimiento, no podrá operar sin el respaldo de una cultura política que muestre afinidad con ella, si las convicciones transmitidas por tradición y socialización de una población acostumbrada a la libertad política: no es posible una formación racional de voluntad política sin que exista correspondencia de parte de un mundo de la vida racionalizado (Habermas, 1989, p.27).

 

Evaluación de guías referentes para tipificar la forma de gobierno de cada mandato

 

La clasificación de los gobiernos que se sucedieron entre 1979 y 2021 se hace en función de un conjunto de postulados guías. Cada gobierno es evaluado sobre la base de estos de acuerdo a una justificación general, basada en los criterios y niveles antes mencionados. Los postulados guía son los siguientes:

A.    Corporativiza las demandas sociales.

B.     Tiene una política de élites o mantiene pactos empresariales.

C.     Presenta alianzas con sectores sociales que se desvanecen para optar por alianzas oligárquicas.

D.    Las decisiones gubernamentales las toma con la policía, instaura estados de excepción y reprime la protesta social.

E.     Implementa un nacionalismo reformista o revolucionario como práctica de identidad y de ejercer el poder.

F.      Implementa una identidad cultural y popular ligada a tradiciones y ancestralidades con estratos sociales bajos.

G.     

Tabla 2

Referentes de las formas de gobierno de acuerdo a cada mandatario

 

Nota 1: La presidencia de Rosalía Arteaga no se la detalla en el cuadro precedente; ya que, ocupó el cargo durante 2 días en febrero de 1997.

Notal 2: La justificación general de subtipo de régimen se enmarca en la operación general del Estado en cuanto mecanismos institucionales, regulatorios, comportamentales y subjetivos que determinaron el modus operandi del Gobierno; sin embargo, no quiere decir que muchas actuaciones de los gobernantes, en tanto acciones u omisiones, no sean susceptibles de tipificarse en otras categorías.

Fuente: Periódicos y prensa (varios)

Elaboración: propia

 

A modo de un resumen general, a continuación, se tipifica el subtipo de régimen o forma de gobierno asociado a cada mandato durante la última era democrática en el país.

Sub tipo 1: corporativista elitista (oligárquico) y/o autoritario (policial)

·        Gobierno de Oswaldo Hurtado

·        Gobierno de León Febres Cordero (+ autoritario (policial))

·        Gobierno de Sixto Durán Ballén (+ autoritario (policial))

·        Gobierno de Fabián Alarcón

·        Gobierno de Gustavo Noboa

·        Gobierno de Lenín Moreno (+ autoritario (policial))

Sub tipo 2: populista elitista

·         Gobierno de Rodrigo Borja (híbrido con el subtipo 3)

·         Gobierno de Abdalá Bucaram

·         Gobierno de Jamil Mahuad

·         Gobierno de Lucio Gutiérrez

Sub tipo 3: nacionalista popular

·        Gobierno de Jaime Roldós

·        Gobierno de Alfredo Palacio (híbrido con subtipo 1)

·        Gobierno de Rafael Correa

Es importante analizar detalladamente el subtipo de régimen corporativista-elitista, que caracteriza a los gobiernos de Hurtado, Alarcón, Noboa y, en menor medida, Palacio. En primer lugar, estos líderes llegaron al poder de manera interina, tras ocupar puestos vicepresidenciales; esta circunstancia influyó en la conformación de sus figuras, ya sea de forma independiente o vinculados a un partido diferente al del presidente con el que conformaban un binomio, distanciándose de la política de dicho binomio y negociando la agenda gubernamental con intereses particulares.

Está el caso de Hurtado, quien antes de ocupar la silla presidencial ejercía el rol de vicepresidente de Roldós, compartía un mandato que se alzaba en medio de una derrota a la derecha y al sector privado -en el entendido del sector empresarial- mismo que se había favorecido del modelo de sustitución de importaciones propio del desarrollismo de las dictaduras militares previas. Este veía como amenaza el régimen de acumulación de crecimiento interno, que pretendía aquel gobierno con potenciales reformas tributarias, agrarias y sociales; y he ahí el porqué de las manifestaciones de grupos oligárquicos que propiciaron una campaña a favor del voto en blanco en el referéndum de 1978, también de campañas de calumnias contra el binomio y aseveraciones de sabotaje en las votaciones de dicho referéndum (Mills,1991).  Todo ello en medio de una recesión económica que enfrentó el país entre el 1979 y 1983 por factores exógenos internacionales como la caída del precio del petróleo, la contracción de la demanda de consumo, la escasez de crédito y caída del PIB a tasas de variación negativas.  Sin embargo, luego de la muerte del entonces presidente Roldós, Hurtado asumió la presidencia en medio de expectativas empresariales aún negativas, incluso la posición pasiva de las clases dominantes pasó a activa, a modo de presión directa sobre el gobierno, encabezada por gremios como la Cámara de Industriales de Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, Cámara de Agricultura de la primera zona, la Asociación Nacional de Empresarios, Asociación de Bancos Privados y Federación de Artesanos. Tras aproximadamente un año de desacuerdos, se comenzó a notar una convergencia entre el programa de estabilización y ajuste económico con las demandas empresariales, lo que benefició a los empresarios a través de medidas como la sucretización de la deuda, la renegociación de la deuda pública y privada, la eliminación de subsidios al trigo, devaluaciones favorables a productos exportables y un programa de crédito para estabilización empresarial. Esto marcó un cambio significativo en la agenda gubernamental en favor de los sectores empresariales, lo que llevó a un nuevo enfoque con los gremios y una disminución en su retórica beligerante. Incluso, algunos representantes empresariales participaron activamente en la formación de un Consejo Nacional de Recuperación Económica, aunque el gobierno prefirió mantener cierta distancia (Mills, 1991).

