Las tradiciones, el vínculo negador de los derechos de las mujeres

 

Valeria Venticinque (*)

 

 

Resumen

 

Estos trazos pretenden establecer cuáles fueron los desafíos del agenciamiento feminista en Argentina, para garantizar el derecho a la salud de las mujeres en contextos de administraciones conservadoras. En este sentido, nos proponemos describir el vínculo entre las prácticas sanitarias androcéntricas y la negación de las libertades sexuales y (no)reproductivas, en períodos en los que los estilos de gestión se constituyeron de ciertos ejes   preponderantes, tales como, la búsqueda de conservar un ordenamiento social y la defensa de cierto tipo de tradiciones presentes en las representaciones societales. Partiremos de suponer que, desde inicios del siglo XX hasta el presente primaron los proyectos tradicionalistas con rasgos liberales clásicos y neoliberales, donde prevaleció el resguardo de un conjunto de creencias y la estratificación social. De esta manera, el presente trabajo trata de buscar respuestas a partir del análisis de fuentes bibliográficas, analizando el vínculo entre los cimientos institucionales de las primeras décadas del siglo XX y las injusticias generadas en el marco del desarrollo de las lógicas neoliberales.

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Palabras clave: Derechos reproductivos y (no) reproductivos; Conservadurismo; Neoliberalismo; Mujeres; Feminismos.

 

 

Traditions, the bond that denies women's rights

 

 

Abstract

 

These outlines aim to establish what were the challenges of feminist agency in Argentina, to guarantee the right to health of women in contexts of conservative administrations. In this sense, we propose to describe the link between androcentric health practices and the denial of sexual and (non) reproductive freedoms, in periods in which management styles were  constituted of certain preponderant axes, such as the search to preserve a social order and the defense of certain types of traditions present in societal representations. We will start from assuming that, from the beginning of the twentieth century to the present, traditionalist projects with classical and neoliberal liberal features prevailed, where the protection of a set of beliefs and social stratification prevailed. In this way, the present work tries to find answers from the analysis of bibliographic sources, analyzing the link between the institutional foundations of the first decades of the twentieth century and the injustices generated in the framework of the development of neoliberal logics.

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Key Words: Reproductive and (non-)reproductive rights; Conservatism; Neoliberalism; Women; Feminisms.

 

Las tradiciones, el vínculo negador de los derechos de las mujeres

 

 

 

Introducción[1]

 

Afirmaremos junto a Florencia Rovetto (2010), que los debates por los sentidos contrahegemónicos en torno a las problemáticas de género son fundamentales para poner luz sobre las inequidades, en contraposición a la guerra ideológica y material desatada por el paradigma dominante. En este sentido, las desigualdades que padecen las mujeres representan un componente fundamental en la historia del mundo moderno. Las diferentes perspectivas analíticas sobre los feminismos buscan corroborar que la relación de dependencia que abordan a la sociedad política y económica posee cierto dinamismo, y, en consecuencia, depende de los contextos, y de la posibilidad de construir ciertas instancias de autonomía por parte de las organizaciones que componen el colectivo. En esta línea, este trabajo intenta establecer las singularidades constituidas en el complejo vínculo que se fue configurando entre los conservadurismos y los feminismos en Argentina. Vamos al encuentro de las miradas que sostuvieron ciertos sectores que administraron los destinos del país en dos momentos, las primeras décadas del siglo pasado y el período 2015-2019, y sus valoraciones en relación a los derechos sexuales y (no) reproductivos.^[2]  El interés por el período reside en el vínculo entre los cimientos institucionales de las primeras décadas del siglo XX, cuya arquitectura se desarrolla en el marco de liberalismos conservadores,^[3]  y la búsqueda de fortalecer cierto orden neoliberal por parte de la coalición que asume la Administración Nacional en el año 2015. La construcción de este escrito fue elaborada a partir de la revisión y análisis de un acervo bibliográfico que nos permitió el desarrollo del objetivo planteado. En este sentido, en nuestro primer apartado dedicaremos algunas líneas a realizar precisiones conceptuales que entendemos podrán facilitar la lectura y reflexiones. Luego intentaremos establecer las características que históricamente sostuvieron las instituciones en relación a la salud de las mujeres. En la tercera parte, analizamos la relación sostenida entre la coalición Cambiemos y los derechos sexuales y (no) reproductivos. Nuestro escrito cierra con algunas reflexiones que ofician de coda, aunque sin pretensiones de cierre definitivo.

