Políticas públicas tendientes a fortalecer mecanismos de control-prevención y de investigación-persecución en materia de criminalidad económica en la Provincia de Santa Fe. La necesidad de definir estructuras y garantizar la continuidad

 

Natalia Corona(*)

 

 

Resumen

 

El presente artículo pretende ofrecer una reflexión desde la perspectiva de la criminología económica respecto de los desafíos que se presentan y la necesidad de adoptar políticas públicas tendientes a hacer frente a las complejas maniobras llevadas a cabo por organizaciones criminales para transformar los activos de procedencia delictiva utilizando las estructuras de la economía legal con la finalidad de ocultar su verdadero origen, valiéndose a su vez de las estructuras estatales. Para ello, el análisis se circunscribe a la provincia de Santa Fe y constituye un primer relevamiento de políticas en materia de seguridad.

 

Palabras clave: Política pública; Prevención; Control; Investigación penal.

 

 

Public policies aimed at strengthening control-prevention and investigation-prosecution mechanisms in matters of economic crime in the Province of Santa Fe. The need to define structures and guarantee continuitiy

 

Abstract

 

This article aims to offer a reflection from the perspective of economic criminology regarding the challenges that arise and the need to adopt public policies aimed at dealing with the complex maneuvers carried out by criminal organizations to transform assets of criminal origin using the structures of the legal economy in order to hide their true origin, making use of state structures. The identification of the problem generated an intense debate at the local level in the different state structures regarding what role it corresponds to in the face of this new reality.

 

Key Words: Public policy; Prevention; Control; Criminal investigation.

           

Políticas públicas tendientes a fortalecer mecanismos de control-prevención y de investigación-persecución en materia de criminalidad económica en la Provincia de Santa Fe. La necesidad de definir estructuras y garantizar la continuidad

 

 

 

Introducción

 

El presente artículo pretende ofrecer un relevamiento normativo y reflexión desde la perspectiva de la criminología económica respecto de los desafíos que se presentan y la necesidad de adoptar políticas públicas tendientes a hacer frente a las complejas maniobras llevadas a cabo por organizaciones criminales para transformar los activos de procedencia delictiva utilizando las estructuras de la economía legal con la finalidad de ocultar su verdadero origen, valiéndose a su vez de las estructuras estatales. (Barroso González, 2015; Olaeta, 2016; Carrara, 2017; Grasa, 2016).

Ahora bien, frente a la identificación de la problemática que pretende combatir, esto es la inserción de activos ilícitos en los mercados formales, se generó a nivel local un debate intenso en las diferentes estructuras estatales respecto a qué rol le corresponde frente a esta nueva realidad.

Dicha preocupación por establecer mecanismos de control y transparencia pública sobre el origen y la trazabilidad de las inversiones privadas, se ve reforzada por la necesidad de diseñar y poner en marcha tareas de prevención de delitos complejos como política de Estado.

En este marco, son fundamentales las actividades de control y preventivas que puedan ser desarrolladas por funcionarios de distintas áreas del aparato estatal en el ámbito del poder ejecutivo y que las mismas se vean complementadas con actividades de investigación y persecución penal en el ámbito judicial.

 

Objetivo del artículo

 

El objetivo del presente, apunta a identificar las Políticas Públicas diseñadas en la Provincia de Santa Fe para evitar la inserción de activos ilícitos en los mercados formales, procurando en primer término robustecer los mecanismos de control y prevención, así como también las de investigación y persecución de aquel delito cuando los mismos hubieran eludido los primeros.

Nos situamos para ello en la Provincia de Santa Fe donde se registraron avances y retrocesos en las políticas implementadas. Éstas fueron implementadas en el marco de la Ley N°. 12.734 del año 2007 que sanciona el Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, se alude al Ministerio Público Fiscal. Un año más tarde, se sancionó la Ley N°. 12.912 de Implementación progresiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Ley orgánica (N°. 13.013) del nuevo organismo que empezó a funcionar en el año 2014, cuando la Provincia de Santa Fe concretó uno de los cambios político-institucionales más importantes con la instauración de un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio de  carácter público y adversarial.