 

 También se puede mencionar el caso de Gustavo Noboa Bejarano, quien descendía de una familia tradicional con antepasados españoles que ejercían funciones de autoridad al llegar a América. Tras el derrocamiento de Jamil Mahuad, con quien conformaba un binomio, asumió la presidencia y su mandato reflejó claramente características de un subtipo de régimen corporativista-elitista. Durante su mandato, negoció con el sector privado la ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana (Trole ll).(…) incentivó las privatizaciones, fortaleció el mercado de capitales y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras. Expidió la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, para fijar topes al reparto de utilidades, limitar indemnizaciones, afectar contratos colectivos, regular huelgas, facilitar despidos y crear el trabajador plurifuncional (El Telégrafo, 2016).

 

Instauró la dolarización e impuso un modelo empresarial de política económica con flexibilización laboral, brindándoles facilidades a los propietarios productivos (Paz y Miño, 2006).

Fabián Alarcón también se encuentra dentro de este subtipo de régimen, ya que asumió el cargo de presidente interino el 11 de febrero de 1997 tras la destitución de Bucaram. Su designación se atribuye a un pacto burgués en respuesta a la creciente movilización de los movimientos indígenas (Harnecker, 2017). Durante su mandato, Alarcón impulsó la consulta popular para establecer una asamblea constituyente que condujo a la reforma de la Constitución de 1979 y la ley de elecciones y partidos; según Muñoz (2006) y Minteguiaga (2016), esto resultó en la incorporación de nuevas garantías constitucionales y derechos económicos y sociales, fortaleciendo el sistema presidencialista para facilitar la consolidación del modelo neoliberal. Anteriormente, los intereses corporativos y las élites económicas habían obstaculizado una reforma constitucional entre 1992 y 1996, ya que requería la aprobación de dos tercios de los votos del Congreso Nacional. Sin embargo, con la llegada de Alarcón se aseguró una alianza de derecha entre el Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP) en el Congreso Nacional, lo que fortaleció la posición de las élites económicas (Chicaiza, 2004). Alfredo Palacio también forma parte de este conjunto, y se puede afirmar que se encuentra en la frontera entre el subtipo de régimen corporativista-elitista y el nacional popular.

Proviniendo de una familia con raíces en las élites culturales, a través de su padre Alfredo Palacio Moreno, y de las élites económicas, gracias a su abuelo, Manuel Belisario Moreno, un hacendado liberal de Loja; enfrentó, durante su mandato, una crisis en los partidos políticos y el llamado "fuera todos" tras el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez. Sin embargo, con una nueva mayoría en el Congreso, conformada por los partidos tradicionales reconstituidos o "grupos oligárquicos-mafiosos" (Ramírez, 2005; Bustamante, 2005; citado por Hurtado, 2006): el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), facilitaron su asunción y la reconstitución del Tribunal Supremo Electoral, que antes estaba bajo la presidencia del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y luego del PSC.

Palacio intentó una reforma institucional que fue frustrada por estos mismos congresistas. Su gobierno tuvo la intención de establecer una Asamblea Constituyente a través de una consulta popular, pero esta idea no fue respaldada por las élites políticas y la "mesura" política de Palacio, debido a la posibilidad de cierre del Congreso, el otorgamiento de poderes ilimitados y su permanencia en el cargo.

Por lo tanto, el gobierno planteó una consulta popular cuyas preguntas serían formadas mediante la creación de un "Sistema para la Concertación Ciudadana para la Reforma Política" a través del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), mediante la recolección de propuestas ciudadanas por vías telemáticas. Sin embargo, este proceso también fue detenido por el anuncio anticipado del presidente de los 7 temas que se propondrían en la consulta popular, lo que obstaculizó el proceso ya que el Congreso no lo aprobó.

La negociación tuvo como resultado la destitución del Ministro de Gobierno, Gándara, por Oswaldo Molestina (militante de la ID) quien tendió puentes con el Congreso y facilitó la propuesta de consulta popular con aspectos que tuviesen aceptación en el Congreso; sin embargo, el gobierno volvió atrás, convirtiendo el documento en un pacto con los partidos que no reflejaba una verdadera reforma institucional, y optando por acercarse a los movimientos sociales que exigían una reforma profunda (Hurtado, 2006). Se designó a un nuevo titular en la cartera de Gobierno (Chiriboga) y se decidió plantear una consulta popular directamente al Tribunal Supremo Electoral, el cual rechazó la opción a pesar de los esfuerzos del gobierno por obtener apoyo interno.