 

Caja de herramientas

 

Nos vemos en la necesidad de clarificar algunas nociones que entendemos fundamentales para nuestro análisis. De esta manera, a partir de las reflexiones de Von Beyme (1985), comprendemos que el conservadurismo nace de manera reactiva en oposición a otros ismos, aunque se limita a aquello que quiere conservar, por ejemplo, la monarquía, las creencias religiosas, las tradiciones, el sostenimiento de cierta configuración societal. Debemos necesariamente diferenciar esta noción de los conceptos que surgen en los avatares de la práctica política y luego fueron incorporados a la ciencia, como es el caso del binomio inseparable izquierda-derecha. Fue Sergio Morresi (2008) quien elabora la noción de nueva derecha a nivel local, o derecha neoliberal, que presenta diferencias con otras derechas que se instalaron en Argentina. Ante todo, es una corriente que fue erosionando el nexo con ciertas tradiciones cercanas a los nacionalismos o al conservadurismo, esta situación posibilitó configurar una doctrina con cierta organicidad ya reconocida comúnmente. Partiremos de entender junto a este autor, que hay tres modelos de liberalismo: el clásico de Locke, el moderno de Tocqueville y otros, y el contemporáneo o neoliberalismo de la Escuela de Austria que tiene como uno de sus representantes más destacables a Hayek. Podemos señalar que las primeras décadas del siglo XX en Argentina poseen rasgos que se asemejan a la versión más clásica, como señalan Morresi y Vicente (2019), comprendiendo por esta aquella que surge en el siglo XVII, y se caracteriza por defender la libertad como un valor superior. En esta línea, nuevamente siguiendo a Morresi y Vicente (2019), debemos destacar el surgimiento de una corriente liberal que puso énfasis en el orden antes que, en las libertades, en la tradición en detrimento del progreso, en el individualismo antes que, en el bienestar común, de esta manera se fue gestando en Argentina el liberalismo conservador antesala del neoliberalismo del siglo XX (Morresi y Vicente, 2019:2).  En esta línea, nuestro escrito encuentra terreno fértil para analizar el período 2015-2019, en el modelo neoliberal que Morresi (2008) retoma, pensándolo como una visión que cobija distintos, y a veces, contradictorios postulados teóricos que comparten una serie de rasgos distintivos: una percepción negativa de la igualdad socioeconómica, una perspectiva instrumental de la democracia y la idea de que las economías contemporáneas no pueden basarse más en el laissez faire. Así, nos parece interesante tomar estas nociones junto a las reflexiones de Fraser (2015) en relación al actual régimen neoliberal quien pretende, señala nuestra autora, atrasar el reloj en lo referente a la igualdad. En esta línea, Fraser (2015) señala que el neoliberalismo sostiene las elecciones individuales, el trato de igualdad entre quienes se consideran iguales y la meritocracia, desatendiendo las vulnerabilidades que residen en las estructuras visibilizadas por los sectores históricamente excluidos. En este escrito, buscaremos establecer los vínculos con las construcciones teóricas que establecimos en este apartado.

 

La salud de las personas en el siglo XX

 

En este sentido se observa que la sexualidad de las personas estuvo ligada históricamente a las miradas biologicista y biomédicas, donde los ejes fueron la genitalidad y la patologización de los cuerpos. Consecuentemente, la reproducción se dispuso institucionalmente con formatos autoritarios y moralizantes, olvidando la importancia del placer y la construcción social de los cuerpos de las personas. De esta manera, el parto como producto histórico fue pensado como dolor para quienes tenían la obligación indelegable de reproducir la especie y aún más, significó frustración para aquellas corporalidades que no podían lograr cumplir con dicho mandato. En relación a las decisiones en materia sanitaria de las administraciones que dirigieron los destinos del país, podemos afirmar, que históricamente la salud de las mujeres se reguló bajo el lema de la maternalización, que no sólo señalaba que aquellas debían ser madres, sino que su función específica debía ser esa. (Nari, 2004; Becerra, 2011; Barrancos, Guy y Valobra, 2014; Grammatico, 2000; Biernat, 2011).