La criminalidad económica compleja es un fenómeno multicausal que está poniendo en jaque a las administraciones provinciales, por lo que los tres poderes del Estado deben tomar el protagonismo y estar a la altura que una sociedad cada vez más preocupada por este tipo de delitos y los conexos a él, que ésta le exige.

Los delitos de alta violencia lesiva o denominados “de cuello blanco”, pero con telones de fondo económicos, desarrollados en los conglomerados urbanos más importantes de nuestra provincia deberán ser punto de partida en el análisis del contexto, para luego avanzar proponiendo las mejores, más eficientes y eficaces políticas públicas tendientes a mitigar el daño social en todo el territorio.

Con el desafío de dar una primera respuesta al objetivo trazado que nos sirva de sustento para dar respuesta a la pregunta: ¿qué antecedentes existen en la Provincia de Santa Fe?, para ello analizaremos el marco legal vigente a nivel provincial.

Se considera fundamental proponer una hipótesis al respecto y, ésta, se basa en que sólo será a través del desarrollo normativo plasmado en leyes, que se logrará contar con un real apoyo a cualquier política pública diseñada si el objetivo es que la misma logre perdurar en el tiempo y tener una aptitud transformadora de la realidad que solo la fuerza de una ley puede enarbolar.

Por su parte, el Poder Ejecutivo será el responsable de detectar del entorno las nuevas anomalías y buscar formalizar los controles y la prevención de un tipo de actividad delictiva creciente.

 

La importancia del diseño de políticas públicas en materia de criminalidad económica

 

Binder ha de definir a la política pública criminal como la de administración de la violencia estatal (2010). “Para comprender el concepto de política pública criminal resulta fundamental entender el concepto de política pública. La elaboración de políticas públicas (Subirats, 1989) debe ser comprendida como el proceso por el cual, la identificación de una cuestión problemática es fundamental, ya que no toda situación requiere de la intervención estatal a través de una política pública, sin embargo, la decisión por parte de los órganos de gobierno de no hacer nada también podría considerarse como una acción política” (Marsili, et al, 2020)

Ante todo, buscando una metodología de estudio para aplicar al diseño de estas políticas es que traemos a este escrito el modelo sistémico de David Easton, politólogo canadiense que hizo uso de la teoría de los sistemas y la aplicó a las ciencias sociales.

Las políticas públicas locales deben sostener y sustentar sus decisiones, en los diferentes estadios del gobierno, en técnicas que permitan dividir a las mencionadas políticas en unidades de análisis para su posterior evaluación.

De allí la importancia de determinar la problemática de estudio y luego reconocer la necesidad de establecer unidades de análisis segmentados que permitan abordar el problema desde diversas unidades de análisis.

En el caso, identificamos la necesidad de pensar como variables de estudio en materia de criminalidad económica: el control, la prevención, la investigación y la persecución; ubicando las dos primeras mayormente en el ámbito del Poder Ejecutivo y las dos segundas en el Judicial.

En cuanto al primer aspecto, es dable referir lo indicado por Marsili respecto a las tareas de control en el Estado:

 

En las últimas décadas adquirió un importante significado el introducir el análisis de variables asociadas a la actividad desarrollada por el Estado y a los resultados alcanzados como forma de reconocer el cumplimiento de los fines perseguidos por las políticas públicas diseñadas, identificar oportunidades y evaluar la gestión desempeñada…. Y, en su defecto, dar cuenta de las falencias que presenta el programa/plan auditado, diagnosticar la evolución registrada en las políticas evaluadas y posibilitar la resolución de los problemas registrados la producción de información confiable sobre la forma en que se lleva a cabo la gestión pública constituye un elemento fundamental para la toma de decisiones ya que contribuye a conocer los resultados alcanzados, las debilidades registradas y, a través de la retroalimentación, a adoptar las decisiones correctivas que se consideren más aptas en pos del logro de los objetivos planteados (2014, p 45).

 

A nivel de prevención, cabe referirse que las directrices de las políticas públicas en la materia se vieron reformuladas muchas de ellas luego de la Ley 25.246. Se introdujeron temas asociados a maniobras de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y los deberes de informar de los denominados sujetos obligados a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El Estado provincial se puso en movimiento a través de políticas públicas con algún grado de formalidad en pos de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Entre éstas, la evaluación de la efectividad, será el factor determinante para la evaluación de las mismas.