Finalmente, tras sucesivos cambios en el gabinete, Palacio logró la aprobación de la consulta popular por parte del Tribunal Supremo Electoral con tres temas fundamentales: salud, educación y gasto social, incluida una pregunta fundamental sobre la devolución de los excedentes petroleros al estado. En resumen, se trató de un subtipo de régimen político que oscila entre lo oligárquico y popular.Dentro de este mismo subtipo: corporativista-elitista están los gobiernos de Febres Cordero, Durán Ballén y Moreno; todos ellos con un ascenso al poder mediante votación popular y con una agenda abiertamente elitista, oligárquica, y neoliberal (a excepción de Moreno que no nació con dicha agenda, pero inmediatamente después le dio un revés a su mandato, asumiendo la misma); estos gobiernos a diferencia del grupo anterior son además autoritarios (policiales).

Con el afán de no profundizar demasiado en cada gobierno, se van a apuntar algunos acontecimientos y sucesos que caracterizan principalmente este subtipo o forma de gobierno.

 El gobierno de Febres Cordero se inauguró con carencia de una mayoría en el Congreso Nacional y recurriendo a métodos violentos para abordar la política, como el amedrentamiento con bombas lacrimógenas a los congresistas de oposición en el ámbito parlamentario y la militarización de la Corte Suprema de Justicia en 1984[8]. Asimismo, su enfoque autoritario se manifestó en la represión de sindicalistas, trabajadores y movimientos sociales que abogaban por la sindicalización, siendo perseguidos y acusados de formar parte del movimiento "Alfaro Vive, Carajo" (AVC), el cual fue considerado como enemigo[9] (Paz y Miño, 2006). Cualquier oposición a su lema "libertad y orden" se percibía como un desafío no solo al gobierno, sino también a la democracia; por lo tanto, estableció "los escuadrones de la muerte", cuerpos policiales encargados de reprimir manifestaciones, huelgas y ocupaciones de tierras e instalaciones (Comisión de la Verdad, 2010; citado por Hidalgo, 2023).

Tras una consulta popular en la que sufrió una debilitada legitimidad popular en relación con ciertas reformas económicas, Febres Cordero intentó manejar de forma arbitraria a las Fuerzas Armadas mediante ascensos que le fueran favorables, ampliando así su accionar autoritario (Hidalgo, 2023), lo cual culminó en el incidente conocido como el "taurazo"[10]. Durante su gobierno se destacaron casos como Acosta Coloma, el enfrentamiento armado en la ciudadela Alborada, Consuelo Benavides, Luis Vaca, José Morillo, Alexis Villamar, los hermanos Restrepo, así como desapariciones y ejecuciones de miembros de AVC, trabajadores, estudiantes y campesinos.

Es relevante mencionar que gobernó principalmente con una agenda empresarial orientada hacia la reestructuración del estado y la reorientación de los recursos públicos a favor de empresas privadas (Paz y Miño, 2006), agenda que había sido promovida previamente con los gremios empresariales durante los gobiernos de Roldós y Hurtado. Fue él quien amplió significativamente la financiarización internacional y el aperturismo de cuentas de capitales propio del neoliberalismo, con un énfasis en el regionalismo empresarial costeño, convirtiendo así la región Costa en su bastión electoral y político (Cueva, 1997). Durante el gobierno de Durán Ballén, se continuaron las políticas económicas de Febres Cordero. Mientras que el primero abrió las puertas al capital financiero, Durán Ballén intentó consolidarlas. De la mano del sector privado, se caracterizó por fomentar la apertura de la cuenta de capitales, promover las inversiones extranjeras, arraigar la economía de mercado mediante privatizaciones, reducir las competencias del Estado, favorecer a consorcios extranjeros y generar crisis en el sistema de seguridad social (Paz y Miño, 2006). Su gestión se puede resumir en medidas económicas neoliberales y en el conflicto del alto Cenepa. Entre las primeras se destaca el aumento de los pasajes, con un incremento del 30% en el transporte interprovincial, el intento de elevar el precio del gas, que no tuvo éxito, y el inicio de las presiones internacionales por el pago de la deuda externa. En cuanto al conflicto armado, este inició con la movilización de las tropas peruanas en la frontera, dando lugar al estallido de la guerra y a los combates aéreos.  Además de ser catalogado como un gobierno elitista, también se lo clasificó como autoritario, dado que se caracterizó por la represión de la protesta social, la pérdida de vidas civiles y militares, los conflictos armados y la imposición de estados de excepción. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Ecuador se decretó el estado de emergencia al menos en siete ocasiones, recurriendo sistemática e indiscriminadamente a la suspensión de garantías individuales, supuestamente para combatir la delincuencia común. Se pueden mencionar abusos por parte de la policía y las fuerzas armadas en varios casos, como el de Tibi (privación ilegal de libertad), Zambrano Vélez (ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas), Vera Vera (fallecimiento debido a negligencia policial) y otros más (Flores, 2019; Del Pozo, Sánchez y Sotomayor, 2023). Lenín Moreno, un gobierno que se apartó del proyecto político con el que llegó al poder, optó por retomar e instaurar las políticas neoliberales en el país, en otras palabras, el restablecimiento del proyecto hegemónico 'transformista-neoliberal' (Chávez, 2020). Reintrodujo el endeudamiento del Estado con el Fondo Monetario Internacional, retomando la firma de cartas de intención que habían estado suspendidas por más de una década.  La Ley Orgánica de Fomento Productivo, aprobada en junio de 2018, representó una reactivación de las políticas establecidas en las Leyes Trole de la década del 2000. Con esta ley, el gobierno buscaba atraer inversiones y lograr un equilibrio fiscal. La ley contemplaba reformas a 18 cuerpos legales, incluyendo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico de Producción, entre otros.