Es interesante la manera en que describe Figari (2009) el lugar de las mujeres en la primera mitad del siglo XX en Argentina y la región, señalando que estas podían asumir dos roles como madres o prostitutas, ambas respondían a la dualización y a la particular posición de la figura femenina, fuera como defensora del orden republicano o instigadora del caos (Figari, 2009). Entendemos que, por este motivo, en algunas grandes ciudades del país se fue organizando el parto hospitalario y los cuidados alimenticios para quienes llegaban al mundo y sus madres en el período del puerperio. En este sentido, tempranamente, como señala Nari (2004), a fines del siglo XIX, comenzaron a organizarse en los espacios públicos, semipúblicos y privados las salas de parto, y los servicios de ginecología y obstetricia.  Fiel a una postura pro natalista, en Argentina, los efectores sanitarios proliferaron en función de la alimentación de quienes recién nacían y de las personas que amamantaban. De esta manera, se fueron organizando lactarios que tenían como misión preservar la integridad de quienes transitaban sus primeros meses de vida. De esta manera proveían de leche de nodrizas o industrial a las familias con menores ingresos, además distribuían elementos para elaborar alimentos en la etapa en que debían incorporarse nuevas ingestas para un mejor desarrollo de las infancias. Estas acciones se realizaban en los institutos de puericultura que dependían de los gobiernos municipales, única instancia de presencia de la estatidad local. Así, el proceso de medicalización de la reproducción se apoyó en un sistema público-privado, coexistiendo distintos tipos de instituciones, protegiendo y vigilando a las mujeres.  Quienes ejercían la medicina, buscaron su espacio y la escucha ante el mandato de un sector de la élite que conducía la Sociedad de Beneficencia y otros espacios sanitarios, mientras los y las profesionales de la enfermería coexistieron en sus tareas con las monjas, que venían desarrollando esos cuidados de manera habitual como un oficio.

Con resignación y sinceridad se aceptaba la injerencia ante la insuficiente presencia estatal. Las gestiones conservadoras fueron asumiendo estilos libertarios donde la estatidad tenía nula o poca presencia. En paralelo, durante las primeras décadas del siglo XX el Estado buscaba el desarrollo capitalista y comenzaba a organizar la vida social, existiendo un proteccionismo moderado de mercados nacionales que se fue constituyendo, en materia de salud, con la sumatoria de hospitales de la colonia, generalmente confesionales, y cierta presencia de establecimientos de dependencia pública que se construyeron en las primeras tres décadas del siglo XX. Como señala Marcela Nari (2004), las formas que asumían las instituciones de la época naturalizaban la presencia de monjas y profesionales de la salud trabajando en un mismo espacio, así, todos circulaban por hospitales públicos, sociedades laicas o donde fuese necesario (Nari: 2004; 39). Un elemento distintivo del período, podemos decir, fue el hospital que se constituyó progresivamente como el lugar de atención para el sector más vulnerable, el resto, recibía atención en su casa de la mano de trabajadores y trabajadoras sanitarias. El golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen,^[4] habilitó en la Argentina la irrupción militar sistemática en la gestión del Estado nacional durante las siguientes décadas, esto persistió hasta el retorno a la estabilidad en el año 1983. En septiembre de 1930, cuando el Yrigoyenismo gobernaba el país, un grupo de militares, liderados por Félix Uriburu, se sublevaron y realizaron el primer golpe de Estado de la historia argentina. Siguiendo nuestra línea de análisis, como señalan Ramacciotti y Biernat (2011), en la Argentina las políticas sanitarias para las mujeres giraron en torno a un modelo pro maternalista que, a mediados del siglo XX, vuelve su foco de atención hacia el cuidado de las infancias en detrimento de la protección de quienes gestan y ejercen la maternidad. Sin embargo, ni los métodos anticoncepcionales, ni el aborto eran penalizados enérgicamente, y es también notable y paradójico, que a pesar de la existencia de un fuerte discurso maternalista no fueron incorporadas al corpus legal medidas de estímulo a la natalidad. En su lugar, durante las décadas de 1920 y 1930 se van imponiendo una serie de ideas que tienden a proteger a la familia y a desvincular a las mujeres del mercado de trabajo. Los feminismos locales en ese entonces, señala Nari (1995), encontraron en el argumento pro maternalista una forma de cohesionar a las mujeres y auto valorar sus propias prácticas e ideas, aunque esta postura provocó el oscurecimiento de su diversidad interna como grupo.