Así, los encargados de verificar el cumplimiento de la norma y en su caso identificar alertas sospechosas, tuvieron nuevas responsabilidades como sujetos obligados, como aquellos que no lo eran pero debían aggiornarse a las problemáticas que surgían en el día a día en materia de delitos en la órbita de la criminalidad económica.

Los sistemas preventivos entendidos como la detección anticipada de circunstancias dadas entre hechos y operaciones son los mecanismos de los cuales se sirven las agencias estatales a la hora de buscar herramientas de detección de operaciones ilícitas.

Por su parte, la retroalimentación de los sistemas de control será el marcador para determinar nuevas acciones tanto correctivas de las ya ejecutadas como otras tendientes a discontinuar que el producto y provecho de los delitos sea parte de los mercados formales, trayendo esto distorsiones que hacen que la economía formal se vea seriamente afectada.

De esta forma, es que se reorganizaron las diferentes reparticiones estatales para hacer los primeros pasos en tener un incipiente pero sólido sistema preventivo que estuviera a tono con las reformas en el sistema represivo y las metodologías de trabajo que se estaban aplicando.

Organismos como el Registro General de la Propiedad Inmueble afrontaron el desafío de la adecuación de sus procesos de trabajo a las nuevas normas nacionales.

Por su parte, los mecanismos para realizar investigaciones penales valiosas que concluyan en una efectiva persecución de este tipo de delincuencia exige una política criminal determinada por el Ministerio Público de la Acusación en línea con los constantes reajustes y mutaciones que va experimentado el crimen económico.

Para ello es dable referir lo que plantean Marsili y Radyna (2020, p. 44) al sugerir políticas públicas que atiendan al diseño de:

 

Estrategias innovadoras para el abordaje de delitos complejos tiene que tener como objetivo general: la importancia de crear agencias fiscales especializadas concebidas desde la misma lógica de la complejidad que establezcan mecanismos de trabajo horizontales y flexibles para la sistematización de datos, obtención de información y procesamiento a través de una mirada multidisciplinaria (económico, político y antropológica social).

 

 En estos grupos de trabajos deben confluir abordajes alternativos a la información que surja de las distintas etapas del proceso cognitivo con un doble propósito: obtener referencias que contribuyan a diseñar la estrategia de persecución penal, por un lado, e identificar modos de gestión de los recursos materiales y humanos por parte de las organizaciones criminales de manera de reciclarlos en ocasión de proceder a diseño de las tareas de seguridad preventivas, por el otro.

 

Trabajo interjurisdiccional e interdisciplinar

 

a) Control-prevención

 

La Provincia de Santa Fe se ve atravesada, desde el nuevo comienzo de la democracia, por decisiones en materia de políticas públicas de prevención o persecución penal de delitos de criminalidad económica de índole nacional y provincial muy variadas y de diferente grado de implementación por diversos motivos.

La creación de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ratificada en el año 2011 por el Decreto provincial Nro. 2622, fue una forma de plasmar una política pública de gobierno en la Provincia de Santa Fe en el abordaje de la temática referida a la implementación de la normativa sobre prevención de las actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo vigente en nuestro país.

En la misma fue creada por resolución de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía, junto con la Fiscalía de Estado. Luego, se incorporaron a la Comisión los ministerios de Seguridad y de la Producción.

Mediante Nota 146/2013 del Ministerio de Seguridad provincial, se promovió la incorporación de la Subsecretaría de Delitos Económicos dependiente de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, a la Comisión Antilavado santafesina. Este fue un desafío del poder ejecutivo para fortalecer las instituciones ya que la mencionada Secretaría convocó a personal de otras oficinas estatales, capacitando a sus agentes y propiciando el intercambio de información fortaleciendo esto los propios objetivos de cada una.

En 2015, la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la Subsecretaría de Delitos Económicos, organizaron una semana una capacitación para agentes públicos del Registro General de la Propiedad Inmueble, de la Inspección General de Personas Jurídicas, de Lotería de Santa Fe, Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo decente del Ministerio de la Producción, de la Administración Provincial de Impuestos (API), del Servicio de Catastro e Información Territorial, del Registro Público de Comercio de la ciudad de Santa Fe y de la Secretaria de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.