Como resultado, se observaron reducciones, exenciones y beneficios para empresas tanto internacionales como aquellas domiciliadas en paraísos fiscales. A pesar del supuesto ajuste fiscal primario, la ley implicó desinversión pública y medidas restrictivas para los sectores populares del país (Salgado, 2018). Es importante resaltar que durante este gobierno se produjo un golpe represivo y autoritario contra la población, principalmente tras la emisión del decreto 883 el 1 de octubre de 2019, que generó un fuerte rechazo social al eliminar el subsidio a la gasolina (diésel y extra), lo que desencadenó intensas protestas que paralizaron el país durante 12 días (Le Quang, Chávez y Vizuete, 2020). Este gobierno demostró su política de represión con la emisión de los decretos ejecutivos 884, 888 y 893, los cuales establecieron estados de excepción, la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía, la restricción del derecho de asociación, reunión y tránsito, el cambio de sede de la presidencia de la república, y la imposición de toques de queda (Pino, 2020). Como resultado, se reportaron 10 muertes y 8 personas con pérdida de visión según la Defensoría del Pueblo, además de aproximadamente 1152 detenidos (Le Quang, Chávez y Vizuete, 2020).

 A continuación, se presenta una breve explicación del subtipo populista elitista, que caracteriza a los gobiernos de Bucaram, Mahuad, Gutiérrez y Borja (este último también catalogado como un gobierno nacionalista popular). Los tres primeros comparten ciertas similitudes, ya que todos fueron destituidos, establecieron acuerdos con empresarios y, a pesar de haber intentado romper con las élites políticas tradicionales, acabaron beneficiando a otras élites políticas. Por último, mostraron afinidad con los sectores populares y sociales a través de alianzas que se desvanecieron con el establecimiento de una gobernabilidad oligárquica.

Más allá del populismo que se enfoca en el personalismo, la elocuencia, el discurso y performance que sin duda presentaron estos personajes, de acuerdo con la discusión previamente realizada en la literatura sobre este tema, el rasgo fundamental de este subtipo es el siguiente: un impacto significativo en las masas populares y las clases sociales más desfavorecidas, cuyos acuerdos se desvanecieron ante el poder de las fuerzas oligárquicas que efectivamente gobernaron, en medio de rupturas, transiciones de poder y promesas demagógicas.  El gobierno de Abdalá Bucaram, que duró un breve período desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997, se caracterizó por propuestas demagógicas y escándalos de corrupción, como el caso de las mochilas escolares. A pesar de una gran campaña publicitaria que prometía la entrega de mochilas a supuestamente 15,000 estudiantes en el coliseo Rumiñahui, resultó que 12,000 de ellos no recibieron los útiles prometidos. Esta situación ocurrió después de que el ejecutivo contratara un crédito por 40 millones de dólares con la empresa colombiana "Promotora de Intercambio S.A." para la entrega del material escolar, a pesar de que dicha empresa no contaba con el respaldo financiero suficiente (Un millón de mochilas nunca llegaron al país, s.f).

 En lo que respecta a su política oligárquica, como caudillo populista del Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, estaba su proyecto de libre mercado y transformación del sistema de tipo de cambio a convertibilidad, con el apoyo de grupos económicos del país como fueron las familias: Noboa (agroexportación), Aspiazu (Banca) e Isaías (Banca y Medios de Comunicación) (Paz y Miño, 2006).

 Una vez que Jamil Mahuad asumió el poder, se enfrentó a un contexto de elevado endeudamiento tanto público como privado, con los intereses bancarios en riesgo. En consecuencia, su objetivo principal fue proteger y preservar estos intereses. Durante su mandato, el gobierno decretó un feriado bancario, congeló las cuentas bancarias limitando los retiros, y cedió a las presiones de los gremios empresariales y las Cámaras de la Producción e Industrias, lo que condujo a una economía orientada hacia la dolarización con un alto costo social (Paz y Miño, 2006). Su gobierno también ha sido catalogado como un caso de populismo oligárquico debido a su rescate a banqueros corruptos utilizando fondos públicos (Paz y Miño, 2010).