Queda claro que, en este período de imperio del conservadurismo, el liberalismo fue un sistema de convivencia deseable, mientras las reformas eran realizadas desde arriba, deslindando lo político de lo económico, y acentuando, como señala Botana (1994), en este último campo el espíritu renovador, en tanto se contenía en el primero todo intento de evolución. De esta manera se observa que las políticas públicas sanitarias destinadas a las mujeres fueron construidas desde el binomio mujer-madre, entendiéndolas como objeto de reformas y un elemento esencial para un proyecto que en su seno albergaba una premisa fundamental: construir y cuidar la especie. En este sentido, se observa, que las decisiones, fueron estructuradas para las personas en tanto madres y no ciudadanas, en el marco de una supuesta superioridad masculina (encarnada por varones blancos, propietarios, alfabetizados), e inferioridad de las mujeres. En este sentido, esto permitió que estos años se caracterizaran como momentos de opresión, imperando los miedos y los silencios.

 Como señala Pautassi (2011), esta manera de darles distinto trato a las mujeres, se tradujo a lo largo de la historia en diversas asimetrías en relación a los derechos, en la manera de acceder a recursos, y en las formas de dar respuesta sociopolíticamente. En esta misma línea, la situación de las personas gestantes frente a las reformas en salud fue diferente (y siguió siéndolo), sustancialmente según la clase social, la ubicación geográfica y los recursos con los que contaban.

En diálogo con estas afirmaciones, Estela Grassi (2000), señalaba que las políticas sociales expresan los principios y postulados que organizan la vida social y la medida en que una sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de quienes la integran, así como su capacidad de protección. (Grassi, 2000). Aquí reside la importancia de los estudios feministas y de género, que permitieron advertir que el tratamiento que recibe aquello que se enfoca de forma marginal, se valora negativamente, se deja en la sombra o se excluye resulta tanto o más significativo que lo que se enfoca de forma preferente, y permite, por ello mismo, clarificar el sistema de valores dominantes, ya que constituye la cara oculta del saber androcéntrico.

 

La salud como derecho en la nueva centuria

 

El siglo XX va terminando, y en el año 1985, el Congreso Nacional había ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que fue posteriormente incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994. Durante los años previos a la renovación de la carta magna, se inició un proceso de tratamiento de las cuestiones de género en todas las áreas del Estado nacional. De esta manera, durante los años ’90, se fue constituyendo un clima de incidencia de políticas públicas con perspectiva de género. Como consecuencia de los cambios sociales y culturales de la última década del siglo XX, la Argentina avanzó en materia legislativa en el ámbito latinoamericano con la sanción de leyes que han redistribuido los derechos a las mayorías. En este sentido, en el año 2003,  se inaugura una nueva tradición de políticas que presentará una forma innovadora de pensar a las personas con capacidad de gestar y sus cuerpos, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,^[5]  vigente desde el mes de mayo de 2003, se propone mejorar la satisfacción de la demanda y adopta un enfoque preventivo y de riesgo; instrumentando acciones tendientes a ampliar y perfeccionar la red asistencial en materia de salud sexual y (no)  reproductiva. La 25.673, norma que da vida al PNSSyPR, se aprobó casi veinte años después del retorno a la democracia, y el debate en torno a la ley nacional se había iniciado con motivo de la media sanción en Diputados en 1995, continuó con la pérdida de estado parlamentario en 1997, terminando con la aprobación definitiva por el Senado en el año 2002.Si bien el cambio de siglo trajo modificaciones normativas disruptivas en los distintos niveles de políticas y prácticas públicas que atienden las sexualidades y reproducciones de las personas fue quedando por afuera y demandante la Interrupción Voluntaria del Embarazo. De esta manera, en los primeros años del siglo XXI se aprobaron leyes de Educación Sexual Integral,^[6] acceso a la anticoncepción quirúrgica, y otras normas que promueven la posibilidad de regular la fecundidad. El grado de implementación de cada una de estas disposiciones es muy disímil, debido a que en muchos casos los programas enfrentan situaciones de obstaculización conservadora, de la misma forma también existen impedimentos institucionales para poder llevar a la práctica esas políticas. De esta manera, nuevas formas de pensar los estilos de gestión invaden las prácticas y políticas públicas, transformándose en cimientos para nuevas áreas, dando la oportunidad de poder hablar de personas gestantes en un sentido ampliado y concreto. Como señalaba Dora Barrancos (2015), las mujeres argentinas, se volvieron resilientes, ampliando la experiencia de comunidad de sentido en las luchas, ese es el estímulo mayor que poseen. Ya iniciado el siglo XXI, y con la coalición Cambiemos a cargo de la gestión nacional, tuvieron lugar ciertas reformulaciones en diálogo con un nuevo estilo de gestión con rasgos neoliberales, que impactó en la organicidad del Estado. Se observa en esas instituciones de la estatidad, algún parecido de familia con las reformas iniciadas en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional que inicia en el año 1976, según Tobar (2002), la neoliberalización de salud comienza en este período dictatorial.