Luego hubo una mesa redonda donde se trató lo referido al delito de lavado, la Unidad de Información Financiera y los sujetos obligados provinciales.

En el mismo sentido, el año 2019 por Decreto provincial Nro. 2126, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe desarrolló un protocolo para la detección y prevención de delitos económicos, estableciendo el concepto: “alertas sospechosas” (AS) y definiendo las pautas de consideración que determinados organismos provinciales deberían informar a la Dirección de Investigación Patrimonial. La norma asimismo decreta el uso que la misma le dará a las AS.

De esta manera, a nivel provincial se fueron adaptando los organismos obligados por la Ley Nacional Nro. 25.246.

Por su parte, la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, que funcionó en la órbita del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, en un primer estadio conforme Decreto provincial Nro. 31/2011 para ser luego parte del Ministerio de Seguridad mediante Decreto Nro. 1755/14, estuvo abocada al procesamiento de los datos públicos con que contaban diferentes áreas del gobierno.

La información producida por esta y su puesta en común contribuía a la toma de decisiones, entre otros temas, políticas de seguridad e indicadores económicos que permitirán mejorar la acción del Estado provincial.

Los agentes en la Central de Análisis de Procesos (CENAP), abordaban temáticas como la prevención de lavado de activos de origen ilegal y diseño y análisis de indicadores sociodemográficos de la provincia de Santa Fe entre otras problemáticas relacionadas.

 

b) Investigación-persecución

 

Desde la implementación del nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación impulsó a través de la celebración de numerosos convenios y acuerdos, una política de trabajo mancomunado con otros actores del sistema estatal de la provincia y del fuero federal.

El Poder Judicial es una estructura estable que, aunque en el caso local ha modificado su sistema penal, no deja de ser bastante rígida, lo que choca de lleno con la flexibilidad que tienen las estructuras que cometen delitos complejos.

Las organizaciones criminales cuentan con un alto nivel de cambio y de adaptabilidad a las modificaciones del contexto, hecho por el cual las organizaciones destinadas a su investigación también tienen que poseer esas características:

●                   Adaptabilidad. Los equipos de trabajo deben ser capaces de pensar estrategias innovadoras para el abordaje de delitos complejos, conforme se registran modificaciones del contexto

●                   Coordinación interinstitucional. La cooperación y coordinación entre las diversas agencias e instituciones involucradas en la prevención del delito y la justicia penal

●                   Sostenibilidad. Las políticas criminales deben ser diseñadas e implementadas de manera que sean sostenibles en el tiempo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la capacidad de las instituciones para llevar a cabo las intervenciones planificadas

En este sentido, es dable referir la experiencia que se diseñó e implementó desde la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, dependiente del Ministerio Público de la Acusación en la circunscripción segunda, de aunar el trabajo de investigación penal coordinando las tareas con la asistencia de agencias estatales a cargo del control y prevención, dependientes del poder ejecutivo.

Conforme surge del informe de Gestión correspondientes la tarea desarrollada durante el año 2015 (2016, p. 12), publicación del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional 2ª Circunscripción:

 

La relación con diversas agencias del Estado y el fortalecimiento de la cooperación son fundamentales en el desarrollo de una política eficaz de persecución de delitos económicos. Impulsamos la idea de pensar en el conjunto de los organismos públicos como partes de una estructura que tiene posibilidades de elaborar estrategias de acción conjunta. De esta forma, se han establecido vínculos con las siguientes reparticiones: Sub-Secretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Centro de Análisis de Procesos del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, PROCELAC, Administración Provincial de Impuestos y Catastro de la Provincia de Santa Fe, AFIP, Policía de Investigaciones de la Provincia, Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, GAFILAT, Registro de la Propiedad Inmueble. Ello ha posibilitado que al día de la fecha la Unidad cuenta con vías rápidas de acceso a datos cruciales para el desarrollo de las investigaciones.

 

 Organización general

 

Los valores sociales, se pueden ver afectados luego de implementaciones de políticas públicas que no tengan en cuenta las consecuencias del bienestar general de la población.

La definición del problema es el punto de partida para tomar decisiones en la implementación de la organización general de políticas públicas tendientes a mitigar el crecimiento de los delitos económicos complejos pues que no van a ser legitimadas políticas por la sociedad contrario a lo que la misma ostente.