 Dentro de este grupo se encuentra Lucio Gutiérrez, quien ascendió al poder con el respaldo de movimientos sociales y del sector indígena, tras ser reconocido por su participación en el derrocamiento de Mahuad, y con la promesa de liderar un gobierno nacionalista libre de ataduras oligárquicas. Sin embargo, pronto rompió sus lazos con el movimiento indígena al dirigir su mandato hacia los intereses empresariales (Paz y Miño, 2006). Al no contar con mayoría en el Congreso, Gutiérrez pactó con algunos congresistas que abandonaron el partidismo tradicional a cambio de beneficios, y en contraprestación de su apoyo, intercedió en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (lo que se conoció como la conformación de la Pichi-Corte). Sus esfuerzos por consolidar la "gobernabilidad" le llevaron a negociar cuotas políticas en el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.  El principal escándalo de Gutiérrez fue la repatriación de Abdalá Bucaram, quien era prófugo de la justicia en Panamá, ya que la nueva Corte anuló los juicios en contra de expresidentes como Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el exvicepresidente Alberto Dahik (Hurtado, 2006). A partir de ese momento, se organizaron pactos cívicos. Por un lado, fueron convocados por figuras de partidos políticos tradicionales, como Jaime Nebot en Guayaquil y Paco Moncayo en Quito, ambos alcaldes de los cantones más representativos. Por otro lado, la sociedad civil asumió un papel protagonista con manifestaciones como los cacerolazos, lo cual culminó en la destitución del presidente.

A continuación, un mandato presidencial que figuró entre la forma de gobierno Populista-Elitista y la Nacional Popular fue el de Rodrigo Borja. Este gobierno por un lado sostuvo las riendas económicas ya encaminadas de la nación hacia el neoliberalismo, principalmente reformas laborales como la flexibilización y restricciones a la organización sindical (Paz y Miño, 2006), al punto que provocó un levantamiento indígena  y conflictos con el sector transportista[11] en rechazo a dichas políticas impuestas por el FMI; sin embargo, con su tinte socialdemócrata y pseudo progresista le apostó a la institucionalidad y fortalecimiento del aparato público. Otro de los aspectos más notables fue su atención a sectores marginales y rurales, así como su preocupación por no dejar en la impunidad la violación de derechos humanos de su antecesor, Febres Cordero. Borja es la excepción de los presidentes que no tenían mayoría  en el congreso y debían recurrir a prebendas y actos clientelares por votos de los legisladores (De la Torre, 2006).

Finalmente, el subtipo o forma de gobierno nacionalista – popular; donde tipifican los gobiernos de Roldós y Correa; también de forma híbrida los gobiernos de Palacio y Borja que ya se explicaron previamente. 

En términos generales, se ha mencionado que esta forma de gobierno se caracteriza por un nacionalismo reformista o revolucionario, además de implementar una identidad cultural y popular vinculada a las clases sociales bajas. Se supone, por lo tanto, que no sigue la tendencia populista de ganar el apoyo de las masas populares para luego desviar su mandato en perjuicio de las mismas. Asimismo, se supone que no se trata de un gobierno oligárquico que favorece a los partidos políticos elitistas ni a los grupos de poder a través de políticas neoliberales, ni es corporativista en el sentido de negociar y pactar permanentemente con grupos empresariales o asambleístas a cambio de votos. Bajo este criterio se analizarán los dos gobiernos mencionados. Como el subtipo de régimen político no actúa ajeno al régimen de acumulación; estos dos gobiernos se caracterizan también por ello. El caso del gobierno de Jaime Roldós quien ascendió al poder de la mano del partido popular, Concentración de Fuerzas Populares CFP, heredó un modelo de sustitución de importaciones, con el cual pretendía que el Estado tome las riendas del mismo hacia el cambio social[12]. Uno de sus principales instrumentos de gobierno fue el Plan de Desarrollo por el cual pretendía superar la desigualdad de los términos de intercambio entre el país y aquellos desarrollados; pero trajo consigo a sus primeros y principales detractores; los gremios empresariales que veían como amenaza este modelo de gobierno (Hurtado, 2006).

Su nacionalismo se manifestaba en su enfrentamiento con Estados Unidos para alcanzar la soberanía del país frente a las compañías petroleras internacionales que se beneficiaban del petróleo ecuatoriano. Además, promovió una política de redistribución equitativa de los recursos y garantías de derechos para la población más vulnerable, constituyendo así un desafío al statu quo político (Perkins, 2005). Por lo tanto, no puede considerarse como un nacionalismo militar funcionalista a los intereses estadounidenses.