El año 2012 marcó un significativo paso hacia adelante en relación a derechos sexuales y (no) reproductivos, aunque ya había tenido antecedentes que señalaron ciertas miradas cómplices en el contexto de la transición democrática, ya que, a fines del año 1986, se derogaron los decretos que prohibían las actividades destinadas al control de la natalidad dictados en la década del ’70. Aunque la legalidad de los derechos sexuales y (no) reproductivos, y el aborto específicamente en Argentina se ignoró durante décadas, fue a inicios del 2012 que la Justicia aclaró en un fallo histórico, más conocido como F.A.L., los alcances de la penalización del aborto en Argentina. Desde ese año, se encuentra en plena vigencia la Interrupción Legal del embarazo. Como señala Josefina Brown (2018), el conocido fallo del año 2012, denominado FAL/12, vino a fortalecer el apoyo del ejecutivo gubernamental a las políticas y prácticas públicas que se estaban implementando de manera poco clara. Así se facilitó la transición de políticas de reducción de daños a Interrupciones Legales de los Embarazos,^[7] situación que desencadenó nuevas intenciones y fuerzas para la presentación de un número importante de proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo.^[8]

Con los cambios en estilos de gestión, nacen años disruptivos en el tratamiento de los riesgos sociales. En este período, prevalecerá un modelo político y económico de fuerte ajuste, con un régimen de acumulación social excluyente, que profundizó y amplió la división entre la población integrada y la población marginada de la protección social y el bienestar (Gamallo y Pautassi, 2012). Con rasgos minimalistas, la Administración a cargo de Mauricio Macri, desjerarquizó la cartera sanitaria desencadenando conflictos en la institucionalidad estatal. En esta línea, se va desarrollando un proyecto político, social y económico que tuvo como rasgo principal la imposibilidad de reconocer la salud pública como columna vertebral de la democracia y el Aparato del Estado. En diálogo con estos hechos, Fraser (2015), recitaba que las injusticias por des reconocimiento son tan graves como las distributivas, y no pueden limitarse a estas últimas. Dentro de esta misma lógica, en el año 2018, se vuelve a buscar despenalizar el aborto junto a la pujante Campaña, organización que integra los Feminismos argentinos. De esta forma, se trató de lograr que las personas se liberaran de las cadenas de la clandestinidad y finalmente el aborto fuera legal. Pañuelos verdes en cuellos y manos, acamparon para interpelar a un Congreso que luego de meses de espera tuvo una respuesta negativa a la agencia por los derechos de las corporalidades que gestan. Como analiza Brown (2018), la ley del aborto en Argentina pudo debatirse a partir de un espacio oportuno, pero no tuvo la posibilidad de obtener resultados favorables en la Cámara Alta, aunque su legado fue potente y poco explorado. Los motivos por la negativa gozaron de cierta pobreza epistémica y fuertemente relacionados con las representaciones sociales sostenidas desde el accionar colectivo de quienes se autodenominan provida. Posiblemente, la aceptación por la despenalización del aborto implicaba cuestionar uno de los pilares sobre los que se construyó el sistema sanitario argentino: el binomio mujer-madre, en tanto emblema de una época, que aún continúa vigente impulsado por las fuerzas conservadoras que con argumentos del pasado defienden sus posturas maternalistas.