Los valores pueden variar de un grupo a otro, de una sociedad a otra, pero hay algunos que se pueden extender a toda colectividad y en el cuidado en particular, no se debe perder la mirada en la población objetivo que, si bien es la sociedad toda, según la vulnerabilidad de la misma se puede estratificar de forma de encarar diferentes acciones para cada escalón.

Al determinar la premisa que las mencionadas políticas públicas van a ser transversales al Estado, nos encontraremos que en los diferentes Ministerios -e incluso haciéndolo extensivo a los otros dos poderes- deben estar presentes para mitigar el daño social que general los delitos de criminalidad económica organizada.

Surgirán desvíos, seguramente, para lo cual serán necesarios ajustes. Se evidencian ejemplos de instituciones públicas que se prestan a ser instrumento para incurrir en delitos, a pesar de diseñarse políticas de prevención de lavado de activos. De allí que sea necesario periódicamente evaluar el resultado de las medidas de control y prevención diseñadas y puestas en marcha.

 

Organización para caso particular

 

La selección del método de evolución de las políticas públicas utilizadas no es un tema menor en la lucha contra el fenómeno criminal económico. La multiplicidad de actores, las interrelaciones de todos los poderes del estado, la urgencia en tener respuestas favorables y los cambios políticos periódicos hacen disipar y posponer las instancias de control, el uso de normas de calidad en procesos públicos de control es un desafío que debe estar en agenda en las instituciones provinciales de cara a la complejidad de la temática que se enfrenta.

Mitigar los impactos desfavorables es parte de la retroalimentación que debe existir como input en la reformulación de las políticas.

La organización del caso en particular y la correcta materialización del plan serán fundamentales a la hora de tener resultados favorables, en materia de investigaciones económicas las políticas públicas deberán tener el suficiente margen de maniobra para estar a la vanguardia de la vertiginosidad con la cual mutan los delitos de este tipo.

Agregando a lo anterior y sumando en el avance de llegada a buenos puertos en las investigaciones es que se debe diagnosticar los modelos y métodos usados en las mismas, esto será el punto de partida para focalizar en las debilidades, entre los puntos a fortalecer debemos hacer una mirada interna al estado y destacar los trabajos de investigación que se realizaron en la provincia de Santa Fe de delitos de crimen económico organizado, donde el trabajo mancomunado de entes estatales coordinados por un fiscal provincial de Ministerio Público de la Acusación fue la piedra angular en lo que se conoció en la provincia como “La megacausa”, las decisiones acertadas y la fuerza organizativa fueron las gestoras de una metodología de trabajo inédita en investigaciones penales.

Cabe referir que conforme da cuenta la noticia del 2 de marzo de 2023 de la página web del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional Nro. 2, (https://mpa.santafe.gov.ar/noticias/noticias/29?search=el+juicio+oral+a+13+imputados+relacionados+con+estafas+inmobiliarias+y+lavado+de+activos) se desarrolló en la Provincia de Santa Fe el juicio oral a 13 imputados relacionados con estafas inmobiliarias y lavado de activos.

Para la fiscalía es muy importante poder llevar este tipo de casos a juicios porque se trata de un tipo de criminalidad, económica, que durante mucho tiempo no recibió la suficiente atención por el sistema de justicia, desde que se puso en marcha el MPA ha habido una promoción de un cambio en este sentido buscando impulsar investigaciones y juicios sobre delitos económicos. (MPA, 2/3/2023).

 

Experiencias a nivel local

 

Los resultados alcanzados a nivel local dan cuenta que, para fortalecer una política pública, el Estado debe dotar de los recursos necesarios a los diferentes actores que intervengan en la implementación material. La experiencia indica que no se puede defender un plan o proyecto del Estado si el mismo no tiene los recursos económicos suficientes ni el capital humano especializado para cumplir con una tarea que le requiere una experticia profesional que se ubique a la altura de la importancia de la problemática que se quiere abordar.

Entonces, ¿cómo capacita el Estado a sus agentes para estar a la vanguardia? La temática atraviesa diferentes niveles de gobierno, tanto locales como provinciales y nacionales, esto parecería indicarnos que el camino de la instrucción formal debe ser en conjunto para hacer más eficiente los recursos que son escasos en contextos de economías desfavorables para las pequeñas administraciones locales o para las más grandes en sentidos similares.