También se dice que este gobierno fue caracterizado como débil en términos parlamentarios[13] y judiciales; que le impedían actuar con las reformas previstas. “(…) aquellos casos en los que los presidentes son débiles políticamente las probabilidades de que sea la legislatura la que impone sus intereses en la Corte van en aumento” (Basabe & Escobar, 2014: 20). Fue un gobierno interrumpido por su súbita muerte en un accidente de avión, que impidió que este proyecto se efectivizara.

A diferencia del presidente mencionado anteriormente, Rafael Correa logró gobernar durante 10 años, desde 2007 hasta 2017, lo que hace que el análisis sea más complejo; ya que, diversos acontecimientos tanto internos como externos marcaron su mandato, y forma de gobierno tuvo varios momentos distintivos.

Este mandato no ha sido catalogado como una forma de gobierno oligárquica. En primer lugar, su agenda gubernamental no estaba alineada con el régimen de acumulación de financiarización internacional, ya que su marco económico se basaba en el modelo de Crecimiento Endógeno de la economía.[14].  Una muestra de ello fue que, durante esos diez años de gobierno, no se firmó ni una sola Carta de Intención con el FMI, a diferencia de los 16 acuerdos firmados previamente desde 1983 (swissinfo.ch, 2022) y se suspendieron las relaciones económicas con el Banco Mundial (De la Torre, 2014). En su lugar, el gobierno optó por buscar otras fuentes de financiación, como los créditos concedidos por China. En segundo lugar, lo de oligárquico ha tenido sus debates; por ejemplo, para los portadores del discurso neoliberal y de derecha no ha sido un gobierno Elitista - Empresarial[15]; mientras que para los portavoces de algunas alas de los movimientos sociales ha sido definitivamente un gobierno oligárquico[16].   No se debe descartar que muchos grupos empresariales se han beneficiado en este período, y que además la inversión pública también ha favorecido a la inversión privada. Sin embargo, en términos macroeconómicos es importante revisar el índice de Gini. Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), este indicador pasó de 53,4 en el año 2007 a 44,7 en el 2017, lo que señala una mejora en la distribución de la riqueza, evidenciando una mejora de 10 puntos en el período analizado. En comparación, durante los gobiernos anteriores, este índice oscilaba entre 58,6 en el año 1999 durante una crisis profunda, el valor más alto, y 50,5 en 1987 como el valor más bajo (Ecuador - Índice de Gini 2022, s.f.).

Tampoco ha debido aliarse a los partidos oligárquicos tradicionales, que de por sí venían de una crisis de legitimidad (PSC e ID, por ejemplo), ni pactar con su frente opositor, el  PRIAN perteneciente al empresariado agroexportador de los Noboa. Su actuar fue instaurar una Asamblea Constituyente, promulgar la Nueva Constitución de Montecristi e instalar la Asamblea Nacional producto de nuevas elecciones (Tibocha, y Jaramillo, 2008; Andrango, 2013; Muñoz, 2007). Sin embargo, si debió hacer algunas reconciliaciones políticas con el PSC en un segundo momento de su mandato.

Varios autores reconocen el mandato de Correa como nacionalista e integracionista debido a su política fronteriza, la expulsión de la base de Manta, la diversificación de los mercados hacia destinos fuera de Estados Unidos, la sincronización de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo con el Buen Vivir, el impulso a la integración a la Unasur y al sistema Sucre, y su promoción de la identidad cultural y las luchas históricas (De la Torre, 2014; Auz, 2018; Sanz, 2023).

 Finalmente, el éxito de su gobierno se basa en la inversión social, los programas de infraestructura pública, la atención en salud, educación, la reducción de la pobreza, la seguridad social, entre otros aspectos, lo que lo caracteriza como un gobierno popular. A esto se suman las discrepancias entre diversos autores que etiquetan su gestión con términos como populismo del siglo XXI, tecno-populismo, populismo revolucionario, neopopulismo; debido a su manejo discursivo, su desempeño, la gestión gubernamental, la conexión con las clases marginadas o incluso su estilo político caudillista (Soler, L. 2020; De la Torre, 2013; Fournier, 2008; Echeverría, 2007).

 

Conclusiones

En este documento, de inicio, se abordó las conceptualizaciones del Régimen Político que evidenciaron cómo la relación entre el Estado y la Sociedad, estaba condicionada con los procesos históricos y sociales; y que en gran parte de la literatura se la catalogaba de forma dicotómica entre democracia y autoritarismo; o democracia y no democracia; dicha dualidad fue ampliándose y superándose definiendo tipos de régimen como democracia, autoritarismo y totalitarismo. En los últimos 30 años, los teóricos acentuaron la importancia de los regímenes basados en los procesos de transición de muchas naciones -específicamente en Latinoamérica- que experimentaron, al adoptar “nuevas” formas de democracia. Se hizo énfasis en los subtipos de régimen político que en la práctica atañen a las variantes o características de un determinado régimen: la democracia. Estos sub tipos tienen una serie de posibilidades: democracia presidencial vs democracia parlamentaria; democracia plena vs democracia restringida; democracia formal vs. democracia clientelar; poliarquías vs. no poliarquías; democracia delegativa vs. autoritarismo competitivo; democracia bipartidista vs democracia multipartidista y demás democracias ampliadas.