 Fue luego, en el año 2020, y con los aires de un nuevo estilo de gestión, que el Legislativo, reinició el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, buscando, de alguna manera, reeditar una discusión no saldada. En este sentido, comprendiendo la importancia de que cada uno se sienta propietario de sí mismo, libre de creer o no (Dubet, 2015). La Campaña verde volvió a las calles reclamando, agenciando por su histórico propósito, queremos Aborto legal, seguro y gratuito. Así, la Administración Nacional respondió con un proyecto de ley, que, con distintas aristas, fue presentado durante el pandémico 2020 para ser tratado en la Cámara Baja. Con esta lógica, se buscó llevar a cabo alguna de las promesas de campaña que lograron el triunfo de la coalición liderada por el histórico Partido Peronista.^[9]  En paralelo se intentó traer armonía con la propuesta de los 1000 días o Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.^[10] Esta iniciativa busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para “infancias con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas” (Venticinque, 2021). Estas nuevas institucionalidades dialogan con un estilo de gestión que busca ciertos aires progresistas, aunque, van a la caza de las alianzas históricas logradas con determinados sectores que conservan cierto deber ser, alimentado por las representaciones sociales, los principios y los valores conservadores. Es desde estas miradas reglamentaristas del neoliberalismo que los cuerpos devienen en todo aquello que no son, como señala Dillon (2019) se vuelven instancias para tolerar, hospedar, asear, por fuera del deseo y los requerimientos de los otros, abstraídos de las decisiones personales, como comer, maternar cómo y cuándo. En el caso de la ILE y de la más reciente IVE, es necesario señalar, que suelen verse afectadas en la práctica por el posicionamiento respecto a la objeción de conciencia que encontramos en algunos equipos de salud pública, efectores de salud o incluso provincias que se autoproclaman provida. Progresivamente, los derechos sexuales y (no) reproductivos fueron interpelando, logrando la ampliación de las libertades, sin embargo, las dificultades se siguen interponiendo en el ejercicio de gestiones conservadoras que desfinancian la salud, buscando despojar de las conquistas a quienes más las necesitan. De esta manera transitamos el nuevo siglo buscando flexibilidad y eficiencia neoliberal, resguardando las tradiciones que permiten la persistencia de las desigualdades en todas las intersecciones, en particular, las referidas al género.

 

El laberinto de los feminismos argentinos

 

 En Mabel Bellucci (2014) encontramos entre quienes narraron el tránsito de las luchas en Argentina como una larga historia de procesos de violencia institucional. Meses antes del año 1976, la desaparición forzada de personas se convirtió en la modalidad vertebral de la represión ejercida por el poder, pero sólo un discreto porcentaje de la sociedad civil en general se vio alertado por estos sucesos; en nuestra realidad nacional, fueron especialmente mujeres. Esto provocó la expulsión de contingentes femeninos de lo privado a lo público llegada la década del ’80, de esta manera, más cerca de la restauración democrática se iniciaron distintas formas de visibilizar las opresiones. En este sentido, lo narran Bacci y Oberti (2022):

 

En muchos caos, se trató de procesos de lucha atravesados por dictaduras y distintas formas de violencia política y estatal que desplegaron a su vez prácticas marcadas por el sexismo y la violencia de género. Las memorias de estas luchas nos llegan a través de testimonios, intervenciones artísticas, acciones callejeras, literatura, relatos, cine y otras formas de visibilización e intervención pública (Bacci y Oberti 2022:10).

 

Estas instancias, de alguna forma, cumplieron una función reparadora en las heridas que el terror aún generaba. De esta manera la relación de los feminismos locales y las gestiones conservadoras fue históricamente compleja, conflictividad que creció con el arribo del neoliberalismo como proyecto societal. Como supo describir Jelin (1997), hacia fines de la década del ’70 e inicios de los ’80, hay distintos procesos que intervienen la acción pública de las latinoamericanas, los procesos de democratización político-social; una creciente movilización y atención internacional hacia las mujeres de América Latina y el cambio contextual de la economía mundial con la crisis del Estado de Bienestar en su múltiples  versiones, estas reformulaciones impactaron de manera inequitativa en varones y mujeres, siendo estas últimas las más afectadas. Así, en algunos años, la cuestión de género fue materia en todas las nuevas expresiones del espacio público que fueron surgiendo a nivel nacional. Esto se produjo de la mano de una clara feminización de la pobreza que aumentó en los años noventa, de esta manera, ellas lograron teñir de verde campaña y violeta la protesta. En contraste, en un ritmo acompasado por su doble condición de trabajadoras y militantes, las personas gestantes se organizaron, de esta manera fueron acumulando un mayor conocimiento de la teoría y la práctica de los feminismos, establecieron vínculos fluidos con las redes temáticas que iban surgiendo en América Latina.

 De esta manera, señala García (2020), fue creciendo la conciencia de una lucha opuesta a los sectores conservadores, quienes pretenden regresar a siglos pasados, en dicha lucha el botín de guerra son las corporalidades que gestan, aunque se opongan a la IVE en nombre de la vida, lo que en realidad defienden estos sectores es la imposibilidad de decidir, evitando el libre ejercicio de las libertades. En este sentido, podemos establecer que, a partir del 2002, la esfera pública se complejizó, se fortalecen los sujetos sociales y nacen nuevas instancias de participación espontánea. La originalidad de este escenario social fue construyendo nuevos pilares en la sociedad civil y redefiniendo los preexistentes. En el año 2003 una nueva experiencia gestión proveniente de los sectores progresistas y de un Partido Justicialista redefinido, genera quiebres y retrocesos en las nuevas formas de accionar colectivo.