Valga como ejemplo concreto, en la Provincia de Santa Fe existe el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) –creado en 1989 por Resolución Rectoral, ratificada en 1993 por Resolución del Consejo Superior. Este Instituto Académico, está dedicado a la formación de postgrado, la investigación y la extensión en una perspectiva de interdisciplinariedad dentro de la Universidad Nacional de Rosario.

En el marco del mismo se desarrolla desde 2022 la Diplomatura de pregrado en Análisis Económico Forense, la misma tiende a construir habilidades en el campo de las ciencias económicas y jurídicas desde la persecución penal de delitos económicos y está destinada a personal estatal.

No obstante, son las mismas administraciones las que deben instruir a que la capacitación de sus agentes de planta permanente sea la prioridad, creando áreas especializadas que puedan trascender los cambios políticos de gobierno y darle fin a la gran problemática de tener dependencias con nombres resonantes, pero sin estructura ni planes que estén a la altura del problema que estamos atravesando.

Cabe adicionar que la falta de sostenimiento en el tiempo de las distintas políticas diseñadas y de la desintegración de los equipos de trabajo que se fueron conformando, dan cuenta que la persecución penal de delitos de contenido económico encuentra obstáculos que para ser sorteados requieren de normativa que los establezca de manera orgánica.

La mera existencia de acuerdos interinstitucionales o de decretos emitidos de órganos administrativos presentan una debilidad a la hora de sostener en el tiempo tanto los mecanismos de control y prevención (órganos ejecutivos) como de investigación y persecución (órganos judiciales).

 

Consideraciones finales

 

Podemos concluir que la Provincia de Santa Fe ha transitado un camino sinuoso en materia de políticas públicas diseñadas para combatir la criminalidad económica.

La transversalidad del problema requiere de un estado fuerte y presente con normativa que sea sustentada por leyes que hayan sido gestadas por legisladores que comprendiendo lo multidimensional del tema de la criminalidad económica organizada y el daño social que generan los delitos precedentes al lavado de activos creen, sostengan y hagan cada vez más eficaces en forma permanente políticas de prevención y persecución en todos los niveles del estado, locales y provinciales si hablamos de la Provincia de Santa Fe.

La sociedad merece instituciones con personal capacitado y autoridades políticas que no estén al ritmo de calendarios electorales sin vislumbrar ningún horizonte más que la inmediatez del corto plazo.

Los desafíos por delante parecen ser complejos, los resultados pobres a la luz de las necesidades de la sociedad, dependerá de la profundidad, el profesionalismo y el consenso político con que se aborde la temática si los resultados comienzan a ser favorables.

 

Bibliografía

 

Barroso González, J. (2015). Los delitos económicos desde una perspectiva criminológica. Revista IUS, 9(35), 95-122. Recuperado el 01 de 11 de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472015000100095&lng=es&tlng=e

Binder, A. (2010). La política criminal en el marco de las políticas públicas para el análisis político-criminal. REJ- Revista de Estudios de la Justicia, 12, 213-229.

Carrara, A. (2017). Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos. En Letra (7), 70-97.

Marsili, Marina B. (2014). La experiencia a partir de las jornadas técnicas. Revista SIGEN Año 5 / Nº 7 / noviembre 2014.

Marsili, M., & Radyna, N. (2019). Las ventajas comparativas transitorias en los sujetos que cometen delitos complejos. Memorias de Congreso SAAP (págs. 150-170). Buenos Aires: SAAP.

Marsili, M., & Radyna, N. (2020). Crimen, Complejidad y economía. ¿Cómo pensar una investigación criminal desde la integralidad? Editorial Juris. Buenos Aires.Olaeta, H. (2016). Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología. Quilmes. Universidad Nacional de Quilmes.

 

Otras fuentes

Informe de Gestión Unidad Especial de delitos Económicos y Complejos. Ministerio Público de la Acusación. Fiscalía Regional 2º Circunscripción. Año 2015.

 

 

 

 

 

Recepción: 26/05/2023

Evaluado: 17/11/2023

Versión Final: 28/11/2023