Por otro lado, se analizó otras entradas teorías al debate de los sub tipos de régimen, como democracia burguesa, democracia oligárquica por la cual la relación del Estado está determinada por las relaciones capitalistas, que le permiten su reproducción mediante manifestaciones particulares en el proceso de interacción social; ante esto se habla también de democracia desde arriba, de democracia gubernativa. Y otros autores plantean que ante la complejidad del fenómeno es necesario colisionar aspectos macrosociales y microsociales determinado en situaciones históricas para configurar un concepto de régimen y subtipos de régimen político. Basado en esta riqueza conceptual y partiendo de las premisas precedentes se estableció las condiciones del régimen político en el Ecuador, como un régimen político democrático presidencial representativo hibrido donde se permean grados de restricciones electorales, mecanismos informales, formas institucionalizadas, etc. Pero que de forma particular se identificó como una subclasificación del régimen político basado en su tendencia o doctrina política materializará  diferentes formas de gobierno.

Para ello se siguió un proceso de clasificación de formas de gobierno en el Ecuador durante los últimos 40 años, basado en dos dimensiones: acceso al poder y ejercicio del poder; y nivel: procedimental y conductual; obteniendo las siguientes clasificaciones: subtipo de régimen corporativista elitista (0ligárquico) y/o autoritario; subtipo de régimen populista elitista (oligárquico) y subtipo de régimen nacionalista popular.

Cada una de las clasificaciones entraña una referencia conceptual particular; en el caso de los gobiernos corporativistas se expresa en que las demandas sociales se “disipan” con mecanismos corporativistas; en el caso de los gobiernos oligárquicos - elitistas se manifiesta el favorecimiento a grupos de poder económico político por parte del gobierno en desmedro de los intereses sociales; en el caso de los populistas, cuando las alianzas electorales se logran con sectores gremiales pero en el ejercicio del poder el gobierno da la espalda a estos por beneficiar a intereses privados; en los gobiernos autoritarios hace alusión a que las decisiones gubernamentales se toman de la mano de la policía o de la milicia; en los gobiernos nacionalistas se explica en la idea de refundación del Estado expresada en el ejercicio de una soberanía económica y/o jurídica nueva; y en los populares, ligados en corrientes de izquierda se basa no solo en el poder comunicativo sino en las políticas públicas que mejoran las condiciones de vida.

El análisis de los diez gobiernos democráticos en el Ecuador permitió catalogar a cada uno de ellos en cada una de las tipologías de formas de gobierno: corporativista elitista (oligárquico) donde se encuentran los Gobiernos de Hurtado, Febres Cordero, Durán Ballén, Alarcón, Noboa y Moreno; y con la particularidad que en los casos de Febres Cordero, Durán Ballén y Moreno son también autoritarios policiales. Populista elitista categoría donde están los gobiernos de: Borja, Bucaram, Mahuad y Gutiérrez; siendo el primero un modelo híbrido con el siguiente subtipo de régimen. nacionalista popular, forma de gobierno que caracterizó a los gobiernos de Roldós, Palacio y Correa; el segundo de ellos siendo un híbrido con el subtipo primero.

Dentro de la justificación de cada uno de los gobiernos mencionados en cada subtipo de régimen, se analizó si su estilo de gobierno se enfocó en corporativizar las demandas sociales, mantener acuerdos con empresarios o grupos de poder, ignorar alianzas sociales en favor de intereses privados, establecer estados de excepción o reprimir la protesta social, promover el nacionalismo como forma de ejercer el poder, y fomentar una identidad cultural y popular. Los gobiernos de Hurtado, Alarcón, Noboa, y medianamente Palacio se enmarcan en un subtipo de régimen corporativista-elitista. Estos líderes accedieron al poder de forma interina después de ocupar cargos vicepresidenciales y desarrollaron una política apartidista negociando con intereses privados. Por ejemplo, Hurtado, surgido de la vicepresidencia de Roldós, enfrentó la oposición de grupos oligárquicos por su enfoque en reformas tributarias y sociales, en medio de una recesión económica global. En contraste, Noboa promovió leyes favorables a la inversión y flexibilización laboral durante su presidencia, mientras que Alarcón lideró reformas constitucionales y consolidó alianzas con las élites económicas para impulsar un modelo neoliberal.

Por otro lado, los gobiernos de Febres Cordero, Durán Ballén y Moreno dentro del mismo subtipo corporativista-elitista fueron caracterizados por políticas autoritarias y neoliberales. Febres Cordero recurrió a mecanismos violentos para enfrentar la oposición y promovió una agenda empresarial, igualmente Durán Ballén consolidó políticas económicas neoliberales y enfrentó conflictos territoriales con peruanos. Moreno retomó el neoliberalismo al asumir el poder, restableció la relación con el FMI y promovió leyes que beneficiaron a empresas internacionales, enfrentando una crisis social tras la eliminación del subsidio a los combustibles y aplicando medidas represivas que desencadenaron protestas y disturbios en el país.