Hacia los años ‘90, los feminismos se academizan y se institucionalizan; se va produciendo una bisagra hacia nuevos tiempos que construyeron políticas públicas con equidad de género, de los Encuentros de Mujeres nacionales e internacionales, y de los proyectos financiados por la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones, sin pasar por alto el financiamiento del Banco Mundial para las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. De la misma forma, van naciendo nuevas nociones y construcciones teóricas para abordar las problemáticas que surgen de la doble o triple jornada laboral, las injusticias por razones de género, la imposibilidad de ejercer las libertades (no) reproductivas, para nombrar algunos de los temas relevantes de la agenda.

La historia relata que los feminismos se caracterizaron por la composición de sus membresías, por los programas elevados, si las personas que los integraron fueron vanguardia, fue en estos espacios donde se construyó el listado de prioridades que tiempo después demostró ser muy ambicioso. Como supo señalar Teresita Barbieri (1993), las feministas hipotetizaron en principio que la subordinación que afecta a las mujeres es un problema de poder múltiple, que podemos ubicarlo en innumerables espacios, y puede disfrazarse de afecto, ternura y amor. A inicios del siglo XXI, los feminismos locales mejoraron su situación en relación a décadas pasadas. La vuelta del actor político por excelencia y la presencia de cierta perspectiva de género en los estilos de gestión favorecieron el encuentro de ciertos efectos positivos luego de las incansables batallas por la ampliación de derechos. Retomando las reflexiones de Silvia Levin (2020), debemos señalar, que a partir del año 2015 y hasta el 2019, el patrón de distribución, protección social e integración fue reformulado como efecto de los cambios en la Administración nacional, que en el mencionado período pasará a manos de una coalición con rasgos conservadores y neoliberales. De esta forma, a partir del año 2015, se abre un paréntesis con un nuevo estilo de gestión nacional, que se encargó de organizar y repensar un conjunto de instituciones políticas y prácticas públicas. En esta línea, surge una nueva temporalidad sitiada por espacios que se reformularon a partir de los principios y tradiciones provenientes de ciertos sectores con poder económico, político y/o cultural. Como reflexiona Souroujon (2018), el entramado del PRO, partido preponderante al interior de la Coalición Cambiemos, se conforma con un sector que proviene de la derecha representada por actores liberales y conservadores; una parte del empresariado, un grupo de la Unión Cívica Radical, y una fracción que proviene de las filas del Partido Justicialista. De esta manera, su conformación lo habilita para oscilar entre decisiones pragmáticas y acciones más cercanas al liberalismo conservador.

En esta misma línea de análisis Sosa y Vera (2020) señalan, que uno de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estructural inherentes a las políticas de la gestión que encabezó Macri fue el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar y la profundización de su empobrecimiento como producto de los recortes. Es decir, aquellas funciones de las que el Estado se retira, vuelven a recaer sobre las familias y también, en la esfera social y comunitaria (Sosa y Vera, 2020). Esta versión conservadora “sui generis” que se posicionó en el siglo XXI fue construyendo relaciones fluctuantes con los feminismos locales.

En particular, y en relación a la salud de las personas, la des- jerarquización del Ministerio de Salud golpeó de manera directa las políticas de salud sexual y (no) reproductivas. Esta situación, se evidenció en el deterioro que sufrieron las prestaciones del PNSSyPR, cuestión que se expresó en crecientes dificultades en cuanto al acceso a la información y a ciertos servicios e insumos, como también, en relación a la provisión de métodos anticonceptivos. Estas restricciones, tuvieron como contracara la consolidación de un modelo de acceso privilegiado a estos recursos, por parte de sectores minoritarios de la población y con mayor poder adquisitivo.

En este sentido, en relación a los derechos sexuales y (no) reproductivos la coalición que dirigió los rumbos de la Administración Nacional en el arco temporal 2015- 2019, acondicionó el debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo luego que la Campaña realizará el primer pañuelazo federal en el mes de febrero.^[11] Ya en el mes de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Mauricio Macri había anunciado que sería oportuno que el Congreso incluyera en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley que solicitaba la Legalización del Aborto (Dulbecco, Cunial, Jones, 2021).

Aunque es preciso señalar, que esta discusión fue fruto de los aportes generados durante años de lucha de los feminismos, como nos recuerda con precisión Mónica Tarducci (2018). Fue La Campaña que a lo largo de más de una década profundizó una contienda de años por el aborto legal, este espacio fue creciendo, se fueron incorporando numerosas organizaciones, que ponen luz a una demanda histórica que clamaba por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.^[12]   “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la primera de alcance federal en Argentina, surgió de los talleres de estrategias para la despenalización “(Di Marco, 2010: 5).

Retomando a Silvia Levin (2020), afirmamos que el modelo que impone Cambiemos agilizó las problemáticas relacionadas con la integración social, la precarización, la vulnerabilidad material. Si existieron ciertos logros en años pasados, estos comenzaron declinar ante el contexto de un estilo liberal-neoconservador. En esta coyuntura, los feminismos argentinos, fueron tejiendo a lo largo de décadas una red inédita que se evidencia en el lazo que se construye desde las diferentes generaciones, etnias, disciplinas, espacios de gestión, cátedras, redes de docentes, sindicatos, acciones colectivas estudiantiles y no docentes interesadas en generar cambios genuinos. De este modo, se fue fortaleciendo un colectivo que sigue avanzando hacia una sociedad más equitativa y libre de violencias, este es un proyecto que fue cobrando cada vez más fuerza en la última década en Argentina.

 

 

Conclusiones

 

La historia nos otorga la posibilidad de observar las características de la sociedad capitalista contemporánea, en este recorrido nos permite anclar el accionar político disruptivo de los actores sociales. Este escrito, surge a de la comprensión que las ideas conservadoras en diálogo con el neoliberalismo, conforman una trama alarmante que erosiona los derechos adquiridos por la ciudadanía, el impacto es mucho más efectivo para quienes se encontraron históricamente desigualadas, las mujeres. De esta manera, luego de cierto recorrido en nuestro análisis, podemos establecer que en Argentina las ideas maternalistas permearon la institucionalidad del Estado. En este sentido, señalamos que existen elementos para afirmar que aún hay recorridos que deben realizarse para lograr pensar las instituciones de la estatidad argentina con una clara perspectiva de género.

En relación a los derechos sexuales y (no) reproductivos de las personas, el conservadurismo y sus aliados estratégicos, con variadas herramientas, siguen apropiándose de los cuerpos para lograr la manipulación neoliberal. De todas maneras, la ilegalidad de los abortos hasta el año 2020 no impidió que los mismos se llevaran a cabo de manera clandestina, multiplicándose los riesgos de las personas que decidían interrumpir un embarazo. Así, la oposición al reconocimiento de los derechos de las corporalidades, ancla en un discurso ligado a las tradiciones y al maternalismo. Así se van invisibilizando los derechos ciudadanos, argumentando con la multiplicidad de motivos que se suelen enumerar en los efectores públicos de salud para negar la libertad de las corporalidades, todo esto sostenido sólidamente en los proyectos políticos neoliberal conservadores. El principio de autonomía que exige el respeto de las decisiones de las personas en el marco de su proyecto de vida, se institucionaliza en el reconocimiento de la potestad de la totalidad de los seres humanos a elegir según sus propias convicciones el método anticonceptivo que desean utilizar, y la posibilidad de decidir experimentar o no físicamente la maternidad o paternidad. Por lo tanto, se debe pensar en los derechos sexuales y (no) reproductivos, como en la oportunidad de las personas de regular su propia sexualidad y capacidad reproductiva, así como la posibilidad de exigir que todos asuman sus responsabilidades por las consecuencias del ejercicio de dichas libertades. Así, la gestión macrista profundizó la falta de aceptación en materia de derechos básicos, en consonancia con la intolerancia a la legislación social, constituyendo injusticias fundamentales y negando por acción u omisión la despenalización del Aborto en Argentina.

En esta línea, se genera un mecanismo cotidiano brutal, que parte de una rama más sofisticada y difícil de desmontar, donde el modelo conservador-neoliberal ejerce una forma de violencia compleja y complaciente con sus aliados de turno. De esta manera, encontramos un entramado poco comprensible entre el poder patriarcal, las gestiones conservadoras y el modelo neoliberal, estos vínculos fueron puestos en cuestión en el 2020, año en que finalmente las calles argentinas gritaron “es ley”. El destino de la nueva normativa aún resulta incierto, aunque un poco más esperanzados pensamos y observamos los cuerpos de las mujeres buscando en ellos respuestas democráticas.

 

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Recepción: 1/08/2023

Evaluado: 15/09/2023

Versión Final: 24/11/2023