En el subtipo populista-elitista, se destacan los gobiernos de Bucaram, Mahuad, Gutiérrez y Borja. Estos mandatarios fueron defenestrados (con excepción de Borja), realizaron pactos empresariales y, a pesar de intentar desafiar a las élites políticas tradicionales, terminaron beneficiando a otras élites políticas. A pesar de presentar características populistas, con altos impactos en las masas populares y clases sociales bajas, sus alianzas con sectores populares fueron desvaneciéndose ante el dominio de las fuerzas oligárquicas, generando promesas demagógicas y rupturas en su gobernabilidad. Por ejemplo, Bucaram promovió un proyecto de libre mercado beneficiando a grupos económicos del país, mientras Mahuad optó por proteger los intereses bancarios llevando a la dolarización con costos sociales elevados, siendo sus acciones catalogadas como populismo oligárquico.

Además, se destaca la presidencia de Gutiérrez, quien llegó al poder respaldado por movimientos sociales e indígenas con la promesa de un gobierno nacionalista sin ataduras oligárquicas; sin embargo, terminó orientando su mandato hacia el empresariado y pactando con congresistas para garantizar "gobernabilidad". A pesar de su intento de generar equilibrio político, su gobierno se vio envuelto en escándalos como la repatriación de Bucaram, lo que desató pactos cívicos y la posterior destitución del presidente. En contraste, el gobierno de Borja, a pesar de encauzar la nación hacia el neoliberalismo con reformas laborales, mantuvo un enfoque socialdemócrata, fortaleció la institucionalidad estatal y mostró preocupación por la violación de derechos humanos, posicionándose como una excepción dentro de los presidentes que debían recurrir a prebendas para asegurar apoyo en el congreso.

En el subtipo Nacionalista - Popular, se destacan los gobiernos de Roldós y Correa, así como de forma híbrida los gobiernos de Palacio y Borja. Este subtipo se caracteriza por un nacionalismo reformista o revolucionario que busca implementar una identidad cultural y popular vinculada a las clases sociales bajas, mostrando un enfoque diferente a los regímenes populistas, oligárquicos o corporativistas. Jaime Roldós, por ejemplo, se enfrentó a intereses empresariales para impulsar un cambio social y desafió a las grandes compañías internacionales por la soberanía del país sobre los recursos, destacándose por su política de redistribución equitativa y defensa de los derechos de los vulnerables. Por otro lado, el gobierno de Rafael Correa se distingue por su enfoque en el crecimiento endógeno de la economía, optando por financiamiento alternativo sin firmar acuerdos con el FMI, lo que contribuyó a una mejor distribución de la riqueza y a la implementación de programas sociales que redujeron la pobreza y mejoraron la infraestructura pública.

 

Desafíos, alcances y futuras investigaciones

 

Una vez abordadas las conclusiones de la investigación, es menester destacar los desafíos que se presentaron en el camino. Uno de ellos fue que el abordaje conceptual sobre los regímenes políticos se circunscribía a realidades y contextos diferentes al local, especialmente del mundo anglosajón y europeo; segundo, fue que dicho debate en cuanto teoría de regímenes y cambio político, tuvo mayor relevancia entre los años 70s y 2000, midiendo a la democracia a partir del advenimiento de las elecciones competitivas que surgían luego de dictaduras. Es por ello que esta discusión no se agota una vez instaurada “dicha” democracia, sino que sus formas de organización, a través de los distintos gobiernos, determinan modelos democráticos o una subclasificación de este régimen. Otro desafío fue que el subtipo de régimen o forma de gobierno no se explica por sí sola, esta tiene una relación con el régimen de acumulación, cuya mutua condicionalidad cuestiona la dinámica supuestamente autónoma de lo político. Y finalmente ya en la categorización de los distintos subtipos de régimen se identificó que la mayor parte de la literatura hace referencia a modelos híbridos según grados de democracia, mecanismos informales, grados de institucionalidad, entre otros; mas no a formas de gobierno ligadas a la tendencia política y gestión gubernamental.

Las perspectivas de la democracia y de los subtipos de régimen democrático se explican mucho a partir de la legislatura y la judicatura; variables que podrían ayudar a explicar inquietudes como: ¿por qué algunos gobiernos o países experimentan transiciones políticas y otros no?, ¿a qué se debe que algunos gobiernos amplíen más la participación política civil y otros su descontento? Y estabilidad y colapsos de la democracia, ¿cómo definirlos?

Finalmente, las doctrinas políticas como una forma de entender la democracia, y particularmente como una forma de subclasificación del régimen democrático, pueden contribuir al debate de la política comparada y los modelos de democracia como nuevas variables de medición de la gestión política.

 

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Recepción: 09/02/2024

Evaluado: 05/09/2024

Versión Final: 21/09/2024